TRATADOS E CONVENÇÕES

CONVENÇÃO 159 - Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983

2008-10-26T17:23:00.000-02:00

A Convenção 159 da OIT, cujo texto foi aprovado através do
Decreto Legislativo 51, de 25 de agosto de 1989 e ratificada em 18 de
maio do mesmo ano, promulgada pelo Decreto 129 de 22 de maio que integra nosso ordenamento jurídico, cuida da reabilitação de pessoa deficiente.

CONVENÇÃO 159 - Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983
Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas (Nota: Fecha de entrada en vigor: 20:06:1985 .)
Lugar:Ginebra
Fecha de adopción:20:06:1983
Sesion de la Conferencia:69
Sujeto: Política y promoción del empleo
Ver las ratificaciones que ha recibido este Convenio

Vizualisar el documento en: Ingles Frances
Estatus: Instrumento actualizado

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 1 junio 1983 en su sexagésima novena reunión;

Habiendo tomado nota de las normas internacionales existentes contenidas en la Recomendación sobre la adaptación y la readaptación profesionales de los inválidos, 1955, y en la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975;

Tomando nota de que desde la adopción de la Recomendación sobre la adaptación y la readaptación profesionales de los inválidos, 1955, se han registrado progresos importantes en la comprensión de las necesidades en materia de readaptación, en el alcance y organización de los servicios de readaptación y en la legislación y la práctica de muchos Miembros en relación con las cuestiones abarcadas por la Recomendación;

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 1981 Año Internacional de los Impedidos con el tema de Plena participación e igualdad y que un programa mundial de acción relativo a las personas inválidas tendría que permitir la adopción de medidas eficaces a nivel nacional e internacional para el logro de las metas de la plena participación de las personas inválidas en la vida social y el desarrollo, así como de la igualdad;

Considerando que esos progresos avalan la conveniencia de adoptar normas internacionales nuevas al respecto para tener en cuenta, en especial, la necesidad de asegurar, tanto en las zonas rurales como urbanas, la igualdad de oportunidades y de trato a todas las categorías de personas inválidas en materia de empleo y de integración en la comunidad;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la readaptación profesional, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que estas proposiciones revistan la forma de un convenio,

adopta, con fecha veinte de junio de mil novecientos ochenta y tres, el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983:

Parte I. Definiciones y Campo de Aplicación

Artículo 1

1. A los efectos del presente Convenio, se entiende por persona inválida toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida.

2. A los efectos del presente Convenio, todo Miembro deberá considerar que la finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o la reintegración de esta persona en la sociedad.

3. Todo Miembro aplicará las disposiciones de este Convenio mediante medidas apropiadas a las condiciones nacionales y conformes con la práctica nacional.

4. Las disposiciones del presente Convenio serán aplicables a todas las categorías de personas inválidas.

Parte II. Principios de Política de Readaptación Profesional y de Empleo para Personas Inválidas

Artículo 2

De conformidad con las condiciones, práctica y posibilidades nacionales, todo Miembro formulará, aplicará y revisará periódicamente la política nacional sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas.

Artículo 3

Dicha política estará destinada a asegurar que existan medidas adecuadas de readaptación profesional al alcance de todas las categorías de personas inválidas y a promover oportunidades de empleo para las personas inválidas en el mercado regular del empleo.

Artículo 4

Dicha política se basará en el principio de igualdad de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en general. Deberá respetarse la igualdad de oportunidades y de trato para trabajadoras inválidas y trabajadores inválidos. Las medidas positivas especiales encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores inválidos y los demás trabajadores no deberán considerarse discriminatorias respecto de estos últimos.

Artículo 5

Se consultará a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores sobre la aplicación de dicha política y, en particular, sobre las medidas que deben adoptarse para promover la cooperación y la coordinación entre los organismos públicos y privados que participan en actividades de readaptación profesional. Se consultará asimismo a las organizaciones representativas constituidas por personas inválidas o que se ocupan de dichas personas.

Parte III. Medidas a Nivel Nacional para el Desarrollo de Servicios de Readaptación Profesional y Empleo para Personas Inválidas

Artículo 6

Todo Miembro, mediante la legislación nacional y por otros métodos conformes con las condiciones y práctica nacionales, deberá adoptar las medidas necesarias para aplicar los artículos 2, 3, 4 y 5 del presente Convenio.

Artículo 7

Las autoridades competentes deberán adoptar medidas para proporcionar y evaluar los servicios de orientación y formación profesionales, colocación, empleo y otros afines, a fin de que las personas inválidas puedan lograr y conservar un empleo y progresar en el mismo; siempre que sea posible y adecuado, se utilizarán los servicios existentes para los trabajadores en general, con las adaptaciones necesarias.

Artículo 8

Se adoptarán medidas para promover el establecimiento y desarrollo de servicios de readaptación profesional y de empleo para personas inválidas en las zonas rurales y en las comunidades apartadas.

Artículo 9

Todo Miembro deberá esforzarse en asegurar la formación y la disponibilidad de asesores en materia de readaptación y de otro personal cualificado que se ocupe de la orientación profesional, la formación profesional, la colocación y el empleo de personas inválidas.

Parte IV. Disposiciones Finales

Artículo 10

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 11

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 12

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 13

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 14

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 15

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 16

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 12, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 17

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

fonte: OIT

CONVENÇÃO N°98 - SOBRE A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO DE SINDICALIZAÇÃO E DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA

2008-10-26T11:46:00.001-02:00

Conforme o site da OIT, acessado em 26.10.08, foram ratificadas pelo Brasil as seguintes convenções:

Conv. 98
Conv. 29
Conv. 105
Conv. 100
Conv. 111
Conv. 138
Conv. 182

CONVENÇÃO N°98 - SOBRE A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO DE SINDICALIZAÇÃO E DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho:

Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração do Secretariado da Organização

Internacional do Trabalho e reunida em 8 de junho de 1949, em sua trigésima segunda reunião; Tendo

decidido adotar algumas propostas relativas à aplicação dos princípios do direito de organização e de

negociação coletiva, tema que constitui a quarta questão da ordem do dia da reunião; Após decidir que

essas proposições se revistam da forma de uma convenção internacional, adota, no primeiro dia de julho

de mil novecentos e quarenta e nove, a seguinte Convenção que pode ser citada como a Convenção sobre o

Direito de Sindicalização e de Negociação Coletiva, de 1949:

Artigo 1

1. Os trabalhadores gozarão de adequada proteção contra atos de discriminação com relação a seu emprego.

2. Essa proteção aplicar-se-á especialmente a atos que visem:

a) sujeitar o emprego de um trabalhador à condição de que não se filie a um sindicato ou deixe de ser membro de um sindicato;

b) causar a demissão de um trabalhador ou prejudicá-lo de outra maneira por sua filiação a um sindicato ou por sua participação em atividades sindicais fora das horas de trabalho ou, com o consentimento do empregador, durante o horário de trabalho.

Artigo 2

1. As organizações de trabalhadores e de empregadores gozarão de adequada proteção contra atos de ingerência de umas nas outras, ou por agentes ou membros de umas nas outras, na sua constituição, funcionamento e administração.

2. Serão principalmente considerados atos de ingerência, nos termos deste Artigo, promover a constituição de organizações de trabalhadores dominadas por organizações de empregadores ou manter organizações de trabalhadores com recursos financeiros ou de outra espécie, com o objetivo de sujeitar essas organizações ao controle de empregadores ou de organizações de empregadores.

Artigo 3

Mecanismos apropriados às condições nacionais serão criados, se necessário, para assegurar o respeito do direito de sindicalização definido nos artigos anteriores.

Artigo 4

Medidas apropriadas às condições nacionais serão tomadas, se necessário, para estimular e promover o pleno desenvolvimento e utilização de mecanismos de negociação voluntária entre empregadores ou organizações de empregadores e organizações de trabalhadores, com o objetivo de regular, mediante acordos coletivos, termos e condições de emprego.

Artigo 5

1. A legislação nacional definirá a medida em que se aplicarão às forças armadas e à polícia as garantias providas nesta Convenção.

2. Nos termos dos princípios estabelecidos no Parágrafo 8 do Artigo 19 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, a ratificação desta Convenção por um País-membro não será tida como derrogatória de lei, sentença, costume ou acordo já existentes que outorguem às forças armadas e à polícia qualquer direito garantido por esta Convenção.

Artigo 6

Esta Convenção não trata da situação de funcionários públicos a serviço do Estado e nem será de algum modo interpretada em detrimento de seus direitos ou situação funcional.

Artigo 7

As ratificações formais desta Convenção serão comunicadas, para registro, ao Diretor Geral do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho.

Artigo 8

1. Esta Convenção obrigará unicamente os Países-membros da Organização Internacional do Trabalho cujas ratificações tiverem sido registradas pelo Diretor Geral.

2. Esta Convenção entrará em vigor doze meses após a data de registro, pelo Diretor Geral, das ratificações de dois Países-membros.

3. A partir de então, esta Convenção entrará em vigor, para todo País-membro, doze meses após a data do registro de sua ratificação.

Artigo 9

1. As declarações enviadas ao Diretor Geral do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho, nos termos do Parágrafo 2 do Artigo 35 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, indicarão:

a) os territórios a respeito dos quais se comprometem a aplicar, sem modificações, as disposições da Convenção;

b) os territórios a respeito dos quais se comprometem a aplicar, com modificações, as disposições da Convenção, detalhando a natureza dessas modificações;

c) os territórios a respeito dos quais consideram inaplicável a Convenção e, nesse caso, as razões dessa inaplicabilidade;

d) os territórios a respeito dos quais pospõem sua decisão, na dependência de uma avaliação mais atenta da situação.

2. Os compromissos a que se referem as alíneas a) e b) do Parágrafo 1 deste Artigo serão considerados parte integrante da ratificação e produzirão os mesmos efeitos.

3. Todo País-membro, com base nas alíneas b), c) e d) do Parágrafo 1 deste Artigo, poderá cancelar, em qualquer tempo, no todo ou em parte, mediante nova declaração, quaisquer restrições feitas em sua declaração original.

4. Todo País-membro poderá enviar ao Diretor Geral, em qualquer tempo, enquanto esta Convenção estiver sujeita a denúncia, declaração que modifique, em qualquer outro sentido, os termos de uma declaração anterior e informe, com o detalhamento possível, sobre a situação atual com referência a esses territórios.

Artigo 10

1. As declarações enviadas ao Diretor Geral do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho, nos termos dos Parágrafos 4 e 5 do Artigo 35 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, indicarão se as disposições da Convenção serão aplicadas, sem modificações no território em questão, ou se estarão sujeitas a modificações; quando indicar que as disposições da Convenção serão aplicadas com possíveis modificações, a declaração especificará em que consistem essas modificações.

2. O País-membro ou os Países-membros ou a autoridade internacional concernentes poderão, em qualquer tempo, mediante declaração posterior, renunciar total ou parcialmente ao direito de se valer de modificação indicada em declaração anterior.

3. O País-membro ou os Países-membros ou a autoridade internacional concernentes poderão, em qualquer tempo, enquanto esta Convenção estiver sujeita a denúncia, nos termos do disposto no Artigo 11, enviar ao Diretor Geral declaração que modifique, em qualquer outro sentido, os termos de uma declaração anterior e informe sobre a atual situação com referência à aplicação da Convenção.

Artigo 11

1. O País-membro que ratificar esta Convenção poderá denunciá-la ao final de um período de dez anos, a contar da data de sua entrada em vigor, mediante comunicação ao Diretor Geral do Secretari o da Organização Internacional do Trabalho para registro. A denúncia não terá efeito antes de se completar um ano a contar da data de seu registro.

2. O País-membro que ratificar esta Convenção e que, no prazo de um ano após expirado o período de dez anos referido no parágrafo anterior, não tiver exercido o direito de denúncia provido neste Artigo, ficará obrigado a um novo período de dez anos e, daí em diante, poderá denunciar esta Convenção ao final de cada período de dez anos, nos termos deste Artigo.

Artigo 12

1. O Diretor Geral do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho dará ciência a todos os Países-membros da Organização Internacional do Trabalho do registro de todas as ratificações, declarações e denúncias que lhe forem comunicadas pelos Países-membros da Organização.

2. Ao notificar os Países-membros da Organização sobre o registro da segunda ratificação que lhe tiver sido comunicada, o Diretor Geral lhes chamará a atenção para a data de entrada em vigor da Convenção.

Artigo 13

O Diretor Geral do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário Geral das Nações Unidas, para registro, de conformidade como Artigo 102 da Cartadas Nações Unidas, informações circunstanciadas sobre todas as ratificações, declarações e atos de denúncia por ele registrados, nos termos do disposto nos artigos anteriores.

Artigo 14

O Conselho de Administração do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho apresentará à Conferência Geral, quando considerar necessário, relatório sobre o desempenho desta Convenção e examinará a conveniência de incluir na pauta da Conferência a questão de sua revisão total ou parcial.

Artigo 15

1. No caso de adotar a Conferência uma nova convenção que reveja total ou parcialmente esta Convenção, a menos que a nova convenção disponha de outro modo,

a) a ratificação, por um País-membro, da nova convenção revista implicará ipso jure, a partir do momento em que entrar em vigor a convenção revista, a denúncia imediata desta Convenção, não obstante as disposições do Artigo 11 desta Convenção;

b) esta Convenção deixará de estar sujeita a ratificação pelos Países-membros a partir da data de entrada em vigor da convenção revista.

2. Esta Convenção continuará a vigorar, na sua forma e conteúdo, nos Países-membros que a ratificaram mas não ratificarem a convenção revista.

Artigo 16

As versões em inglês e francês do texto desta Convenção são igualmente oficiais.

C182 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999

2008-10-26T11:45:00.000-02:00

Conforme o site da OIT, acessado em 26.10.08, foram ratificadas pelo Brasil as seguintes convenções:

Conv. 98
Conv. 29
Conv. 105
Conv. 100
Conv. 111
Conv. 138
Conv. 182

C182 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999
Convenio sobre la prohibicion de las peores formas de trabajo infantil y la accion inmediata para su eliminacion (Nota: Fecha de entrada en vigor: 19:11:2000)
Lugar:Ginebra
Sesion de la Conferencia:87
Fecha de adopción:17:06:1999
Sujeto: Eliminación del trabajo infantil y protección de los niños y de los adolescentes

Este instrumento hace parte de los convenios fundamentales.
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 1.º de junio de 1999, en su octogésima séptima reunión;

Considerando la necesidad de adoptar nuevos instrumentos para la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, principal prioridad de la acción nacional e internacional, incluidas la cooperación y la asistencia internacionales, como complemento del Convenio y la Recomendación sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973, que siguen siendo instrumentos fundamentales sobre el trabajo infantil;

Considerando que la eliminación efectiva de las peores formas de trabajo infantil requiere una acción inmediata y general que tenga en cuenta la importancia de la educación básica gratuita y la necesidad de librar de todas esas formas de trabajo a los niños afectados y asegurar su rehabilitación y su inserción social al mismo tiempo que se atiende a las necesidades de sus familias;

Recordando la resolución sobre la eliminación del trabajo infantil, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 83.ª reunión, celebrada en 1996;

Reconociendo que el trabajo infantil se debe en gran parte a la pobreza, y que la solución a largo plazo radica en un crecimiento económico sostenido conducente al progreso social, en particular a la mitigación de la pobreza y a la educación universal;

Recordando la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989;

Recordando la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 86.ª reunión, celebrada en 1998;

Recordando que algunas de las peores formas de trabajo infantil son objeto de otros instrumentos internacionales, en particular el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y la Convención suplementaria de las Naciones Unidas sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, 1956;

Después de haber decidido adoptar varias proposiciones relativas al trabajo infantil, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber determinado que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional,

adopta, con fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999:

Artículo 1

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia.

Artículo 2

A los efectos del presente Convenio, el término "niño" designa a toda persona menor de 18 años.

Artículo 3

A los efectos del presente Convenio, la expresión "las peores formas de trabajo infantil" abarca:

a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;

c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y

d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.

Artículo 4

1. Los tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, d) deberán ser determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas y tomando en consideración las normas internacionales en la materia, en particular los párrafos 3 y 4 de la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999.

2. La autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, deberá localizar dónde se practican los tipos de trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de este artículo.

3. Deberá examinarse periódicamente y, en caso necesario, revisarse la lista de los tipos de trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de este artículo, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.

Artículo 5

Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, deberá establecer o designar mecanismos apropiados para vigilar la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio.

Artículo 6

1. Todo Miembro deberá elaborar y poner en práctica programas de acción para eliminar, como medida prioritaria, las peores formas de trabajo infantil.

2. Dichos programas de acción deberán elaborarse y ponerse en práctica en consulta con las instituciones gubernamentales competentes y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, tomando en consideración las opiniones de otros grupos interesados, según proceda.

Artículo 7

1. Todo Miembro deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de las disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio, incluidos el establecimiento y la aplicación de sanciones penales o, según proceda, de otra índole.

2. Todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en un plazo determinado con el fin de:

a) impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil;

b) prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social;

c) asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores formas de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea posible y adecuado, a la formación profesional;

d) identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos, y

e) tener en cuenta la situación particular de las niñas.

3. Todo Miembro deberá designar la autoridad competente encargada de la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio. Artículo 8

Los Miembros deberán tomar medidas apropiadas para ayudarse recíprocamente a fin de aplicar las disposiciones del presente Convenio por medio de una mayor cooperación y/o asistencia internacionales, incluido el apoyo al desarrollo social y económico, los programas de erradicación de la pobreza y la educación universal.

Artículo 9

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 10

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

2. Entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, 12 meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 11

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 12

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 13

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 14

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 15

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará ipso jure la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 11, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 16

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

Cross references
CONVENIOS:C029 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930
CONVENIOS:C138 Convenio sobre la edad mínima, 1973
RECOMENDACIONES:R035 Recomendación sobre la imposición indirecta del trabajo, 1930
RECOMENDACIONES:R036 Recomendación sobre la reglamentación del trabajo forzoso, 1930
RECOMENDACIONES:R146 Recomendación sobre la edad mínima, 1973
SUPLEMENTO:R190 Complementado por la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999
CONSTITUCION:22:artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo

CONVENÇÃO N°138 - SOBRE A IDADE MÍNIMA PARA ADMISSÃO DE EMPREGO

2008-10-26T11:44:00.001-02:00

Conforme o site da OIT, acessado em 26.10.08, foram ratificadas pelo Brasil as seguintes convenções:

Conv. 98
Conv. 29
Conv. 105
Conv. 100
Conv. 111
Conv. 138
Conv. 182

CONVENÇÃO N°138 - SOBRE A IDADE MÍNIMA PARA ADMISSÃO DE EMPREGO

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho:

Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração do Secretariado da Organização

Internacional do Trabalho e reunida em 6 de junho de 1973, em sua qüinquagésima oitava reunião; Tendo

decidido adotar diversas proposições relativas à idade mínima para admissão a emprego, tema que

constitui a quarta questão da ordem do dia da reunião;

Considerando as disposições das seguintes convenções:

Convenção sobre a idade mínima (indústria), de 1919;

Convenção sobre a idade mínima (trabalho marítimo), de 1920;

Convenção sobre a idade mínima (agricultura), de 1921;

Convenção sobre a idade mínima (estivadores e foguistas), de 1921;

Convenção sobre a idade mínima (emprego não-industrial), de 1932;

Convenção (revista) sobre a idade mínima (trabalho marítimo), de 1936;

Convenção (revista) sobre a idade mínima (indústria), de 1937;

Convenção (revista) sobre a idade mínima (emprego não-industrial), de 1937;

Convenção sobre a idade mínima (pescadores), de 1959, e a

Convenção sobre a idade mínima (trabalho subterrâneo), de 1965;

Considerando ter chegado o momento de adotar um instrumento geral sobre a matéria, que

substitua gradualmente os atuais instrumentos, aplicáveis a limitados setores econômicos, com vista à total

abolição do trabalho infantil;

Tendo determinado que essas proposições se revistam da forma de uma convenção internacional,

adota, no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e setenta e três, a seguinte Convenção que pode ser

citada como a Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973:

Artigo 1

Todo País-membro, no qual vigore esta Convenção, compromete-se a seguir uma política nacional que assegure a efetiva abolição do trabalho infantil e eleve, progressivamente, a idade mínima de admissão a emprego ou a trabalho a um nível adequado ao pleno desenvolvimento físico e mental do jovem.

Artigo 2

1. Todo País-membro que ratificar esta Convenção especificará, em declaração anexa à ratificação, uma idade mínima para admissão a emprego ou trabalho em seu território e nos meios de transporte registrados em seu território; ressalvado o disposto nos Artigos 4º e 8º desta Convenção, nenhuma pessoa com idade inferior a essa idade será admitida a emprego ou trabalho em qualquer ocupação.

2. Todo País-membro que ratificar esta Convenção poderá notificar ao Diretor Geral do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho, por declarações subseqüentes, que estabelece uma idade mínima superior à anteriormente definida.

3. A idade mínima fixada nos termos do Parágrafo 1º deste Artigo não será inferior à idade de conclusão da escolaridade compulsória ou, em qualquer hipótese, não inferior a quinze anos.

4. Não obstante o disposto no Parágrafo 3º deste Artigo, o País-membro, cuja economia e condições do ensino não estiverem suficientemente desenvolvidas, poderá, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, se as houver, definir, inicialmente, uma idade mínima de quatorze anos.

5. Todo País-membro que definir uma idade mínima de quatorze anos, de conformidade com a disposição do parágrafo anterior, incluirá em seus relatórios a serem apresentados sobre a aplicação desta Convenção, nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, declaração:

a) de que subsistem os motivos dessa providência ou

b) de que renuncia ao direito de se valer da disposição em questão a partir de uma determinada data.

Artigo 3

1. Não será inferior a dezoito anos a idade mínima para a admissão a qualquer tipo de emprego ou trabalho que, por sua natureza ou circunstâncias em que for executado, possa prejudicar a saúde, a segurança e a moral do jovem.

2. Serão definidos por lei ou regulamentos nacionais ou pela autoridade competente, após consulta com as organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, se as houver, as categorias de emprego ou trabalho às quais se aplica o Parágrafo 1º deste Artigo.

3. Não obstante o disposto no Parágrafo 14 deste Artigo, a lei ou regulamentos nacionais ou a autoridade competente poderá, após consultar as organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, se as houver, autorizar emprego ou trabalho a partir da idade de dezesseis anos, desde que estejam plenamente protegidas a saúde, a segurança e a moral dos jovens envolvidos e lhes seja proporcionada instrução ou formação adequada e específica no setor da atividade pertinente.

Artigo 4

1. A autoridade competente, após consulta comas organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, se as houver, poderá, na medida do necessário, excluir da aplicação desta Convenção um limitado número de categorias de emprego ou trabalho a respeito das quais se levantarem reais e especiais problemas de aplicação.

2. Todo País-membro que ratificar esta Convenção alistará em seu primeiro relatório sobre sua aplicação, a ser submetido nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, todas as categorias que possam ter sido excluídas de conformidade com o Parágrafo 1º deste Artigo, dando as razões dessa exclusão, e indicará, nos relatórios subseqüentes, a situação de sua lei e prática com referência às categorias excluídas e a medida em que foi dado ou se pretende dar efeito à Convenção com relação a essas categorias.

3. Não será excluído do alcance da Convenção, de conformidade com este Artigo, emprego ou trabalho protegido pelo Artigo 34 desta Convenção.

Artigo 5

1. O País-membro, cuja economia e condições administrativas não estiverem suficientemente desenvolvidas, poderá , após consulta com as organizações de empregadores e de trabalhadores, se as houver, limitar inicialmente o alcance de aplicação desta Convenção.

2. Todo País-Membro que se servir do disposto no Parágrafo 1º deste Artigo especificará, em declaração anexa à sua ratificação, os setores de atividade econômica ou tipos de empreendimentos aos quais aplicará as disposições da Convenção.

3. As disposições desta Convenção serão aplicáveis, no mínimo, a: mineração e pedreira; indústria manufatureira; construção; eletricidade, água e gás; serviços sanitários; transporte, armazenamento e comunicações; plantações e outros empreendimentos agrícolas de fins comerciais, excluindo, porém, propriedades familiares e de pequeno porte que produzam para o consumo local e não empreguem regularmente mão-de-obra remunerada.

4. Todo País-membro que tiver limitado o alcance de aplicação desta Convenção, nos termos deste Artigo,

a) indicará em seus relatórios, nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, a situação geral com relação ao emprego ou trabalho de jovens e crianças nos setores de atividade excluídos do alcance de aplicação desta Convenção e todo progresso que tenha sido feito no sentido de uma aplicação mais ampla de suas disposições;

b) poderá, em qualquer tempo, estender formalmente o alcance de aplicação com uma declaração encaminhada ao Diretor Geral do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho.

Artigo 6

Esta Convenção não se aplicará a trabalho feito por crianças e jovens em escolas de educação vocacional ou técnica ou em outras instituições de treinamento em geral ou a trabalho feito por pessoas de no mínimo quatorze anos de idade em empresas em que esse trabalho for executado dentro das condições prescritas pela autoridade competente, após consulta com as organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, onde as houver, e constituir parte integrante de:

a) curso de educação ou treinamento pelo qual é principal responsável uma escola ou instituição de treinamento;

b) programa de treinamento principalmente ou inteiramente numa empresa, que tenha sido aprovado pela autoridade competente, ou

c) programa de orientação vocacional para facilitar a escolha de uma profissão ou de especialidade de treinamento.

Artigo 7

1. As leis ou regulamentos nacionais poderão permitir o emprego ou trabalho a pessoas entre treze e quinze anos em serviços leves que:

a) não prejudiquem sua saúde ou desenvolvimento, e

b) não prejudiquem sua freqüência escolar, sua participação em programas de orientação vocacional ou de treinamento aprovados pela autoridade competente ou sua capacidade de se beneficiar da instrução recebida.

2. As leis ou regulamentos nacionais poderão também permitir o emprego ou trabalho a pessoas com, no mínimo, quinze anos de idade e que não tenham ainda concluído a escolarização compulsória em trabalho que preencher os requisitos estabelecidos nas alíneas a) e b) do Parágrafo 1 deste Artigo.

3. A autoridade competente definirá as atividades em que o emprego ou trabalho poderá ser permitido nos termos dos Parágrafos 1 e 2 deste Artigo e estabelecerá o número de horas e as condições em que esse emprego ou trabalho pode ser desempenhado.

4. Não obstante o disposto nos Parágrafos 1 e 2 deste Artigo, o País-membro que se tiver servido das disposições do Parágrafo 0 do Artigo 2 poderá, enquanto continuar assim procedendo, substituir as idades de treze e quinze anos pelas idades de doze e quatorze anos e a idade de quinze anos pela idade de quatorze anos dos respectivos Parágrafos 1 e 2 deste Artigo.

Artigo 8

1. A autoridade competente, após consulta comas organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, se as houver, poderá, mediante licenças concedidas em casos individuais, permitir exceções para a proibição de emprego ou trabalho provida no Artigo 2º desta Convenção, para finalidades como a participação em representações artísticas.

2. Licenças dessa natureza limitarão o número de horas de duração do emprego ou trabalho e estabelecerão as condições em que é permitido.

Artigo 9

1. A autoridade competente tomará todas as medidas necessárias, inclusive a instituição de sanções apropriadas, para garantir a efetiva vigência das disposições desta Convenção.

2. As leis ou regulamentos nacionais ou a autoridade competente designarão as pessoas responsáveis pelo cumprimento das disposições que dão efeito à Convenção.

3. As leis ou regulamentos nacionais ou a autoridade competente prescreverão os registros ou outros documentos que devem ser mantidos e postos à disposição pelo empregador; esses registros ou documentos conterão nome, idade ou data de nascimento, devidamente autenticados sempre que possível, das pessoas que emprega ou que trabalham para ele e tenham menos de dezoito anos de idade.

Artigo 10

1. Esta Convenção revê, nos termos estabelecidos neste Artigo, a Convenção sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1919; a Convenção sobre a Idade Mínima (Marítimos), de 1920; a Convenção sobre a Idade Mínima (Agricultura), de 1921; a Convenção sobre a Idade Mínima (Estivadores e Foguistas), de 1921; a Convenção sobre a Idade Mínima (Emprego não-Industrial), de 1932; a Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Marítimos), de 1936; a Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1937; a Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Emprego não-Industrial), de 1937; a Convenção sobre a Idade Mínima (Pescadores), de 1959 e a Convenção sobre a Idade Mínima (Trabalho Subterrâneo), de 1965.

2. A entrada em vigor desta Convenção não priva de ratificações ulteriores as seguintes convenções: Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Marítimos), de 1936; a Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1937; a Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Emprego não- Industrial), de 1937; a Convenção sobre a Idade Mínima (Pescadores), de 1959 e a Convenção sobre a Idade Mínima (Trabalho Subterrâneo), de 1965.

3. A Convenção sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1919; a Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Marítimos), de 1920; a Convenção sobre a Idade Mínima (Agricultura), de 1921 e a Convenção sobre a Idade Mínima (Estivadores e Foguistas), de 1921, não estarão mais sujeitas a ratificações ulteriores quando todos os seus participantes assim estiverem de acordo pela ratificação desta Convenção ou por declaração enviada ao Diretor Geral do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho.

4. Quando as obrigações desta Convenção são aceitas

a) por um País-membro que faça parte da Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1937, e é fixada uma idade mínima de não menos de quinze anos, nos termos do Artigo 24 desta Convenção, isso implicará ipso jure a denúncia imediata da dita Convenção;

b) com referência ao emprego não-industrial, conforme definido na Convenção sobre Idade Mínima (Emprego não-Industrial), de 1932, por um País-membro que faça parte dessa Convenção, isso implicará ipso jure a denúncia imediata da dita Convenção;

c) com referência ao emprego não-industrial, conforme definido na Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Emprego não-Industrial), de 1937, por um País-membro que faça parte dessa Convenção, e é fixada uma idade mínima de não menos de quinze anos, nos termos do Artigo 2 desta Convenção, isso implicará ipso jure a denúncia imediata da dita Convenção;

d) com referência ao emprego marítimo, por um País-membro que faça parte da Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Marítimos), de 1936 e é fixada uma idade mínima de não menos de quinze anos, nos termos do Artigo 24 desta Convenção, ou o País-membro define que o Artigo 3 desta Convenção aplica-se ao emprego marítimo, isso implicará ipso jure a denúncia imediata da dita Convenção;

e) com referência ao emprego em pesca marítima, por um País-membro que faça parte da Convenção sobre a Idade Mínima (Pescadores), de 1959, e é especificada uma idade mínima de não menos de quinze anos, nos termos do Artigo 2 desta Convenção ou o País-membro especifica que o Artigo 3 desta Convenção aplica-se a emprego em pesca marítima, isso implicará ipso jure a denúncia imediata da dita Convenção;

f) por um País-membro que é parte da Convenção sobre a Idade Mínima (Trabalho Subterrâneo), de 1965, e é especificada uma idade mínima de não menos de quinze anos, nos termos do Artigo 2 desta Convenção, ou o País-membro estabelece que essa idade aplica-se a emprego subterrâneo em minas, por força do Artigo 3 desta Convenção, isso implicará ipso jure a denúncia imediata da dita Convenção, a partir do momento que esta Convenção entrar em vigor.

5. A aceitação das obrigações desta Convenção

a) implicará a denúncia da Convenção sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1919, de conformidade com seu Artigo 12;

b) com referência à agricultura, implicará a denúncia da Convenção sobre a Idade Mínima (Agricultura), de 1921, de conformidade com seu Artigo 9;

c) com referência ao emprego marítimo, implicará a denúncia da Convenção sobre a Idade Mínima (Marítimos), de 1920, de conformidade com seu Artigo 109, e da Convenção sobre a Idade Mínima (Estivadores e Foguistas), de 1921, de conformidade com seu Artigo 12, a partir do momento em que esta Convenção entrar em vigor.

Artigo 11

As ratificações formais desta Convenção serão comunicadas, para registro, ao Diretor Geral do

Secretariado da Organização Internacional do Trabalho.

Artigo 12

1. Esta Convenção obrigará unicamente os Países-membros da Organização Internacional do Trabalho cujas ratificações tiverem sido registradas pelo Diretor Geral.

2. Esta Convenção entrará em vigor doze meses após a data de registro, pelo Diretor Geral, das ratificações de dois Países-membros.

3. A partir de então, esta Convenção entrará em vigor, para todo País-membro, doze meses depois do registro de sua ratificação.

Artigo 13

1. O País-membro que ratificar esta Convenção poderá denunciá-la ao final de um período de dez anos, a contar da data de sua entrada em vigor, mediante comunicação ao Diretor Geral do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho para registro. A denúncia não terá efeito antes de se completar um ano a contar da data de seu registro.

2. Todo País-membro que ratificar esta Convenção e que, no prazo de um ano após expirado o período de dez anos referido no parágrafo anterior, não tiver exercido o direito de denúncia provido neste Artigo, ficará obrigado a um novo período de dez anos e, daí por diante, poderá denunciar esta Convenção ao final de cada período de dez anos, nos termos deste Artigo.

Artigo 14

1. O Diretor Geral do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho dará ciência a todos os Países-membros da Organização do registro de todas as ratificações e denúncias que lhe forem comunicadas pelos Países-membros da Organização.

2. Ao notificar os Países-membros da Organização sobre o registro da segunda ratificação que lhe tiver sido comunicada, o Diretor Geral lhes chamará a atenção para a data em que a Convenção entrará em vigor.

Artigo 15

O Diretor Geral do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário Geral das Nações Unidas, para registro, nos termos do Artigo 102 da Carta das Nações Unidas, informações circunstanciadas sobre todas as ratificações e atos de denúncia por ele registrados, conforme o disposto nos artigos anteriores.

Artigo 16

O Conselho de Administração do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho apresentará à Conferência Geral, quando considerar necessário, relatório sobre o desempenho desta Convenção e examinará a conveniência de incluir na pauta da Conferência a questão de sua revisão total ou parcial.

Artigo 17

1. No caso de adotar a Conferência uma nova convenção que reveja total ou parcialmente esta Convenção, a menos que a nova convenção disponha de outro modo,

a) a ratificação, por um País-membro, da nova convenção revista implicará, ipso jure, a partir do momento em que entrar em vigor a convenção revista, a denúncia imediata desta Convenção, não obstante as disposições do Artigo 3;

b) esta Convenção deixará de estar sujeita a ratificação pelos Países-membros a partir da data de entrada em vigor da convenção revista;

c) esta Convenção continuará a vigorar, na sua forma e conteúdo, nos Países-membros que a ratificaram, mas não ratificarem a convenção revista.

Artigo 18

As versões em inglês e francês do texto desta Convenção são igualmente oficiais.

CONVENÇÃO N°100 - SOBRE A IGUALDADE DE REMUNERAÇÃO DE HOMENS E MULHERES POR TRABALHO DE IGUAL VALOR

2008-10-26T11:43:00.004-02:00

Conforme o site da OIT, acessado em 26.10.08, foram ratificadas pelo Brasil as seguintes convenções:

Conv. 98
Conv. 29
Conv. 105
Conv. 100
Conv. 111
Conv. 138
Conv. 182

CONVENÇÃO N°100 - SOBRE A IGUALDADE DE REMUNERAÇÃO DE HOMENS E MULHERES POR TRABALHO

DE IGUAL VALOR

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho,

Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração do Secretariado da Organização

Internacional do Trabalho e reunida, em 6 de junho de 1951, em sua Trigésima Quarta Reunião;

Tendo decidido adotar proposições relativas ao princípio da igualdade de remuneração de

homens e mulheres trabalhadores por trabalho de igual valor, o que constitui a sétima questão da ordem

do dia da reunião;

Tendo decidido que essas proposições se revistam da forma de uma convenção internacional,

adota, no dia vinte e nove de junho do ano de mil novecentos e cinqüenta e um, a seguinte Convenção

que pode ser citada como a Convenção sobre a Igualdade de Remuneração, de 1951:

Artigo 1

Para os fins desta Convenção:

a) o termo remuneração compreende o vencimento ou salário normal, básico ou mínimo, e quaisquer vantagens adicionais pagas, direta ou indiretamente, pelo empregador ao trabalhador em espécie ou in natura, e resultantes do emprego;

b) a expressão igual remuneração de homens e mulheres trabalhadores por trabalho de igual valor refere-se a tabelas de remuneração estabelecidas sem discriminação baseada em sexo.

Artigo 2

1. Todo País-membro deverá promover, por meios apropriados aos métodos em vigor para a fixação de tabelas de remuneração, e, na medida de sua compatibilidade com esses métodos, assegurar a aplicação, a todos os trabalhadores, do princípio da igualdade de remuneração de homens e mulheres trabalhadores por trabalho de igual valor.

2. Esse princípio pode ser aplicado por meio de:

a) leis ou regulamentos nacionais;

b) mecanismos legalmente estabelecidos e reconhecidos para a fixação de salários;

c) convenções ou acordos coletivos entre empregadores e trabalhadores, ou

d) a combinação desses meios.

Artigo 3

1. Quando esta ação facilitar a aplicação das disposições desta Convenção, medidas serão tomadas para promover uma avaliação objetiva de empregos com base no trabalho a ser executado.

2. Os métodos a serem seguidos nessa avaliação serão decididos pelas autoridades responsáveis pela fixação de tabelas de remuneração ou, onde forem fixadas por convenções, acordos ou contratos coletivos, pelas partes contratantes.

3. As diferenças entre as tabelas de remuneração, que correspondem, sem consideração de sexo, a diferenças no trabalho a ser executado, conforme verificadas por essa avaliação objetiva, não serão consideradas como contrárias ao princípio da igualdade de remuneração de homens e mulheres trabalhadores por trabalho de igual valor.

Artigo 4

Todo País-membro deverá colaborar, com as organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas, da maneira mais conveniente para fazer cumprir as disposições desta Convenção.

Artigo 5

As ratificações formais desta Convenção serão comunicadas, para registro, ao Diretor Geral do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho.

Artigo 6

1. Esta Convenção obrigará exclusivamente os Países-membros da Organização Internacional do Trabalho cujas ratificações tiverem sido registradas pelo Diretor Geral.

2. Esta Convenção entrará em vigor doze meses após a data em que as ratificações de dois Países-membros tiverem sido registradas pelo Diretor Geral.

3. A partir de então, esta Convenção entrará em vigor para qualquer País-membro doze meses após a data do registro de sua ratificação.

Artigo 7

1. As declarações enviadas ao Diretor Geral do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho, nos termos do Parágrafo 2 do Artigo 35 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, indicarão:

a) os territórios a respeito dos quais o País-membro interessado compromete-se a aplicar, sem alterações, as disposições desta Convenção;

b) os territórios a respeito dos quais assegura que as disposições da Convenção serão aplicadas, embora sujeitas a modificações, juntamente com os detalhes das ditas modificações;

c) os territórios a respeito dos quais a Convenção é inaplicável e, nesse caso, as razões de sua inaplicabilidade;

d) os territórios a respeito dos quais adia suas decisões para uma avaliação mais profunda da situação.

2. Os compromissos a que se referem as alíneas a) e b) do Parágrafo 1 deste Artigo serão considerados como parte integrante da ratificação e produzirão os mesmos efeitos.

3. Todo País-membro, com base nas alíneas b), c) ou d) do Parágrafo 1 deste Artigo, poderá cancelar, em qualquer tempo, no todo ou em parte, por uma declaração subseqüente, quaisquer restrições feitas em sua declaração anterior

4. Todo País-membro poderá, em qualquer tempo em que a Convenção estiver sujeita à denúncia, de acordo com as disposições do Artigo 9°, enviar ao Diretor Geral declaração que modifique em qualquer outro sentido os termos de qualquer declaração anterior e informe sobre a situação atual desses territórios especificados.

Artigo 8

1. As declarações enviadas ao Diretor Geral do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho, nos termos do Parágrafo 4 ou 5 ou do Artigo 35 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, indicarão se as disposições serão aplicadas no território concernente sem modificações ou sujeitas a modificações; quando a declaração indicar que as disposições da Convenção serão aplicadas sob reserva de modificações, especificarão as modificações.

2. O País-membro ou os Países-membros ou uma autoridade em causa poderão, em qualquer tempo, por declaração subseqüente, renunciar total ou parcialmente ao direito de invocar qualquer modificação indicada em declaração anterior.

3. O País-membro ou os Países-membros ou uma autoridade internacional em causa poderão, em qualquer tempo em que esta Convenção estiver sujeita a denúncia, de acordo com as disposições do Artigo 9, enviar ao Diretor Geral declaração que modifique em qualquer outro sentido os termos de qualquer declaração anterior e informe sobre a situação atual com referência à aplicação da Convenção.

Artigo 9

1. O País-membro que ratificar esta Convenção poderá denunciá-la ao final de um período de dez anos, a contar da data de sua entrada em vigor, mediante comunicação, para registro, ao Diretor Geral do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho. A denúncia não produzirá efeito antes de se completar um ano a contar da data de seu registro.

2. Todo País-membro que ratificar esta Convenção e que, no prazo de um ano após expirado o período de dez anos referido no parágrafo anterior, não tiver exercido o direito de denúncia previsto neste Artigo, ficará obrigado a um novo período de dez anos e, daí em diante, poderá denunciar esta Convenção ao final de cada período de dez anos, nos termos deste Artigo.

Artigo 10

1. O Diretor Geral do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho dará ciência a todos os Países-membros da Organização do registro de todas as ratificações, declarações e denúncias que lhe forem comunicadas pelos Países-membros da Organização.

2. Ao notificar os Países-membros da Organização sobre o registro da segunda ratificação que lhe tiver sido comunicada, o Diretor Geral lhes chamará a atenção para a data em que a Convenção entrará em vigor.

Artigo 11

O Diretor Geral do Secretariado dá Organização Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário Geral da Organização das Nações Unidas, para registro, em conformidade com o Artigo 102 da Carta das Nações Unidas, informações circunstanciadas de todas as ratificações, decl ações e atos de denúncia por ele registrados, nos termos do disposto nos artigos anteriores.

Artigo 12

Quando considerar necessário, o Conselho de Administração do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho encaminhará relatório à Conferência Geral sobre o desempenho desta Convenção e examinará a conveniência de incluir na ordem do dia da Conferência a questão de sua revisão total ou parcial.

Artigo 13

1. No caso de adotar a Conferencia uma nova convenção, que reveja total ou parcialmente esta Convenção, a menos que a nova convenção disponha de outro modo,

a) a ratificação, por um País-membro,da nova convenção revista implicará, ipso jure, a partir do momento em que entrar em vigor a Convenção revista, a denúncia imediata desta Convenção, não obstante as disposições constantes do Artigo 9 supra;

b) a partir da data de entrada em vigor da convenção revista, esta Convenção deixará de estar sujeita a ratificação pelos Países-membros.

2. Esta Convenção continuará de qualquer maneira em vigor, na sua forma e conteúdo, para os Países membros que a ratificaram, mas não ratificarem a Convenção revista.

Artigo 14

As versões em inglês e francês do texto desta Convenção são igualmente oficiais.

CONVENÇÃO N°111 - SOBRE A DISCRIMINAÇÃO EM MATÉRIA DE EMPREGO E PROFISSÃO

2008-10-26T11:43:00.003-02:00

CONVENÇÃO N°105 - CONVENÇÃO RELATIVA A ABOLIÇÃO DO TRABALHO FORÇADO

2008-10-26T11:41:00.003-02:00

CONVENÇÃO N°29 - SOBRE O TRABALHO FORÇADO OU OBRIGATÓRIO

2008-10-26T11:36:00.002-02:00

Conforme acesso ao site da OIT, foram ratificadas pelo Brasil as convenções:
Conv. 98 Conv. 29 Conv. 105 Conv. 100 Conv. 111 Conv. 138 Conv. 182

CONVENÇÃO N°29 - SOBRE O TRABALHO FORÇADO OU OBRIGATÓRIO

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho,

Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração do Secretariado da Organização

Internacional do Trabalho e reunida, em 10 de junho de 1930, em sua Décima Quarta Reunião;

Tendo decidido adotar diversas proposições relativas ao trabalho forçado ou obrigatório, o que

constitui a primeira questão da ordem do dia da reunião;

Tendo decidido que essas proposições se revistam da forma de uma convenção internacional,

adota, no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e trinta, esta Convenção que pode ser citada

como a Convenção sobre o Trabalho Forçado, de 1930, a ser ratificada pelos Países-membros da

Organização Internacional do Trabalho, conforme as disposições da Constituição da Organização

Internacional do Trabalho.

Artigo 1

1. Todo País-membro da Organização Internacional do Trabalho que ratificar esta Convenção compromete-se a abolir a utilização do trabalho forçado ou obrigatório, em todas as suas formas, no mais breve espaço de tempo possível.

2. Com vista a essa abolição total, só se admite o recurso a trabalho forçado ou obrigatório, no período de transição, unicamente para fins públicos e como medida excepcional, nas condições e garantias providas nesta Convenção.

3. Decorridos cinco anos, contados da data de entrada em vigor desta Convenção e por ocasião do relatório ao Conselho de Administração do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho, nos termos do Artigo 31, o mencionado Conselho de Administração examinará a possibilidade de ser extinto, sem novo período de transição o trabalho forçado ou obrigatório em todas as suas formas e deliberará sobre a conveniência de incluir a questão na ordem do dia da Conferência.

Artigo 2

1. Para fins desta Convenção, a expressão "trabalho forçado ou obrigatório" compreenderá todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual não se tenha oferecido espontaneamente.

2. A expressão "trabalho forçado ou obrigatório" não compreenderá, entretanto, para os fins desta Convenção:

a) qualquer trabalho ou serviço exigido em virtude de leis do serviço militar obrigatório com referência a trabalhos de natureza puramente militar;

b) qualquer trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas comuns de cidadãos de um pais soberano,

c) qualquer trabalho ou serviço exigido de uma pessoa em decorrência de condenação judiciária, contanto que o mesmo trabalho ou serviço seja executado sob fiscalização e o controle de uma autoridade pública e que a pessoa não seja contratada por particulares, por mpresas ou associações, ou posta á sua disposição;

d) qualquer trabalho ou serviço exigido em situações de emergência, ou seja, em caso de guerra ou de calamidade ou de ameaça de calamidade, como incêndio, inundação, fome, tremor de terra, doenças epidêmicas ou epizoóticas, invasões de animais, insetos ou de pragas vegetais, e em qualquer circunstância, em geral, que ponha em risco a vida ou o bem-estar de toda ou parte da população;

e) pequenos serviços comunitários que, por serem executados por membros da comunidade, no seu interesse direto, podem ser, por isso, considerados como obrigações cívicas comuns de seus membros, desde que esses membros ou seus representantes diretos tenham o direito de ser consultados com referência á necessidade desses serviços.

Artigo 3

Para os fins desta Convenção, o termo "autoridade competente" designará uma autoridade do país metropolitano ou a mais alta autoridade central do território concernente.

Artigo 4

1. A autoridade competente não imporá nem permitirá que se imponha trabalho forçado ou obrigatório em proveito de particulares, empresas ou associações.

2. Onde existir trabalho forçado ou obrigatório, em proveito de particulares, empresas ou associações, na data em que for registrada pelo Diretor Geral do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho a ratificação desta Convenção por um País-membro, esse País-membro abolirá totalmente o trabalho forçado ou obrigatório a partir da data de entrada em vigor desta Convenção em seu território.

Artigo 5

1. Nenhuma concessão feita a particulares, empresas ou associações implicará qualquer forma de trabalho forçado ou obrigatório para a produção ou coleta de produto que esses particulares, empresas ou associações utilizam ou negociam.

2. Onde existirem concessões que contenham disposições que envolvam essa espécie de trabalho forçado ou obrigatório, essas disposições serão rescindidas, tão logo quanto possível, para dar cumprimento ao Artigo 1º desta Convenção.

Artigo 6

Funcionários da administração, mesmo quando tenham o dever de estimular as populações sob sua responsabilidade a se engajarem em alguma forma de trabalho, não as pressionarão ou a qualquer um de seus membros a trabalhar para particulares, companhias ou associações.

Artigo 7

1. Dirigentes que não exercem funções administrativas não poderão recorrer a trabalhos forçados ou obrigatórios.

2. Dirigentes que exercem funções administrativas podem, com a expressa autorização da autoridade competente, recorrer a trabalho forçado ou obrigatório nos termos do Artigo 10º desta Convenção.

3. Dirigentes legalmente reconhecidos e que não recebem adequada remuneração sob outras formas podem beneficiar-se de serviços pessoais devidamente regulamentados, desde que sejam tomadas todas as medidas necessárias para prevenir abusos.

Artigo 8

1. Caberá á mais alta autoridade civil do território interessado a responsabilidade por qualquer decisão de recorrer a trabalho forçado ou obrigatório.

2. Essa autoridade poderá, entretanto, delegar competência ás mais altas autoridades locais para exigir trabalho forçado ou obrigatório que não implique o afastamento dos trabalhadores do local de sua residência habitual. Essa autoridade poderá também delegar competência ás mais altas autoridades locais, por períodos e nas condições estabelecidas no Artigo 23 desta Convenção, para exigir trabalho forçado ou obrigatório que implique o afastamento do trabalhador do local de sua residência habitual, a fim de facilitar a movimentação de funcionários da administração, em serviço, e transportar provisões do Governo.

Artigo 9

Ressalvado o disposto no Artigo 10º desta Convenção, toda autoridade competente para exigir trabalho forçado ou obrigatório, antes de se decidir pelo recurso a essa medida, assegurar-se-á de que:

a) o trabalho a ser feito ou o serviço a ser prestado é de interesse real e direto da comunidade convocada para executá-lo ou prestá-lo;

b) o trabalho ou serviço é de necessidade real ou premente;

c) foi impossível conseguir mão-de-obra voluntária para a execução do trabalho ou para a prestação do serviço com o oferecimento de níveis salariais e condições de trabalho não inferiores aos predominantes na área interessada para trabalho ou serviço semelhante;

d) o trabalho ou serviço não representará um fardo excessivo para a população atual, levandose em consideração a mão-de-obra disponível e sua capacidade para se desincumbir da tarefa.

Artigo 10

1. Será progressivamente abolido o trabalho forçado ou obrigatório exigido a título de imposto, a que recorre a autoridade administrativa para execução de obras públicas.

2. Entrementes, onde o trabalho forçado ou obrigatório for reclamado a título de imposto ou exigido por autoridades administrativas para a execução de obras públicas, a autoridade interessada assegurar-se-á primeiramente que:

a) o trabalho a ser feito ou o serviço a ser prestado é de interesse real e direto da comunidade convocada para executá-lo ou prestá-lo;

b) o trabalho ou serviço é de necessidade real ou premente;

c) o trabalho ou serviço não representará um fardo excessivo para a população atual, levandose em consideração a mão-de-obra disponível e sua capacidade para se desincumbir da tarefa;

d) o trabalho ou serviço não implicará o afastamento do trabalhador do local de sua residência habitual;

e) a execução do trabalho ou a prestação do serviço será conduzida de acordo com as exigências da religião, vida social e da agricultura.

Artigo 11

1. Só adultos do sexo masculino fisicamente aptos, cuja idade presumível não seja inferior a dezoito anos nem superior a quarenta e cinco, podem ser convocados para trabalho forçado ou obrigatório. Ressalvadas as categorias de trabalho enumeradas no Artigo 10º desta Convenção, serão observadas as seguintes limitações e condições:

a) prévio atestado, sempre que possível por médico da administração pública, de que as pessoas envolvidas não sofrem de qualquer doença infecto-contagiosa e de que estão fisicamente aptas para o trabalho exigido e para as condições em que será executado;

b) dispensa de professores e alunos de escola primária e de funcionários da administração pública, em todos os seus níveis;

c) manutenção, em cada comunidade, do número de homens adultos fisicamente aptos indispensáveis á vida familiar e social;

d) respeito aos vínculos conjugais e familiares.

2. Para os efeitos a alínea "c" do parágrafo anterior, as normas prescritas no Artigo 23 desta Convenção fixarão a proporção de indivíduos fisicamente aptos da população masculina adulta que pode ser convocada, em qualquer tempo, para trabalho forçado ou obrigatório, desde que essa proporção, em nenhuma hipótese, ultrapasse vinte e cinco por cento. Ao fixar essa proporção, a autoridade competente levará em conta a densidade da população, seu desenvolvimento social e físico, a época do ano e o trabalho a ser executado na localidade pelas pessoas concernentes, no seu próprio interesse, e, de um modo geral, levará em consideração as necessidades econômicas e sociais da vida da coletividade envolvida.

Artigo 12

1. O período máximo, durante o qual uma pessoa pode ser submetida a trabalho forçado ou obrigatório de qualquer espécie, não ultrapassará 60 dias por período de doze meses, incluídos nesses dias o tempo gasto, de ida e volta, em seus deslocamentos para a execução do trabalho.

2. Toda pessoa submetida a trabalho forçado ou obrigatório receberá certidão que indique os períodos do trabalho que tiver executado.

Artigo 13

1. O horário normal de trabalho de toda pessoa submetida a trabalho forçado ou obrigatório será o mesmo adotado para trabalho voluntário, e as horas trabalhadas além do período normal serão remuneradas na mesma base das horas de trabalho voluntário.

2. Será concedido um dia de repouso semanal a toda pessoa submetida a qualquer forma de trabalho forçado ou obrigatório, e esse dia coincidirá, tanto quanto possível, com o dias consagrados pela tradição ou costume nos territórios ou regiões concernentes.

Artigo 14

1. Com a exceção do trabalho forçado ou obrigatório a que se refere o Artigo 10º desta Convenção, o trabalho forçado ou obrigatório, em todas as suas formas, será remunerado em espécie, em base não-inferior á que prevalece para espécies similares de trabalho na região onde a mão-de-obra é empregada ou na região onde é recrutada, prevalecendo a que for maior.

2. No caso de trabalho imposto por dirigentes no exercício de suas funções administrativas, o pagamento de salários, nas condições estabelecidas no parágrafo anterior, será efetuado o mais breve possível.

3. Os salários serão pagos a cada trabalhador, individualmente, é não ao chefe de seu grupo ou a qualquer outra autoridade.

4. Os dias de viagem, de ida e volta, para a execução do trabalho, serão computados como dias trabalhados para efeito do pagamento de salários.

5. Nada neste Artigo impedirá o fornecimento de refeições regulares como parte do salário; essas refeições serão no mínimo equivalentes em valor ao que corresponderia ao seu pagamento em espécie, mas nenhuma dedução do salário será feita para pagamento de impostos ou de refeições extras, vestuários ou alojamento especiais proporcionados ao trabalhador para mantê-lo em condições adequadas a execução do trabalho nas condições especiais de algum emprego, ou pelo fornecimento de ferramentas.

Artigo 15

1. Toda legislação ou regulamento referente a indemnização por acidente ou doença resultante do emprego do trabalhador e toda legislação ou regulamento que prevejam indemnizações para os dependentes de trabalhadores falecidos ou inválidos, que estejam ou estarão em vigor no território interessado serão igualmente aplicáveis ás pessoas submetidas a trabalho forçado ou obrigatório e a trabalhadores voluntários.

2. Incumbirá, em qualquer circunstância, a toda autoridade empregadora de trabalhador em trabalho forçado ou obrigatório, lhe assegurar a subsistência se, por acidente ou doenças resultante de seu emprego, tomar-se total ou parcialmente incapaz de prover suas necessidades, e tomar providências para assegurar a manutenção de todas as pessoas efetivamente dependentes desse trabalhador no caso de morte ou invalidez resultante do trabalho.

Artigo 16

l. As pessoas submetidas a trabalho forçado ou obrigatório não serão transferidas, salvo em caso de real necessidade, para regiões onde a alimentação e o clima forem tão diferentes daqueles a que estão acostumadas a que possam por em risco sua saúde.

2. Em nenhum caso será permitida a transferência desses trabalhadores antes de se poder aplicar rigorosamente todas as medidas de higiene e de habitação necessárias para adaptá-los ás novas condições e proteger sua saúde.

3. Quando for inevitável a transferência, serão adotadas medidas que assegurem a adaptação progressiva dos trabalhadores ás novas condições de alimentação e de clima, sob competente orientação médica.

4. No caso de serem os trabalhadores obrigados a executar trabalho regular com o qual não estão acostumados, medidas serão tomadas para assegurar sua adaptação a essa espécie de trabalho, em particular no tocante a treinamento progressivo, ás horas de trabalho, aos intervalos de repouso e á melhoria ou ao aumento da dieta que possa ser necessário.

Artigo 17

Antes de autorizar o recurso a trabalho forçado ou obrigatório em obras de construção ou de manutenção que impliquem a permanência do trabalhador nos locais de trabalho por longos períodos, a autoridade competente assegurar-se-á de que:

a) sejam tomadas todas as medidas necessárias para proteger a saúde dos trabalhadores e lhes garantir assistência médica indispensável e, especialmente:

I - sejam os trabalhadores submetidos a exame médico antes de começar o trabalho e a intervalos determinados durante o período de serviço;

II - haja serviço médico adequado, ambulatórios, enfermeiras, hospitais e material necessário para fazer face a todas as necessidades, e 111 - sejam satisfatórias as condições de higiene dos locais de trabalho, o suprimento de água potável, de alimentos, combustível, e dos utensílios de cozinha e, se necessário, de alojamento e roupas;

b) sejam tomadas medidas adequadas para assegurar a subsistência das famílias dos trabalhadores, em especial facilitando a remessa, com segurança, de parte do salário para a família, a pedido ou com o consentimento dos trabalhadores;

c) corram por conta e responsabilidade da administração os trajetos de ida e volta dos trabalhadores, para execução do trabalho, facilitando a realização desses trajetos com a plena utilização de todos os meios de transportes disponíveis;

d) corra por conta da administração o repatriamento do trabalhador no caso de enfermidade ou acidente que acarrete sua incapacidade temporária para o trabalho;

e) seja permitido a todo o trabalhador, que assim o desejar, permanecer como trabalhador voluntário no final do período de trabalho forçado ou obrigatório, sem perda do direito ao repatriamento gratuito num período de dois anos.

Artigo 18

1. O trabalho forçado ou obrigatório no transporte de pessoas ou mercadorias, tal como o de carregadores e barqueiros, deverá ser suprimido o quanto antes possível e, até que seja suprimido, as autoridades competentes deverão expedir regulamentos que determinem, entre outras medidas, as seguintes:

a) que somente seja utilizado para facilitar a movimentação de funcionários da administração em serviço ou para o transporte de provisões do Governo ou, em caso de urgente necessidade, o transporte de outras pessoas além de funcionários;

b) que os trabalhadores assim empregados tenham atestado médico de aptidão física, onde houver serviço médico disponível, e onde não houver, o empregador seja considerado responsável pelo atestado de aptidão física do trabalhador e de que não sofre de qualquer doença infectocontagiosa;

c) a carga máxima que pode ser transportada por esses trabalhadores;

d) o percurso máximo a ser feito por esses trabalhadores a partir do local de sua residência;

e) o número máximo de dias por mês ou por qualquer outro período durante os quais esses trabalhadores podem ser utilizados, incluídos os dias de viagem de regresso;

f) as pessoas autorizadas a recorrer a essa forma de trabalho forçado ou obrigatório, e os limites da faculdade de exigi-lo.

2. Ao fixar os limites máximos mencionados nas alíneas "c", "d" e "e" do parágrafo anterior, a autoridade competente terá em conta todos os fatores pertinentes, notadamente o desenvolvimento físico da população na qual são recrutados os trabalhadores, a natureza da região através da qual viajarão e as condições climáticas.

3. A autoridade competente providenciará ainda para que o trajeto diário normal desses trabalhadores não exceda distância correspondente á duração média de um dia de trabalho de oito horas, ficando entendido que serão levadas em consideração não só a carga a ser transportada e a distância a ser percorrida, mas também as condições da estrada, a época do ano os outros fatores pertinentes, e, se exigidas horas extras além de um trajeto diário normal, essas horas serão remuneradas em base superior á das horas normais.

Artigo 19

1. A autoridade competente só autorizará o cultivo obrigatório como precaução contra a fome ou a escassez de alimentos e sempre sob a condição de que o alimento ou a produção permanecerá propriedade dos indivíduos ou da comunidade que os produziu.

2. Nada neste artigo será interpretado como derrogatório da obrigação de membros de uma comunidade, onde a produção é organizada em base comunitária, por força da lei ou costume, e onde a produção ou qualquer resultado de sua venda permanece da comunidade, de executar o trabalho exigido pela comunidade por força de lei ou costume.

Artigo 20

Leis de sanções coletivas, segundo as quais uma comunidade pode ser punida por crimes cometidos por qualquer de seus membros, não conterão disposições de trabalho forçado ou obrigatório pela comunidade como um dos meios de punição.

Artigo 21

O trabalho forçado ou obrigatório não será utilizado para trabalho subterrâneo em minas.

Artigo 22

Os relatórios anuais que os Países-membros que ratificam esta Convenção se comprometem a apresentar ao Secretariado da Organização Internacional do Trabalho, sobre as medidas por eles tomadas para aplicar as disposições desta Convenção, conterão as informações mais detalhadas possíveis com referência a cada território envolvido, sobre a incidência de recurso a trabalho forçado ou obrigatório nesse território; os fins para os quais foi empregado; os índices de doenças e de mortalidade; horas de trabalho; sistemas de pagamento dos salários e suas bases, e quaisquer outras informações pertinentes.

Artigo 23

1. Para fazer vigorar as disposições desta Convenção, a autoridade competente baixará regulamentação abrangente e precisa para disciplinar o emprego do trabalho forçado ou obrigatório.

2. Esta regulamentação conterá, inter alia, normas que permitam a toda pessoa submetida a trabalho forçado ou obrigatório apresentar ás autoridades reclamações relativas ás suas condições de trabalho e lhe dêem a garantia de que serão examinadas e levadas em consideração.

Artigo 24

Medidas apropriadas serão tomadas, em todos os casos, para assegurar a rigorosa aplicação dos regulamentos concernentes ao emprego de trabalho forçado ou obrigatório, seja pela extensão ao trabalho forçado ou obrigatório das atribuições de algum organismo de inspeção já existente para a fiscalização do trabalho voluntário, seja por qualquer outro sistema adequado. Outras medidas serão igualmente tomadas no sentido de que esses regulamentos sejam do conhecimento das pessoas submetidas a trabalho forçado ou obrigatório.

Artigo 25

A imposição ilegal de trabalho forçado ou obrigatório será passível de sanções penais e todo País-membro que ratificar esta Convenção terá a obrigação de assegurar que as sanções impostas por lei sejam realmente adequadas e rigorosamente cumpridas.

Artigo 26

Todo País-membro da Organização Internacional do Trabalho que ratificar esta Convenção compromete-se a aplicá-la nos territórios submetidos á sua soberania, jurisdição, proteção, suserania, tutela ou autoridade, na medida em que tem o direito de aceitar obrigações referentes a questões de jurisdição interna. Se, todavia, o País-membro quiser valer-se das disposições do Artigo 35 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, acrescerá á sua ratificação declaração que indique:

a) os territórios nos quais pretende aplicar, sem modificações, as disposições desta Convenção;

b) os territórios nos quais pretende aplicar, com modificações, as disposições desta Convenção, juntamente com o detalhamento das ditas modificações;

c) os territórios a respeito dos quais pospõe sua decisão.

2. A dita declaração será considerada parte integrante da ratificação e terá os mesmos efeitos. É facultado a todo País-membro cancelar, no todo ou em parte, por declaração subseqüente, quaisquer ressalvas feitas em sua declaração anterior, nos termos das disposições das alíneas "a" e "c" deste Artigo.

Artigo 27

As ratificações formais desta Convenção serão comunicadas, para registro, ao Diretor Geral do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho.

Artigo 28

1. Esta Convenção obrigará unicamente os Países-membros da Organização Internacional do Trabalho cujas ratificações tiverem sido registradas no Secretariado da Organização Internacional do Trabalho.

2. Esta Convenção entrará em vigor doze meses após a data do registro pelo Diretor Geral das ratificações dos Países-membros.

3. A partir de então, esta Convenção entrará em vigor, para todo País-membro, doze meses após a data do registro de sua ratificação.

Artigo 29

1. O Diretor Geral do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho notificará todos os Países-membros da Organização, tão logo tenham sido registradas as ratificações de dois Paísesmembros junto ao Secretariado da Organização Internacional do Trabalho. Do mesmo modo lhes dará ciência do registro de ratificações que possam ser comunicadas subseqüentemente por outros Paísesmembros da Organização.

2. Ao notificar os Países-membros da Organização do registro da segunda ratificação que lhe tiver sido comunicada, o Diretor Geral lhes chamará a atenção para a data na qual esta Convenção entrará em vigor.

Artigo 30

1. O País-membro que ratificar esta Convenção poderá denunciá-la ao final de um período de dez anos, a contar da data de sua entrada em vigor, mediante comunicação ao Diretor Geral do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho, para registro. A denúncia não terá efeito antes de se completar um ano a contar da data de seu registro.

2. Todo País-membro que ratificar esta Convenção e que, no prazo de um ano após expirado o período de dez anos referido no parágrafo anterior, não tiver exercido o direito de denúncia provido neste Artigo, ficará obrigado a um novo período de dez anos e, daí em diante, poderá denunciar esta Convenção ao final de cada período de dez anos, nos termos deste Artigo.

Artigo 31

O Conselho de Administração do Secretariado da Organização Internacional do Trabalho apresentará á Conferência Geral, quando considerar necessário, relatório sobre o desempenho desta Convenção e examinará a conveniência de incluir na ordem do dia da Conferência a questão de sua revisão total ou parcial.

Artigo 32

No caso de adotar a Conferência uma nova convenção que reveja total ou parcialmente esta Convenção, a ratificação por um País-membro da nova convenção revista implicará, ipso jure, a denúncia desta Convenção sem qualquer exigência de prazo, a partir do momento em que entrar em vigor a nova Convenção revista, não obstante o disposto no Artigo 30.

2. A partir da data da entrada em vigor da convenção revista, esta Convenção deixará de estar sujeita a ratificação pelos Países-membros.

3. Esta Convenção continuará, entretanto, em vigor, na sua forma e conteúdo atuais, para os Países-membros que a ratificaram, mas não ratificarem a Convenção revista.

Artigo 33

As versões em inglês e francês do texto desta Convenção são igualmente oficiais.

Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares

2008-09-21T16:58:00.000-03:00

Adoptada por la Asamblea General en su
resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990
Preambulo
Los Estados Partes en la presente Convención,
Teniendo en cuenta los principios consagrados en los instrumentos fundamentales de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño,
Teniendo en cuenta también los principios y normas establecidos en los instrumentos pertinentes elaborados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, en especial el Convenio relativo a los trabajadores migrantes (No. 97), el Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (No. 143), la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (No. 86), la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (No.151), el Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (No. 29) y el Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso (No. 105),
Reafirmando la importancia de los principios consagrados en la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Recordando la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración del Cuarto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y las Convenciones sobre la esclavitud,
Recordando que uno de los objetivos de la Organización internacional del Trabajo, como se establece en su Constitución, es la protección de los intereses de los trabajadores empleados en países distintos del propio, y teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia de dicha organización en las cuestiones relacionadas con los trabajadores migratorios y sus familiares,
Reconociendo la importancia del trabajo realizado en relación con los trabajadores migratorios y sus familiares en distintos órganos de las Naciones Unidas, particularmente en la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Desarrollo Social, así como en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial de la Salud y en otras organizaciones internacionales,
Reconociendo también los progresos realizados por algunos Estados mediante acuerdos regionales o bilaterales para la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares, así como la importancia y la utilidad de los acuerdos bilaterales y multilaterales en esta esfera,
Comprendiendo la importancia y la magnitud del fenómeno de las migraciones, que abarca a millones de personas y afecta a un gran número de Estados de la comunidad internacional,
Conscientes de la repercusión que las corrientes de trabajadores migratorios tienen sobre los Estados y los pueblos interesados,y deseosos de establecer normas que puedan contribuir a armonizar las actitudes de los Estados mediante la aceptación de los principios fundamentales relativos al tratamiento de los trabajadores migratorios y de sus familiares,
Considerando la situación de vulnerabilidad en que con frecuencia se encuentran los trabajadores migratorios y sus familiares debido, entre otras cosas,a su ausencia del Estado de origen y a las dificultades con las que tropiezan en razón de su presencia en el Estado de empleo,
Convencidos de que los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares no han sido debidamente reconocidos en todas partes y, por tanto, requieren una protección internacional apropiada,
Teniendo en cuenta el hecho de que a menudo la migración es causa de graves problemas para los familiares de los trabajadores migratorios, así como para los propios trabajadores, particularmente debido a la dispersión de la familia,
Teniendo presente que los problemas humanos que plantea la migración son aún más graves en el caso de la migración irregular, y convencidos por tanto de que se debe alentar la adopción de medidas adecuadas a fin de evitar y eliminar los movimientos y el tránsito clandestinos de los trabajadores migratorios, asegurándoles a la vez la protección de sus derechos humanos fundamentales,
Considerando que los trabajadores no documentados o que se hallan en situación irregular son empleados frecuentemente en condiciones de trabajo menos favorables que las de otros trabajadores y que para determinadas empresas ello constituye un aliciente para buscar ese tipo de mano de obra con el objeto de obtener los beneficios de una competencia desleal,
Considerando también que la práctica de emplear a trabajadores migratorios que se hallen en situación irregular será desalentada si se reconocen más ampliamente los derechos humanos fundamentales de todos los trabajadores migratorios y, además, que la concesión de determinados derechos adicionales a los trabajadores migratorios y a sus familiares que se hallen en situación regular alentará a todos los trabajadores migratorios a respetar y cumplir las leyes y procedimientos establecidos por los Estados interesados,
Convencidos, por ello, de la necesidad de lograr la protección internacional de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, reafirmando y estableciendo normas fundamentales en una convención amplia que tenga aplicación universal,
Han convenido en lo siguiente:
PARTE 1: Alcance y definiciones
Articulo 1
1. La presente Convención será aplicable, salvo cuando en ella se disponga otra cosa, a todos los trabajadores migratorios y a sus familiares sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.
2. La presente Convención será aplicable durante todo el proceso de migración de los trabajadores migratorios y sus familiares, que comprende la preparación para la migración, la partida, el tránsito y todo el período de estancia y de ejercicio de una actividad remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al Estado de origen o al Estado de residencia habitual.
Articulo 2
A los efectos de la presente Convención:
1. Se entenderá por "trabajador migratorio" toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional.
2. a) Se entenderá por "trabajador fronterizo" todo trabajador migratorio que conserve su residencia habitual en un Estado vecino, al que normalmente regrese cada día o al menos una vez por semana;
b) Se entenderá por "trabajador de temporada" todo trabajador migratorio cuyo trabajo, por su propia naturaleza, dependa de condiciones estacionales y sólo se realice durante parte del año;
c) Se entenderá por "marino", término que incluye a los pescadores, todo trabajador migratorio empleado a bordo de una embarcación registrada en un Estado del que no sea nacional;
d) Se entenderá por "trabajador en una estructura marina" todo trabajador migratorio empleado en una estructura marina que se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado del que no sea nacional;
e) Se entenderá por "trabajador itinerante" todo trabajador migratorio que, aun teniendo su residencia habitual en un Estado, tenga que viajar a otro Estado u otros Estados por períodos breves, debido a su ocupación;
f) Se entenderá por "trabajador vinculado a un proyecto" todo trabajador migratorio admitido a un Estado de empleo por un plazo definido para trabajar solamente en un proyecto concreto que realice en ese Estado su empleador;
g) Se entenderá por "trabajador con empleo concreto" todo trabajador migratorio:
i) Que haya sido enviado por su empleador por un plazo limitado y definido a un Estado de empleo para realizar una tarea o función concreta;
ii) Que realice, por un plazo limitado y definido, un trabajo que requiera conocimientos profesionales, comerciales, técnicos o altamente especializados de otra índole; o
iii) Que, a solicitud de su empleador en el Estado de empleo, realice por un plazo limitado y definido un trabajo de carácter transitorio o breve;
y que deba salir del Estado de empleo al expirar el plazo autorizado de su estancia, o antes, si deja de realizar la tarea o función concreta o el trabajo a que se ha hecho referencia;
h) Se entenderá por "trabajador por cuenta propia" todo trabajador migratorio que realice una actividad remunerada sin tener un contrato de trabajo y obtenga su subsistencia mediante esta actividad, trabajando normalmente solo o junto con sus familiares, así como todo otro trabajador migratorio reconocido como trabajador por cuenta propia por la legislación aplicable del Estado de empleo o por acuerdos bilaterales o multilaterales.
Artículo 3
La presente Convención no se aplicará a:
a) Las personas enviadas o empleadas por organizaciones y organismos internacionales y las personas enviadas o empleadas por un Estado fuera de su territorio para desempeñar funciones oficiales, cuya admisión y condición jurídica estén reguladas por el derecho internacional general o por acuerdos o convenios internacionales concretos;
b) Las personas enviadas o empleadas por un Estado fuera de su territorio, o por un empleador en su nombre, que participen en programas de desarrollo y en otros programas de cooperación, cuya admisión y condición jurídica estén reguladas por un acuerdo con el Estado de empleo y que, de conformidad con este acuerdo, no sean consideradas trabajadores migratorios;
c) Las personas que se instalen en un país distinto de su Estado de origen en calidad de inversionistas;
d) Los refugiados y los apátridas, a menos que esté previsto que se aplique a estas personas en la legislación nacional pertinente del Estado Parte de que se trate o en instrumentos internacionales en vigor en ese Estado;
e) Los estudiantes y las personas que reciben capacitación;
f) Los marinos y los trabajadores en estructuras marinas que no hayan sido autorizados a residir y ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo.
Articulo 4
A los efectos de la presente Convención, el término "familiares" se refiere a las personas casadas con trabajadores migratorios o que mantengan con ellos una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, así como a los hijos a su cargo y a otras personas a su cargo reconocidas como familiares por la legislación aplicable o por acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables entre los Estados de que se trate.
Artículo 5
A los efectos de la presente Convención, los trabajadores migratorios y sus familiares:
a) Serán considerados documentados o en situación regular si han sido autorizados a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo de conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte;
b) Serán considerados no documentados o en situación irregular si no cumplen las condiciones establecidas en el inciso a) de este artículo.
Articulo 6
A los efectos de la presente Convención:
a) Por "Estado de origen" se entenderá el Estado del que sea nacional la persona de que se trate;
b) Por "Estado de empleo" se entenderá el Estado donde el trabajador migratorio vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada, según el caso;
c) Por "Estado de tránsito" se entenderá cualquier Estado por el que pase el interesado en un viaje al Estado de empleo o del Estado de empleo al Estado de origen o al Estado de residencia habitual.
PARTE II: No discriminación en el reconocimiento de derechos
Artículo 7
Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.
PARTE III: Derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
Artículo 8
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares podrán salir libremente de cualquier Estado, incluido su Estado de origen. Ese derecho no estará sometido a restricción alguna, salvo las que sean establecidas por ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades ajenos y sean compatibles con otros derechos reconocidos en la presente parte de la Convención.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a regresar en cualquier momento a su Estado de origen y permanecer en él.
Artículo 9
El derecho a la vida de los trabajadores migratorios y sus familiares estará protegido por ley.
Articulo 10
Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Articulo 11
1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a esclavitud ni servidumbre.
2. No se exigirá a los trabajadores migratorios ni a sus familiares que realicen trabajos forzosos u obligatorios.
3. El párrafo 2 del presente artículo no obstará para que los Estados cuya legislación admita para ciertos delitos penas de prisión con trabajos forzosos puedan imponer éstos en cumplimiento de sentencia dictada por un tribunal competente.
4. A los efectos de este artículo, la expresión "trabajos forzosos u obligatorios" no incluirá:
a) Ningún trabajo o servicio, no previsto en el párrafo 3 de este artículo, que normalmente deba realizar una persona que, en virtud de una decisión de la justicia ordinaria, se halle detenida o haya sido puesta ulteriormente en situación de libertad condicional;
b) Ningún servicio exigido en casos de emergencia o de desastre que amenacen la vida o el bienestar de la comunidad;
c) Ningún trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones civiles normales, en la medida en que se imponga también a los ciudadanos del Estado de que se trate.
Artículo 12
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Ese derecho incluirá la libertad de profesar o de adoptar la religión o creencia de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas y la enseñanza.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos a coacción alguna que limite su libertad de profesar y adoptar una religión o creencia de su elección.
3. La libertad de expresar la propia religión o creencia sólo podrá quedar sometida a las limitaciones que se establezcan por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud y la moral públicos o los derechos y las libertades fundamentales de los demás.
4. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a respetar la libertad de los padres, cuando por lo menos uno de ellos sea trabajador migratorio, y, en su caso, de los tutores legales para hacer que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Artículo 13
1. El derecho de opinión de los trabajadores migratorios y sus familiares no será objeto de injerencia alguna.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de recabar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin limitaciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro medio de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 del presente artículo entraña obligaciones y responsabilidades especiales. Por lo tanto, podrá ser sometido a ciertas restricciones, a condición de que éstas hayan sido establecidas por ley y sean necesarias para:
a) Respetar los derechos o el buen nombre ajenos;
b) Proteger la seguridad nacional de los Estados de que se trate, el orden público o la salud o la moral públicas;
c) Prevenir toda la propaganda en favor de la guerra;
d) Prevenir toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.
Artículo 14
Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia u otras comunicaciones ni a ataques ilegales contra su honor y buen nombre. Todos los trabajadores migratorios tendrán derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 15
Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será privado arbitrariamente de sus bienes, ya sean de propiedad personal exclusiva o en asociación con otras personas. Cuando, en virtud de la legislación vigente en el Estado de empleo, los bienes de un trabajador migratorio o de un familiar suyo sean expropiados total o parcialmente, la persona interesada tendrá derecho a una indemnización justa y apropiada.
Artículo 16
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad y la seguridad personales.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la protección efectiva del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones.
3. La verificación por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la identidad de los trabajadores migratorios o de sus familiares se realizará con arreglo a los procedimientos establecidos por ley.
4. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos, individual ni colectivamente, a detención o prisión arbitrarias; no serán privados de su libertad, salvo por los motivos y de conformidad con los procedimientos que la ley establezca.
5. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean detenidos serán informados en el momento de la detención, de ser posible en un idioma que comprendan, de los motivos de esta detención, y se les notificarán prontamente, en un idioma que comprendan, las acusaciones que se les haya formulado.
6. Los trabajadores migratorios y sus familiares detenidos o presos a causa de una infracción penal serán llevados sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrán derecho a ser juzgados en un plazo razonable o a ser puestos en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.
7. Cuando un trabajador migratorio o un familiar suyo sea arrestado, recluido en prisión o detenido en espera de juicio o sometido a cualquier otra forma de detención:
a) Las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen, o de un Estado que represente los intereses del Estado de origen, serán informadas sin demora, si lo solicita el detenido, de la detención o prisión y de los motivos de esa medida;
b) La persona interesada tendrá derecho a comunicarse con esas autoridades. Toda comunicación dirigida por el interesado a esas autoridades será remitida sin demora, y el interesado tendrá también derecho a recibir sin demora las comunicaciones de dichas autoridades;
c) Se informará sin demora al interesado de este derecho y de los derechos derivados de los tratados pertinentes, si son aplicables entre los Estados de que se trate, a intercambiar correspondencia y reunirse con representantes de esas autoridades y a hacer gestiones con ellos para su representación legal.
8. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean privados de su libertad por detención o prisión tendrán derecho a incoar procedimientos ante un tribunal, a fin de que éste pueda decidir sin demora acerca de la legalidad de su detención y ordenar su libertad si la detención no fuere legal. En el ejercicio de este recurso, recibirán la asistencia, gratuita si fuese necesario, de un intérprete cuando no pudieren entender o hablar el idioma utilizado.
9. Los trabajadores migratorios y sus familiares que hayan sido víctimas de detención o prisión ilegal tendrán derecho a exigir una indemnización.
Artículo 17
1. Todo trabajador migratorio o familiar suyo privado de libertad será tratado humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y a su identidad cultural.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares acusados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y sometidos a un régimen distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. Si fueren menores de edad, estarán separados de los adultos y la vista de su causa tendrá lugar con la mayor celeridad.
3. Todo trabajador migratorio o familiar suyo que se encuentre detenido en un Estado de tránsito o en el Estado de empleo por violación de las disposiciones sobre migración será alojado, en la medida de lo posible, en locales distintos de los destinados a las personas condenadas o a las personas detenidas que esperen ser juzgadas.
4. Durante todo período de prisión en cumplimiento de una sentencia impuesta por un tribunal, el tratamiento del trabajador migratorio o familiar suyo tendrá por finalidad esencial su reforma y readaptación social. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.
5. Durante la detención o prisión, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán el mismo derecho que los nacionales a recibir visitas de miembros de su familia.
6. Cuando un trabajador migratorio sea privado de su libertad, las autoridades competentes del Estado de que se trate prestarán atención a los problemas que se planteen a sus familiares, en particular al cónyuge y los hijos menores.
7. Los trabajadores migratorios y sus familiares sometidos a cualquier forma de detención o prisión prevista por las leyes vigentes del Estado de empleo o el Estado de tránsito gozarán de los mismos derechos que los nacionales de dichos Estados que se encuentren en igual situación.
8. Si un trabajador migratorio o un familiar suyo es detenido con objeto de verificar una infracción de las disposiciones sobre migración, no correrán por su cuenta los gastos que ocasione ese procedimiento.
Artículo 18
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán iguales derechos que los nacionales del Estado de que se trate ante los tribunales y las cortes de justicia. Tendrán derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ellos o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.
2. Todo trabajador migratorio o familiar suyo acusado de un delito tendrá derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
3. Durante el proceso, todo trabajador migratorio o familiar suyo acusado de un delito tendrá derecho a las siguientes garantías mínimas:
a) A ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y las causas de la acusación formulada en su contra;
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y comunicarse con un defensor de su elección;
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección; a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente si careciera de medios suficientes para pagar;
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y a que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;
f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;
g) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable.
4. En el procedimiento aplicable a los menores, se tendrá en cuenta su edad y la importancia de promover su readaptación social.
5. Todo trabajador migratorio o familiar suyo declarado culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se la haya impuesto sean examinados por un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.
6. Cuando una sentencia condenatoria firme contra un trabajador migratorio o un familiar suyo haya sido ulteriormente revocada o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, quien haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizado conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.
7. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto mediante sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal del Estado interesado.
Artículo 19
1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional; tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el interesado se beneficiará de esa disposición.
2. Al dictar una sentencia condenatoria por un delito cometido por un trabajador migratorio o un familiar suyo, se deberán considerar los aspectos humanitarios relacionados con su condición, en particular con respeto a su derecho de residencia o de trabajo.
Artículo 20
1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será encarcelado por el solo hecho de no cumplir una obligación contractual.
2. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será privado de su autorización de residencia o permiso de trabajo ni expulsado por el solo hecho de no cumplir una obligación emanada de un contrato de trabajo, a menos que el cumplimiento de esa obligación constituya condición necesaria para dicha autorización o permiso.
Artículo 21
Ninguna persona que no sea un funcionario público debidamente autorizado por la ley podrá confiscar, destruir o intentar destruir documentos de identidad, autorizaciones de entrada, estancia, residencia o permanencia en el territorio de un país ni permisos de trabajo. En los casos en que la confiscación de esos documentos esté autorizada, no podrá efectuarse sin la previa entrega de un recibo detallado. En ningún caso estará permitido destruir el pasaporte o documento equivalente de un trabajador migratorio o de un familiar suyo.
Artículo 22
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares no podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será examinado y decidido individualmente.
2. los trabajadores migratorios y sus familiares sólo podrán ser expulsados del territorio de un Estado Parte en cumplimiento de una decisión adoptada por la autoridad competente conforme a la ley.
3. La decisión les será comunicada en un idioma que puedan entender. Les será comunicada por escrito si lo solicitasen y ello no fuese obligatorio por otro concepto y, salvo en circunstancias excepcionales justificadas por razones de seguridad nacional, se indicarán también los motivos de la decisión. Se informará a los interesados de estos derechos antes de que se pronuncie la decisión o, a mas tardar, en ese momento.
4. Salvo cuando una autoridad judicial dicte una decisión definitiva, los interesados tendrán derecho a exponer las razones que les asistan para oponerse a su expulsión, así como a someter su caso a revisión ante la autoridad competente, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello. Hasta tanto se haga dicha revisión, tendrán derecho a solicitar que se suspenda la ejecución de la decisión de expulsión.
5. Cuando una decisión de expulsión ya ejecutada sea ulteriormente revocada, la persona interesada tendrá derecho a reclamar indemnización conforme a la ley, y no se hará valer la decisión anterior para impedir a esa persona que vuelva a ingresar en el Estado de que se trate.
6. En caso de expulsión, el interesado tendrá oportunidad razonable, antes o después de la partida, para arreglar lo concerniente al pago de los salarios y otras prestaciones que se le adeuden y al cumplimiento de sus obligaciones pendientes.
7. Sin perjuicio de la ejecución de una decisión de expulsión, el trabajador migratorio o familiar suyo que sea objeto de ella podrá solicitar autorización de ingreso en un Estado que no sea su Estado de origen.
8. Los gastos a que dé lugar el procedimiento de expulsión de un trabajador migratorio o un familiar suyo no correrán por su cuenta. Podrá exigírsele que pague sus propios gastos de viaje.
9. La expulsión del Estado de empleo no menoscabará por sí sola ninguno de los derechos que haya adquirido de conformidad con la legislación de ese Estado un trabajador migratorio o un familiar suyo, incluido el derecho a recibir los salarios y otras prestaciones que se le adeuden.
Artículo 23
Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recurrir a la protección y la asistencia de las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen, o del Estado que represente los intereses de ese Estado, en todos los casos en que queden menoscabados los derechos reconocidos en la presente Convención. En particular, en caso de expulsión, se informará sin demora de ese derecho a la persona interesada, y las autoridades del Estado que haya dispuesto la expulsión facilitarán el ejercicio de ese derecho.
Artículo 24
Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 25
1. Los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea menos favorable que el que reciben los nacionales del Estado de empleo en lo tocante a remuneración y de:
a) Otras condiciones de trabajo, es decir, horas extraordinarias, horario de trabajo, descanso semanal, vacaciones pagadas, seguridad, salud, fin de la relación de empleo y cualesquiera otras condiciones de trabajo que, conforme a la legislación y la práctica nacionales, estén comprendidas en este término;
b) Otras condiciones de empleo, es decir, edad mínima de empleo, restricción del trabajo a domicilio y cualesquiera otros asuntos que, conforme a la legislación y la práctica nacionales, se consideren condiciones de empleo.
2. No será legal menoscabar en los contratos privados de empleo el principio de igualdad de trato que se menciona en el párrafo 1 del presente artículo.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para asegurar que los trabajadores migratorios no sean privados de ninguno de los derechos derivados de este principio a causa de irregularidades en su permanencia o empleo. En particular, los empleadores no quedarán exentos de ninguna obligación jurídica ni contractual, ni sus obligaciones se verán limitadas en forma alguna a causa de cualquiera de esas irregularidades.
Artículo 26
1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de los trabajadores migratorios y sus familiares a:
a) Participar en las reuniones y actividades de los sindicatos o de cualesquiera otras asociaciones establecidas conforme a la ley, con miras a proteger sus intereses económicos, sociales, culturales y de otra índole, con sujeción solamente a las normas de la organización pertinente;
b) Afiliarse libremente a cualquier sindicato o a cualquiera de las asociaciones citadas, con sujeción solamente a las normas de la organización pertinente;
c) Solicitar ayuda y asistencia de cualquier sindicato o de cualquiera de las asociaciones citadas.
2. El ejercicio de tales derechos sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o el orden público o para proteger los derechos y libertades de los demás.
Artículo 27
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares gozarán en el Estado de empleo, con respecto a la seguridad social, del mismo trato que los nacionales en la medida en que cumplan los requisitos previstos en la legislación aplicable de ese Estado o en los tratados bilaterales y multilaterales aplicables. Las autoridades competentes del Estado de origen y del Estado de empleo podrán tomar en cualquier momento las disposiciones necesarias para determinar las modalidades de aplicación de esta norma.
2. Cuando la legislación aplicable no permita que los trabajadores migratorios o sus familiares gocen de alguna prestación, el Estado de que se trate, sobre la base del trato otorgado a los nacionales que estuvieren en situación similar, considerará la posibilidad de reembolsarles el monto de las contribuciones que hubieren aportado en relación con esas prestaciones.
Artículo 28
Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida o para evitar daños irreparables a su salud en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de que se trate. Esa atención médica de urgencia no podrá negarse por motivos de irregularidad en lo que respecta a la permanencia o al empleo.
Artículo 29
Todos los hijos de los trabajadores migratorios tendrán derecho a tener un nombre, al registro de su nacimiento y a tener una nacionalidad.
Artículo 30
Todos los hijos de los trabajadores migratorios gozarán del derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de que se trate. El acceso de los hijos de trabajadores migratorios a las instituciones de enseñanza preescolar o las escuelas públicas no podrá denegarse ni limitarse a causa de la situación irregular en lo que respecta a la permanencia o al empleo de cualquiera de los padres, ni del carácter irregular de la permanencia del hijo en el Estado de empleo.
Artículo 31
1. Los Estados Partes velarán porque se respete la identidad cultural de los trabajadores migratorios y de sus familiares y no impedirán que éstos mantengan vínculos culturales con sus Estados de origen.
2. Los Estados Partes podrán tomar las medidas apropiadas para ayudar y alentar los esfuerzos a este respecto.
Artículo 32
Los trabajadores migratorios y sus familiares, al terminar su permanencia en el Estado de empleo, tendrán derecho a transferir sus ingresos y ahorros y, de conformidad con la legislación aplicable de los Estados de que se trate, sus efectos personales y otras pertenencias.
Artículo 33
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a que el Estado de origen, el Estado de empleo o el Estado de tránsito, según corresponda, les proporcione información acerca de:
a) Sus derechos con arreglo a la presente Convención;
b) Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones con arreglo a la ley y la práctica del Estado interesado y cualesquiera otras cuestiones que les permitan cumplir formalidades administrativas o de otra índole en dicho Estado.
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas que consideren apropiadas para difundir la información mencionada o velar por que sea suministrada por empleadores, sindicatos u otros órganos o instituciones apropiados. Según corresponda, cooperarán con los demás Estados interesados.
3. La información adecuada será suministrada a los trabajadores migratorios y sus familiares que la soliciten gratuitamente y, en la medida de lo posible, en un idioma que puedan entender.
Artículo 34
Ninguna de las disposiciones de la presente Parte de la Convención tendrá por efecto eximir a los trabajadores migratorios y a sus familiares de la obligación de cumplir las leyes y reglamentaciones de todos los Estados de tránsito y del Estado de empleo ni de la obligación de respetar la identidad cultural de los habitantes de esos Estados.
Artículo 35
Ninguna de las disposiciones de la presente Parte de la Convención se interpretará en el sentido de que implica la regularización de la situación de trabajadores migratorios o de familiares suyos no documentados o en situación irregular o el derecho a que su situación sea así regularizada, ni menoscabará las medidas encaminadas a asegurar las condiciones satisfactorias y equitativas para la migración internacional previstas en la parte VI de la presente Convención.
PARTE IV: Otros derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares que estén
documentados o se encuentren en situación regular
Artículo 36
Los trabajadores migratorios y sus familiares que estén documentados o se encuentren en situación regular en el Estado de empleo gozarán de los derechos enunciados en la presente Parte de la Convención, además de los enunciados en la parte III.
Artículo 37
Antes de su partida, o a más tardar en el momento de su admisión en el Estado de empleo, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a ser plenamente informados por el Estado de origen o por el Estado de empleo, según corresponda, de todas las condiciones aplicables a su admisión y, particularmente, de las relativas a su estancia y a las actividades remuneradas que podrán realizar, así como de los requisitos que deberán cumplir en el Estado de empleo y las autoridades a que deberán dirigirse para que se modifiquen esas condiciones.
Artículo 38
1. Los Estados de empleo harán todo lo posible por autorizar a los trabajadores migratorios y sus familiares a ausentarse temporalmente sin que ello afecte a la autorización que tengan de permanecer o trabajar, según sea el caso. Al hacerlo, los Estados de empleo deberán tener presentes las necesidades y obligaciones especiales de los trabajadores migratorios y sus familiares, particularmente en sus Estados de origen.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a ser informados plenamente de las condiciones en que estén autorizadas esas ausencias temporales.
Artículo 39
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de movimiento en el territorio del Estado de empleo y a escoger libremente en él su residencia.
2. Los derechos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo no estarán sujetos a ninguna restricción, salvo las que estén establecidas por ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y las libertades de los demás y sean congruentes con los demás derechos reconocidos en la presente Convención.
Artículo 40
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán el derecho a establecer asociaciones y sindicatos en el Estado de empleo para el fomento y la protección de sus intereses económicos, sociales, culturales y de otra índole.
2. No podrán imponerse restricciones al ejercicio de ese derecho, salvo las que prescriba la ley y resulten necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o el orden público o para proteger los derechos y libertades de los demás.
Artículo 41
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos en elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación.
2. Los Estados de que se trate facilitarán, según corresponda y de conformidad con su legislación, el ejercicio de esos derechos.
Artículo 42
1. Los Estados Partes considerarán la posibilidad de establecer procedimientos o instituciones que permitan tener en cuenta, tanto en los Estados de origen como en los Estados de empleo, las necesidades, aspiraciones u obligaciones especiales de los trabajadores migratorios y sus familiares y considerarán también, según proceda, la posibilidad de que los trabajadores migratorios y sus familiares tengan en esas instituciones sus propios representantes libremente elegidos.
2. Los Estados de empleo facilitarán, de conformidad con su legislación nacional, la consulta o la participación de los trabajadores migratorios y sus familiares en las decisiones relativas a la vida y la administración de las comunidades locales.
3. Los trabajadores migratorios podrán disfrutar de derechos políticos en el Estado de empleo si ese Estado, en el ejercicio de su soberanía, les concede tales derechos.
Artículo 43
1. Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en relación con:
a) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los requisitos de admisión y otras reglamentaciones de las instituciones y servicios de que se trate;
b) El acceso a servicios de orientación profesional y colocación;
c) El acceso a servicios e instituciones de formación profesional y readiestramiento;
d) El acceso a la vivienda, con inclusión de los planes sociales de vivienda, y la protección contra la explotación en materia de alquileres;
e) El acceso a los servicios sociales y de salud, siempre que se hayan satisfecho los requisitos establecidos para la participación en los planes correspondientes;
f) El acceso a las cooperativas y empresas en régimen de autogestión, sin que ello implique un cambio de su condición de trabajadores migratorios y con sujeción a las normas y los reglamentos por que se rijan los órganos interesados;
g) El acceso a la vida cultural y la participación en ella.
2. Los Estados Partes promoverán condiciones que garanticen una efectiva igualdad de trato, a fin de que los trabajadores migratorios puedan gozar de los derechos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo, siempre que las condiciones establecidas para su estancia, con arreglo a la autorización del Estado de empleo, satisfagan los requisitos correspondientes.
3. Los Estados de empleo no impedirán que un empleador de trabajadores migratorios instale viviendas o servicios sociales o culturales para ellos. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 70 de la presente Convención, el Estado de empleo podrá subordinar la instalación de esos servicios a los requisitos generalmente exigidos en ese Estado en relación con su instalación.
Artículo 44
1. Los Estados Partes, reconociendo que la familia es el grupo básico natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a protección por parte de la sociedad y del Estado, adoptarán las medidas apropiadas para asegurar la protección de la unidad de la familia del trabajador migratorio.
2. Los Estados Partes tomarán las medidas que estimen apropiadas y entren en la esfera de su competencia para facilitar la reunión de los trabajadores migratorios con sus cónyuges o con aquellas personas que mantengan con el trabajador migratorio una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, al igual que con sus hijos solteros menores de edad que estén a su cargo.
3. Los Estados de empleo, por razones humanitarias, considerarán favorablemente conceder un trato igual al previsto en el párrafo 2 del presente artículo a otros familiares de los trabajadores migratorios.
Artículo 45
1. Los familiares de los trabajadores migratorios gozarán, en el Estado de empleo, de igualdad de trato respecto de los nacionales de ese Estado en relación con:
a) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los requisitos de ingreso y a otras normas de las instituciones y los servicios de que se trate;
b) El acceso a instituciones y servicios de orientación y capacitación vocacional, a condición de que se cumplan los requisitos para la participación en ellos;
c) El acceso a servicios sociales y de salud, a condición de que se cumplan los requisitos para la participación en los planes correspondientes;
d) El acceso a la vida cultural y la participación en ella.
2. Los Estados de empleo, en colaboración con los Estados de origen cuando proceda, aplicarán una política encaminada a facilitar la integración de los hijos de los trabajadores migratorios en el sistema escolar local, particularmente en lo tocante a la enseñanza del idioma local.
3. Los Estados de empleo procurarán facilitar a los hijos de los trabajadores migratorios la enseñanza de su lengua y cultura maternas y, cuando proceda, los Estados de origen colaborarán a esos efectos.
4. Los Estados de empleo podrán establecer planes especiales de enseñanza en la lengua materna de los hijos de los trabajadores migratorios, en colaboración con los Estados de origen si ello fuese necesario.
Artículo 46
Los trabajadores migratorios y sus familiares estarán exentos, con sujeción a la legislación aplicable de los Estados de que se trate y a los acuerdos internacionales pertinentes y las obligaciones de dichos Estados dimanantes de su participación en uniones aduaneras, del pago de derechos e impuestos en concepto de importación y exportación por sus efectos personales y enseres domésticos, así como por el equipo necesario para el desempeño de la actividad remunerada para la que hubieran sido admitidos en el Estado de empleo:
a) En el momento de salir del Estado de origen o del Estado de residencia habitual;
b) En el momento de su admisión inicial en el Estado de empleo;
c) En el momento de su salida definitiva del Estado de empleo;
d) En el momento de su regreso definitivo al Estado de origen o al Estado de residencia habitual.
Artículo 47
1. Los trabajadores migratorios tendrán derecho a transferir sus ingresos y ahorros, en particular los fondos necesarios para el sustento de sus familiares, del Estado de empleo a su Estado de origen o a cualquier otro Estado. Esas transferencias se harán con arreglo a los procedimientos establecidos en la legislación aplicable del Estado interesado y de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables.
2. Los Estados interesados adoptarán las medidas apropiadas para facilitar dichas transferencias.
Artículo 48
1. Sin perjuicio de los acuerdos aplicables sobre doble tributación, los trabajadores migratorios y sus familiares, en lo que respecta a los ingresos en el Estado de empleo:
a) No deberán pagar impuestos, derechos ni gravámenes de ningún tipo que sean más elevados o gravosos que los que deban pagar los nacionales en circunstancias análogas;
b) Tendrán derecho a deducciones o exenciones de impuestos de todo tipo y a las desgravaciones tributarias aplicables a los nacionales en circunstancias análogas, incluidas las desgravaciones tributarias por familiares a su cargo.
2. Los Estados Partes procurarán adoptar las medidas apropiadas para evitar que los ingresos y ahorros de los trabajadores migratorios y sus familiares sean objeto de doble tributación.
Artículo 49
1. En los casos en que la legislación nacional exija autorizaciones separadas de residencia y de empleo, los Estados de empleo otorgarán a los trabajadores migratorios una autorización de residencia por lo menos por el mismo período de duración de su permiso para desempeñar una actividad remunerada.
2. En los Estados de empleo en que los trabajadores migratorios tengan la libertad de elegir una actividad remunerada, no se considerará que los trabajadores migratorios se encuentran en situación irregular, ni se les retirará su autorización de residencia, por el solo hecho del cese de su actividad remunerada con anterioridad al vencimiento de su permiso de trabajo o autorización análoga.
3. A fin de permitir que los trabajadores migratorios mencionados en el párrafo 2 del presente artículo tengan tiempo suficiente para encontrar otra actividad remunerada, no se les retirará su autorización de residencia, por lo menos por un período correspondiente a aquel en que tuvieran derecho a prestaciones de desempleo.
Artículo 50
1. En caso de fallecimiento de un trabajador migratorio o de disolución del matrimonio, el Estado de empleo considerará favorablemente conceder autorización para permanecer en él a los familiares de ese trabajador migratorio que residan en ese Estado en consideración de la unidad de la familia; el Estado de empleo tendrá en cuenta el período de tiempo que esos familiares hayan residido en él.
2. Se dará a los familiares a quienes no se conceda esa autorización tiempo razonable para arreglar sus asuntos en el Estado de empleo antes de salir de él.
3. No podrá interpretarse que las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este artículo afectan adversamente al derecho a permanecer y trabajar concedido a esos familiares por la legislación del Estado de empleo o por tratados bilaterales y multilaterales aplicables a ese Estado.
Artículo 51
No se considerará que se encuentren en situación irregular los trabajadores migratorios que en el Estado de empleo no estén autorizados a elegir libremente su actividad remunerada, ni tampoco se les retirará su autorización de residencia por el solo hecho de que haya cesado su actividad remunerada con anterioridad al vencimiento de su permiso de trabajo, excepto en los casos en que la autorización de residencia dependa expresamente de la actividad remunerada específica para la cual hayan sido aceptados. Dichos trabajadores migratorios tendrán derecho a buscar otros empleos, participar en programas de obras públicas y readiestrarse durante el período restante de su permiso de trabajo, con sujeción a las condiciones y limitaciones que se establezcan en dicho permiso.
Artículo 52
1. Los trabajadores migratorios tendrán en el Estado de empleo libertad de elegir su actividad remunerada, con sujeción a las restricciones o condiciones siguientes.
2. Respecto de cualquier trabajador migratorio, el Estado de empleo podrá:
a) Restringir el acceso a categorías limitadas de empleo, funciones, servicios o actividades, cuando ello sea necesario en beneficio del Estado y esté previsto por la legislación nacional;
b) Restringir la libre elección de una actividad remunerada de conformidad con su legislación relativa a las condiciones de reconocimiento de calificaciones profesionales adquiridas fuera del territorio del Estado de empleo. Sin embargo, los Estados Partes interesados tratarán de reconocer esas calificaciones.
3. En el caso de los trabajadores migratorios cuyo permiso de trabajo sea de tiempo limitado, el Estado de empleo también podrá:
a) Subordinar el derecho de libre elección de una actividad remunerada a la condición de que el trabajador migratorio haya residido legalmente en el territorio del Estado de empleo para los fines de ejercer una actividad remunerada por un período de tiempo determinado en la legislación nacional de dicho Estado que no sea superior a dos años;
b) Limitar el acceso del trabajador migratorio a una actividad remunerada en aplicación de una política de otorgar prioridad a sus nacionales o a las personas que estén asimiladas a sus nacionales para esos fines en virtud de la legislación vigente o de acuerdos bilaterales o multilaterales. Las limitaciones de este tipo no se aplicarán a un trabajador migratorio que haya residido legalmente en el territorio del Estado de empleo para los fines de ejercer una actividad remunerada por un período determinado en la legislación nacional de dicho Estado que no sea superior a cinco años.
4. El Estado de empleo fijará las condiciones en virtud de las cuales un trabajador migratorio que haya sido admitido para ejercer un empleo podrá ser autorizado a realizar trabajos por cuenta propia. Se tendrá en cuenta el período durante el cual el trabajador haya residido legalmente en el Estado de empleo.
Artículo 53
1. Los familiares de un trabajador migratorio cuya autorización de residencia o admisión no tenga límite de tiempo o se renueve automáticamente podrán elegir libremente una actividad remunerada en las mismas condiciones aplicables a dicho trabajador migratorio de conformidad con el artículo 52 de la presente Convención.
2. En cuanto a los familiares de un trabajador migratorio a quienes no se les permita elegir libremente su actividad remunerada, los Estados Partes considerarán favorablemente darles prioridad, a efectos de obtener permiso para ejercer una actividad remunerada, respecto de otros trabajadores que traten de lograr admisión en el Estado de empleo, con sujeción a los acuerdos bilaterales y multilaterales aplicables.
Artículo 54
1. Sin perjuicio de las condiciones de su autorización de residencia o de su permiso de trabajo ni de los derechos previstos en los artículos 25 y 27 de la presente Convención, los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en relación con:
a) La protección contra los despidos;
b) Las prestaciones de desempleo;
c) El acceso a los programas de obras públicas destinados a combatir el desempleo;
d) El acceso a otro empleo en caso de quedar sin trabajo o darse término a otra actividad remunerada, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 52 de la presente Convención.
2. Si un trabajador migratorio alega que su empleador ha violado las condiciones de su contrato de trabajo, tendrá derecho a recurrir ante las autoridades competentes del Estado de empleo, según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 18 de la presente Convención.
Artículo 55
Los trabajadores migratorios que hayan obtenido permiso para ejercer una actividad remunerada, con sujeción a las condiciones adscritas a dicho permiso, tendrán derecho a igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en el ejercicio de esa actividad remunerada.
Artículo 56
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares a los que se refiere la presente parte de la Convención no podrán ser expulsados de un Estado de empleo salvo por razones definidas en la legislación nacional de ese Estado y con sujeción a las salvaguardias establecidas en la parte III.
2. No se podrá recurrir a la expulsión como medio de privar a un trabajador migratorio o a un familiar suyo de los derechos emanados de la autorización de residencia y el permiso de trabajo.
3. Al considerar si se va a expulsar a un trabajador migratorio o a un familiar suyo, deben tenerse en cuenta consideraciones de carácter humanitario y también el tiempo que la persona de que se trate lleve residiendo en el Estado de empleo.
PARTE V: Disposiciones aplicables a categorías particulares de trabajadores migratorios y sus familiares
Artículo 57
Los trabajadores migratorios y sus familiares incluidos en las categorías particulares enumeradas en la presente Parte de la Convención que estén documentados o en situación regular gozarán de los derechos establecidos en la parte III, y, con sujeción a las modificaciones que se especifican a continuación, de los derechos establecidos en la parte IV.
Artículo 58
1. Los trabajadores fronterizos, definidos en el inciso a) del párrafo 2 del artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la parte IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo en el territorio del Estado de empleo, teniendo en cuenta que no han establecido su residencia habitual en dicho Estado.
2. Los Estados de empleo considerarán favorablemente la posibilidad de otorgar a los trabajadores fronterizos el derecho a elegir libremente una actividad remunerada luego de un período determinado. El otorgamiento de ese derecho no afectará a su condición de trabajadores fronterizos.
Artículo 59
1. Los trabajadores de temporada, definidos en el inciso b) del párrafo 2 del artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la parte IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo en el territorio del Estado de empleo y que sean compatibles con su condición de trabajadores de temporada en ese Estado, teniendo en cuenta el hecho de que se encuentran en ese Estado sólo una parte del año.
2. El Estado de empleo, con sujeción al párrafo 1 de este artículo, examinará la conveniencia de conceder a los trabajadores de temporada que hayan estado empleados en su territorio durante un período de tiempo considerable la posibilidad de realizar otras actividades remuneradas, otorgándoles prioridad respecto de otros trabajadores que traten de lograr admisión en ese Estado, con sujeción a los acuerdos bilaterales y multilaterales aplicables.
Artículo 60
Los trabajadores itinerantes, definidos en el inciso e) del párrafo 2 del artículo 2 de la presente Convención, gozarán de todos los derechos reconocidos en la parte IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo en el territorio del Estado de empleo y que sean compatibles con su condición de trabajadores itinerantes en ese Estado.
Artículo 61
1. Los trabajadores vinculados a un proyecto, definidos en el inciso f) del párrafo 2 del artículo 2 de la presente Convención, y sus familiares gozarán de los derechos reconocidos en la parte IV, salvo los establecidos en los incisos b) y c) del párrafo 1 del artículo 43, en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 43 en lo referente a los planes sociales de vivienda, en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 45 y en los artículos 52 a 55.
2. Si un trabajador vinculado a un proyecto alega que su empleador ha violado las condiciones de su contrato de trabajo, tendrá derecho a recurrir ante las autoridades competentes del Estado que tenga jurisdicción sobre el empleador, según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 18 de la presente Convención.
3. Con sujeción a los acuerdos bilaterales o multilaterales que se les apliquen, los Estados Partes procurarán conseguir que los trabajadores vinculados a un proyecto estén debidamente protegidos por los sistemas de seguridad social de sus Estados de origen o de residencia habitual durante el tiempo que estén vinculados al proyecto. Los Estados Partes interesados tomarán medidas apropiadas a fin de evitar toda denegación de derechos o duplicación de pagos a este respecto.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47 de la presente Convención y en los acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes, los Estados Partes interesados permitirán que los ingresos de los trabajadores vinculados a un proyecto se abonen en su Estado de origen o de residencia habitual.
Artículo 62
1. Los trabajadores con empleo concreto, definidos en el inciso g) del párrafo 2 del artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la parte IV, con excepción de lo dispuesto en los incisos b) y c) del párrafo 1 del artículo 43, en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 43 en lo referente a los planes sociales de vivienda, en el artículo 52 y en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 54.
2. Los familiares de los trabajadores con empleo concreto gozarán de los derechos que se les reconocen a los familiares de los trabajadores migratorios en la parte IV de la presente Convención, con excepción de lo dispuesto en el artículo 53.
Artículo 63
1. Los trabajadores por cuenta propia, definidos en el inciso h) del párrafo 2 del artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la parte IV, salvo los que sean aplicables exclusivamente a los trabajadores que tienen contrato de trabajo.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 52 y 79 de la presente Convención, la terminación de la actividad económica de los trabajadores por cuenta propia no acarreará de suyo el retiro de la autorización para que ellos o sus familiares permanezcan en el Estado de empleo o se dediquen en él a una actividad remunerada, salvo cuando la autorización de residencia dependa expresamente de la actividad remunerada concreta para la cual fueron admitidos.
PARTE VI: Promoción de condiciones satisfactorias, equitativas, dignas y lícitas en relación
con la migración internacional de los trabajadores y sus familiares
Artículo 64
1. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 79 de la presente Convención, los Estados Partes interesados se consultarán y colaborarán entre sí, según sea apropiado, con miras a promover condiciones satisfactorias, equitativas y dignas en relación con la migración internacional de trabajadores y sus familiares.
2. A ese respecto, se tendrán debidamente en cuenta no sólo las necesidades y recursos de mano de obra, sino también las necesidades sociales, económicas, culturales y de otro tipo de los trabajadores migratorios y sus familiares, así como las consecuencias de tal migración para las comunidades de que se trate.
Artículo 65
1. Los Estados Partes mantendrán servicios apropiados para atender las cuestiones relacionadas con la migración internacional de trabajadores y sus familiares. Sus funciones serán, entre otras:
a) La formulación y la ejecución de políticas relativas a esa clase de migración;
b) El intercambio de información, las consultas y la cooperación con las autoridades competentes de otros Estados Partes interesados en esa clase de migración;
c) El suministro de información apropiada, en particular a empleadores, trabajadores y sus organizaciones, acerca de las políticas, leyes y reglamentos relativos a la migración y el empleo, los acuerdos sobre migración concertados con otros Estados y otros temas pertinentes;
d) El suministro de información y asistencia apropiada a los trabajadores migratorios y sus familiares en lo relativo a las autorizaciones y formalidades y arreglos requeridos para la partida, el viaje, la llegada, la estancia, las actividades remuneradas, la salida y el regreso, así como en lo relativo a las condiciones de trabajo y de vida en el Estado de empleo, las normas aduaneras, monetarias y tributarias y otras leyes y reglamentos pertinentes.
2. Los Estados Partes facilitarán, según corresponda, la provisión de servicios consulares adecuados y otros servicios que sean necesarios para atender a las necesidades sociales, culturales y de otra índole de los trabajadores migratorios y sus familiares.
Artículo 66
1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo, el derecho a realizar operaciones para la contratación de trabajadores en otro Estado sólo corresponderá a:
a) Los servicios u organismos públicos del Estado en el que tengan lugar esas operaciones;
b) Los servicios u organismos públicos del Estado de empleo sobre la base de un acuerdo entre los Estados interesados;
c) Un organismo establecido en virtud de un acuerdo bilateral o multilateral.
2. Con sujeción a la autorización, la aprobación y la supervisión de las autoridades públicas de los Estados Partes interesados que se establezcan con arreglo a las legislaciones y prácticas de esos Estados, podrá permitirse también que organismos, futuros empleadores o personas que actúen en su nombre realicen las operaciones mencionadas.
Artículo 67
1. Los Estados Partes interesados cooperarán de la manera que resulte apropiada en la adopción de medidas relativas al regreso ordenado de los trabajadores migratorios y sus familiares al Estado de origen cuando decidan regresar, cuando expire su permiso de residencia o empleo, o cuando se encuentren en situación irregular en el Estado de empleo.
2. Por lo que respecta a los trabajadores migratorios y sus familiares que se encuentren en situación regular, los Estados Partes interesados cooperarán de la manera que resulte apropiada, en las condiciones convenidas por esos Estados, con miras a fomentar condiciones económicas adecuadas para su reasentamiento y para facilitar su reintegración social y cultural duradera en el Estado de origen.
Artículo 68
1. Los Estados Partes, incluidos los Estados de tránsito, colaborarán con miras a impedir y eliminar los movimientos y el empleo ilegales o clandestinos de los trabajadores migratorios en situación irregular. Entre las medidas que se adopten con ese objeto dentro de la jurisdicción de cada Estado interesado, se contarán:
a) Medidas adecuadas contra la difusión de información engañosa en lo concerniente a la emigración y la inmigración;
b) Medidas para detectar y eliminar los movimientos ilegales o clandestinos de trabajadores migratorios y sus familiares y para imponer sanciones efectivas a las personas, grupos o entidades que organicen o dirijan esos movimientos o presten asistencia a tal efecto;
c) Medidas para imponer sanciones efectivas a las personas, grupos o entidades que hagan uso de la violencia o de amenazas o intimidación contra los trabajadores migratorios o sus familiares en situación irregular.
2. Los Estados de empleo adoptarán todas las medidas necesarias y efectivas para eliminar la contratación en su territorio de trabajadores migratorios en situación irregular, incluso, si procede, mediante la imposición de sanciones a los empleadores de esos trabajadores. Esas medidas no menoscabarán los derechos de los trabajadores migratorios frente a sus empleadores en relación con su empleo.
Artículo 69
1. Los Estados Partes en cuyo territorio haya trabajadores migratorios y familiares suyos en situación irregular tomarán medidas apropiadas para asegurar que esa situación no persista.
2. Cuando los Estados Partes interesados consideren la posibilidad de regularizar la situación de dichas personas de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables, se tendrán debidamente en cuenta las circunstancias de su entrada, la duración de su estancia en los Estados de empleo y otras consideraciones pertinentes, en particular las relacionadas con su situación familiar.
Artículo 70
Los Estados Partes deberán tomar medidas no menos favorables que las aplicadas a sus nacionales para garantizar que las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores migratorios y sus familiares en situación regular estén en consonancia con las normas de idoneidad, seguridad y salud, así como con los principios de la dignidad humana.
Artículo 71
1. Los Estados Partes facilitarán, siempre que sea necesario, la repatriación al Estado de origen de los restos mortales de los trabajadores migratorios o de sus familiares.
2. En lo tocante a las cuestiones relativas a la indemnización por causa de fallecimiento de un trabajador migratorio o de uno de sus familiares, los Estados Partes, según proceda, prestarán asistencia a las personas interesadas con miras a lograr el pronto arreglo de dichas cuestiones. El arreglo de dichas cuestiones se realizará sobre la base del derecho nacional aplicable de conformidad con las disposiciones de la presente Convención y de los acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes.
PARTE VII: Aplicación de la Convención
Artículo 72
1. a) Con el fin de observar la aplicación de la presente Convención se establecerá un Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (denominado en adelante "el Comité");
b) El Comité estará compuesto, en el momento en que entre en vigor la presente Convención, de diez expertos y después de la entrada en vigor de la Convención para el cuadragésimo primer Estado Parte, de catorce expertos de gran integridad moral, imparciales y de reconocida competencia en el sector abarcado por la Convención.
2. a) Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta por los Estados Partes de una lista de personas designadas por los Estados Partes. Se prestará la debida consideración a la distribución geográfica equitativa, incluyendo tanto Estados de origen como Estados de empleo, y a la representación de los principales sistemas jurídicos. Cada Estado Parte podrá proponer la candidatura de una persona elegida entre sus propios nacionales;
b) Los miembros serán elegidos y ejercerán sus funciones a titulo personal.
3. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención, y las elecciones subsiguientes se celebrarán cada dos años. Al menos cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a todos los Estados Partes para invitarlos a que presenten sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de todos los candidatos, en la que indicará los Estados Partes que los han designado, y la transmitirá a los Estados Partes a más tardar un mes antes de la flecha de la correspondiente elección, junto con las notas biográficas de los candidatos.
4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes que será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas. En la reunión, para la cual constituirán quórum dos tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los Estados Partes presentes y votantes.
5. a) Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección, el Presidente de la reunión de los Estados Partes designará por sorteo los nombres de esos cinco miembros;
b) La elección de los cuatro miembros adicionales del Comité se realizará, de conformidad con las disposiciones de los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo, inmediatamente después de la entrada en vigor de la Convención para el cuadragésimo primer Estado Parte. El mandato de dos de los miembros adicionales elegidos en esa ocasión expirará al cabo de dos años; el Presidente de la reunión de los Estados Partes designará por sorteo el nombre de esos miembros;
c) Los miembros del Comité podrán ser reelegidos si su candidatura vuelve a presentarse.
6. Si un miembro del Comité fallece o renuncia o declara que por algún otro motivo no puede continuar desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado Parte que presentó la candidatura de ese experto nombrará a otro experto de entre sus propios nacionales para que cumpla la parte restante del mandato. El nuevo nombramiento quedará sujeto a la aprobación del Comité.
7. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité.
8. Los miembros del Comité percibirán emolumentos con cargo a los recursos de las Naciones Unidas en los términos y condiciones que decida la Asamblea General.
9. Los miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e inmunidades de los expertos en misión de las Naciones Unidas que se estipulan en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.
Artículo 73
1. Los Estados Partes presentarán al Secretario General de las Naciones Unidas, para su examen por el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole que hayan adoptado para dar efecto a las disposiciones de la presente Convención:
a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado Parte de que se trate;
b) En lo sucesivo, cada cinco años y cada vez que el Comité lo solicite.
2. En los informes presentados con arreglo al presente artículo se indicarán también los factores y las dificultades, según el caso, que afecten a la aplicación de la Convención y se proporcionará información acerca de las características de las corrientes de migración que se produzcan en el Estado Parte de que se trate.
3. El Comité establecerá las demás directrices que corresponda aplicar respecto del contenido de los informes.
4. Los Estados Partes darán una amplia difusión pública a sus informes en sus propios países.
Artículo 74
1. El Comité examinará los informes que presente cada Estado Parte y transmitirá las observaciones que considere apropiadas al Estado Parte interesado. Ese Estado Parte podrá presentar al Comité sus comentarios sobre cualquier observación hecha por el Comité con arreglo al presente artículo. Al examinar esos informes, el Comité podrá solicitar a los Estados Partes que presenten información complementaria.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas, con la debida antelación a la apertura de cada período ordinario de sesiones del Comité, transmitirá al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo copias de los informes presentados por los Estados Partes interesados y la información pertinente para el examen de esos informes, a fin de que la Oficina pueda proporcionar al Comité los conocimientos especializados de que disponga respecto de las cuestiones tratadas en la presente Convención que caigan dentro del ámbito de competencia de la Organización Internacional del Trabajo. El Comité examinará en sus deliberaciones los comentarios y materiales que la Oficina pueda proporcionarle.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas podrá también, tras celebrar consultas con el Comité, transmitir a otros organismos especializados, así como a las organizaciones intergubernamentales, copias de las partes de esos informes que sean de su competencia.
4. El Comité podrá invitar a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así como a las organizaciones intergubernamentales y demás órganos interesados, a que presenten, para su examen por el Comité, información escrita respecto de las cuestiones tratadas en la presente Convención que caigan dentro del ámbito de sus actividades.
5. El Comité invitará a la Oficina Internacional del Trabajo a nombrar representantes para que participen, con carácter consultivo, en sus sesiones.
6. El Comité podrá invitar a representantes de otros organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así como de organizaciones intergubernamentales, a estar presentes y ser escuchados en las sesiones cuando se examinen cuestiones que caigan dentro del ámbito de su competencia.
7. El Comité presentará un informe anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la presente Convención, en el que expondrá sus propias opiniones y recomendaciones, basadas, en particular, en el examen de los informes de los Estados Partes y en las observaciones que éstos presenten.
8. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes anuales del Comité a los Estados Partes en la presente Convención, al Consejo Económico y Social, a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo y a otras organizaciones pertinentes.
Artículo 75
1. El Comité aprobará su propio reglamento.
2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.
3. El Comité se reunirá ordinariamente todos los años.
4. Las reuniones del Comité se celebrarán ordinariamente en la Sede de las Naciones Unidas.
Artículo 76
1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier momento, con arreglo a este artículo, que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones en las que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple sus obligaciones dimanadas de la presente Convención. Las comunicaciones presentadas conforme a este artículo sólo se podrán recibir y examinar si las presenta un Estado Parte que haya hecho una declaración por la cual reconoce con respecto a sí mismo la competencia del Comité. El Comité no recibirá ninguna comunicación que se refiera a un Estado Parte que no haya hecho esa declaración. Las comunicaciones que se reciban conforme a este artículo quedarán sujetas al siguiente procedimiento:
a) Si un Estado Parte en la presente Convención considera que otro Estado Parte no está cumpliendo sus obligaciones dimanadas de la presente Convención, podrá, mediante comunicación por escrito, señalar el asunto a la atención de ese Estado Parte. El Estado Parte podrá también informar al Comité del asunto. En un plazo de tres meses contado desde la recepción de la comunicación, el Estado receptor ofrecerá al Estado que envió la comunicación una explicación u otra exposición por escrito en la que aclare el asunto y que, en la medida de lo posible y pertinente, haga referencia a los procedimientos y recursos internos hechos valer, pendientes o existentes sobre la materia;
b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de ambos Estados Partes interesados dentro de seis meses de recibida la comunicación inicial por el Estado receptor, cualquiera de ellos podrá referir el asunto al Comité, mediante notificación cursada al Comité y al otro Estado;
c) El Comité examinará el asunto que se le haya referido sólo después de haberse cerciorado de que se han hecho valer y se han agotado todos los recursos internos sobre la materia, de conformidad con los principios de derecho internacional generalmente reconocidos. No se aplicará esta norma cuando, a juicio del Comité, la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente;
d) Con sujeción a lo dispuesto en el inciso c) del presente párrafo, el Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de los Estados Partes interesados con miras a llegar a una solución amigable de la cuestión sobre la base del respeto a las obligaciones establecidas en la presente Convención;
e) El Comité celebrará sesiones privadas cuando examine comunicaciones con arreglo al presente artículo;
f) En todo asunto que se le refiera de conformidad con el inciso b) del presente párrafo, el Comité podrá pedir a los Estados Partes interesados, que se mencionan en el inciso b), que faciliten cualquier otra información pertinente;
g) Ambos Estados Partes interesados, conforme a lo mencionado en el inciso b) del presente párrafo, tendrán derecho a estar representados cuando el asunto sea examinado por el Comité y a hacer declaraciones oralmente o por escrito;
h) El Comité, en un plazo de doce meses a partir de la fecha de recepción de la notificación con arreglo al inciso b) del presente párrafo, presentará un informe, como se indica a continuación:
i) Si se llega a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso d) del presente párrafo, el Comité limitará su informe a una breve exposición de los hechos y de la solución a la que se haya llegado;
ii) Si no se llega a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso d), el Comité indicará en su informe los hechos pertinentes relativos al asunto entre los Estados Partes interesados. Se anexarán al informe las declaraciones por escrito y una relación de las declaraciones orales hechas por los Estados Partes interesados. El Comité podrá también transmitir únicamente a los Estados Partes interesados cualesquiera observaciones que considere pertinentes al asunto entre ambos.
En todos los casos el informe se transmitirá a los Estados Partes interesados.
2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Estados Partes en la presente Convención hayan hecho una declaración con arreglo al párrafo 1 del presente artículo. Los Estados Partes depositarán dichas declaraciones en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de ellas a los demás Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Dicho retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud del presente artículo; después de que el Secretario General haya recibido la notificación de retiro de la declaración, no se recibirán nuevas comunicaciones de ningún Estado Parte con arreglo al presente artículo, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración.
Artículo 77
1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier momento, con arreglo al presente artículo, que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su jurisdicción, o en su nombre, que aleguen que ese Estado Parte ha violado los derechos individuales que les reconoce la presente Convención. El Comité no admitirá comunicación alguna relativa a un Estado Parte que no haya hecho esa declaración.
2. El Comité considerará inadmisible toda comunicación recibida de conformidad con el presente artículo que sea anónima o que, a su juicio, constituya un abuso del derecho a presentar dichas comunicaciones o sea incompatible con las disposiciones de la presente Convención.
3. El Comité no examinará comunicación alguna presentada por una persona de conformidad con el presente artículo a menos que se haya cerciorado de que:
a) La misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada en otro procedimiento de investigación o solución internacional;
b) La persona ha agotado todos los recursos que existan en la jurisdicción interna; no se aplicará esta norma cuando, a juicio del Comité, la tramitación de los recursos se prolongue injustificadamente o no ofrezca posibilidades de dar un amparo eficaz a esa persona.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, el Comité señalará las comunicaciones que se le presenten de conformidad con el presente artículo a la atención del Estado Parte en la presente Convención que haya hecho una declaración conforme al párrafo 1 y respecto del cual se alegue que ha violado una disposición de la Convención. En un plazo de seis meses, El Estado receptor proporcionará al Comité una explicación u otra exposición por escrito en la aclare el asunto y exponga, en su caso, la medida correctiva que haya adoptado.
5. El Comité examinará las comunicaciones recibidas de conformidad con el presente artículo a la luz de toda la información presentada por la persona o en su nombre y por el Estado Parte de que se trate.
6. El Comité celebrará sesiones privadas cuando examine las comunicaciones presentadas conforme al presente artículo.
7. El Comité comunicará sus opiniones al Estado Parte de que se trate y a la persona que haya presentado la comunicación.
8. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Estados Partes en la presente Convención hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo. Los Estados Partes depositarán dichas declaraciones en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de ellas a los demás Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Dicho retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud del presente artículo; después de que el Secretario General haya recibido la notificación de retiro de la declaración no se recibirán nuevas comunicaciones presentadas por una persona, o en su nombre, con arreglo al presente artículo, a menos que el Estado Parte de que se trate haya hecho una nueva declaración.
Artículo 78
Las disposiciones del artículo 76 de la presente Convención se aplicarán sin perjuicio de cualquier procedimiento para solucionar las controversias o denuncias relativas a la esfera de la presente Convención establecido en los instrumentos constitucionales de las Naciones Unidas y los organismos especializados o en convenciones aprobadas por ellos, y no privarán a los Estados Partes de recurrir a otros procedimientos para resolver una controversia de conformidad con convenios internacionales vigentes entre ellos.
PARTE VIII
Disposiciones generales
Artículo 79
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al derecho de cada Estado Parte a establecer los criterios que rijan la admisión de los trabajadores migratorios y de sus familiares. En cuanto a otras cuestiones relacionadas con su situación legal y el trato que se les dispense como trabajadores migratorios y familiares de éstos, los Estados Partes estarán sujetos a las limitaciones establecidas en la presente Convención.
Artículo 80
Nada de lo dispuesto en la presente Convención deberá interpretarse de manera que menoscabe las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos especializados en que se definen las responsabilidades respectivas de los diversos órganos de las Nacionaes Unidas y de los organismos especializados en relación con los asuntos de que se ocupa la presente Convención.
Artículo 81
1. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a ningún derecho o libertad más favorable que se conceda a los trabajadores migratorios y a sus familiares en virtud de:
a) El derecho o la práctica de un Estado Parte; o
b) Todo tratado bilateral o multilateral vigente para el Estado Parte interesado.
2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos que puedan menoscabar cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en la presente Convención.
Artículo 82
Los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares previstos en la presente Convención no podrán ser objeto de renuncia. No se permitirá ejercer ninguna forma de presión sobre los trabajadores migratorios ni sobre sus familiares para hacerlos renunciar a cualquiera de los derechos mencionados o privarse de alguno de ellos. No se podrán revocar mediante contrato los derechos reconocidos en la presente Convención. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar que se respeten esos principios.
Artículo 83
Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención se compromete a garantizar que:
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en la presente Convención hayan sido violados pueda obtener una reparación efectiva, aun cuando tal violación haya sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;
b) La autoridad judicial, administrativa o legislativa competente, o cualquier otra autoridad competente prevista en el sistema jurídico del Estado, decida sobre la procedencia de la demanda de toda persona que interponga tal recurso, y que se amplíen las posibilidades de obtener reparación por la vía judicial;
c) Las autoridades competentes cumplan toda decisión en que el recurso se haya estimado procedente.
Artículo 84
Cada uno de los Estados Partes se compromete a adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para aplicar las disposiciones de la presente Convención.
PARTE IX
Disposiciones finales
Artículo 85
El Secretario General de las Naciones Unidas será depositario de la presente Convención.
Artículo 86
1. La presente Convención quedará abierta a la firma de todos los Estados. Estará sujeta a ratificación.
2. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todos los Estados.
3. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 87
1. La presente Convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente a un plazo de tres meses contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Respecto de todo Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de su entrada en vigor, la Convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente a un plazo de tres meses contado a partir de la fecha en que ese Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
Artículo 88
Los Estados que ratifiquen la presente Convención o se adhieran a ella no podrán excluir la aplicación de ninguna parte de ella ni tampoco, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, podrán excluir de su aplicación a ninguna categoría determinada de trabajadores migratorios.
Artículo 89
1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención, una vez transcurridos cinco años desde la fecha en que la Convención haya entrado en vigor para ese Estado, mediante comunicación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
2. La denuncia se hará efectiva el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de doce meses contado a partir de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la comunicación.
3. La denuncia no tendrá el efecto de liberar al Estado Parte de las obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención respecto de ningún acto u omisión que haya ocurrido antes de la fecha en que se hizo efectiva la denuncia, ni impedirá en modo alguno que continúe el examen de cualquier asunto que se hubiere sometido a la consideración del Comité antes de la fecha en que se hizo efectiva la denuncia.
4. A partir de la fecha en que se haga efectiva la denuncia de un Estado Parte, el Comité no podrá iniciar el examen de ningún nuevo asunto relacionado con ese Estado.
Artículo 90
1. Pasados cinco años de la fecha en que la presente Convención haya entrado en vigor, cualquiera de los Estados Partes en la misma podrá formular una solicitud de enmienda de la Convención mediante comunicación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará acto seguido las enmiendas propuestas a los Estados Partes y les solicitará que le notifiquen si se pronuncian a favor de la celebración de una conferencia de Estados Partes para examinar y someter a votación las propuestas. En el caso de que, dentro de un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de dicha comunicación, por lo menos un tercio de los Estados Partes se pronuncie a favor de la celebración de la conferencia, el Secretario General convocará la conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada por la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia se presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación.
2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en la presente Convención, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones de la presente Convención y por toda enmienda anterior que hayan aceptado.
Artículo 91
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados Partes el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la firma, la ratificación o la adhesión.
2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente Convención.
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación a tal fin dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a todos los Estados. Esta notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción.
Artículo 92
1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o la aplicación de la presente Convención y no se solucione mediante negociaciones se someterá a arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de las Partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.
2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o la ratificación de la Convención o de su adhesión a ella, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado esa declaración.
3. Todo Estado Parte que haya formulado la declaración prevista en el párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 93
1. La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas de la presente Convención a todos los Estados.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención.

Fonte: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/m_mwctoc_sp.htm

Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias

2008-09-21T16:57:00.001-03:00

No Seminário Tripartite realizado em São Paulo no final de agosto - sobre políticas publicas de migração - foi muito debatida a necessidade de que o Brasil ratifique a Convenção 12 da ONU, sobre trabalhadores migrantes e suas famílias. O processo está lento: há 18 anos estuda-se a Convenção e o Brasil é o único país do Mercosul que ainda não a ratificou.

Aproveitamos a ocasião para lembrar o tema a todos e todas. Em anexo, segue o texto da convenção em português e em espanhol, mas estes mesmos, assim como outros artigos recentes sobre migrações, em particular alguns com estatísticas referentes a brasileiros no exterior, encontram-se no site do CSEM, organizados por macro-temas e por ano de publicação: http://www.csem.org.br/artigos_port.html. Neste site encontra-se também, em DOCUMENTOS/2007, o texto do documento de Bruxelas com as reivindicações dos brasileiros no exterior.

Vejam muito mais sobre a convenção no site do dia internacional do migrante: http://www.december18.net/web/general/page.php?pageID=297&menuID=36&lang=ES#one

Adotada pela Resolução 45/158, de 18 de Dezembro de 1990, da Assembléia-Geral

Preâmbulo
Parte I Âmbito e definições
Parte II Não discriminação em matéria de direitos
Parte III Direitos Humanos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias
Parte IV Outros direitos dos Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias que se encontram documentados ou em situação regular
Parte V Disposições aplicáveis a categorias especiais de Trabalhadores Migrantes e aos Membros das suas Famílias
Parte VI Promoção de condições saudáveis, eqüitativas, dignas e justas em matéria de migração internacional de trabalhadores e das suas famílias
Parte VII Aplicação da Convenção
Parte VIII Disposições gerais
Parte IX Disposições finais

Preâmbulo

Os Estados Partes na presente Convenção,

Tendo em conta os princípios enunciados nos instrumentos básicos das Nações Unidas relativos aos direitos humanos, em especial a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pato Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, o Pato Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e a Convenção sobre os Direitos da Criança;
Tendo igualmente em conta as normas e princípios estabelecidos nos instrumentos pertinentes elaborados no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, em particular a Convenção relativa aos Trabalhadores Migrantes (n.º 97), a Convenção relativa às Migrações em Condições Abusivas e à Promoção da Igualdade de Oportunidades e de Tratamento dos Trabalhadores Migrantes (n.º 143), a
Recomendação relativa à Migração para o Emprego (n.º 86), a Recomendação relativa aos Trabalhadores Migrantes (n.º 151), a Convenção sobre Trabalho Forçado ou Obrigatório (n.º 29) e a Convenção sobre a Abolição do Trabalho Forçado (n.º 105);
Reafirmando a importância dos princípios enunciados na Convenção relativa à Luta contra a Discriminação no Campo do Ensino, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura;
Recordando a Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, a Declaração do Quarto Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinqüentes, o Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, e as Convenções sobre a Escravatura;
Recordando que um dos objetivos da Organização Internacional do Trabalho, estabelecido na sua Constituição, é a proteção dos interesses dos trabalhadores empregados em países estrangeiros, e tendo presente a perícia e a experiência desta Organização em assuntos relacionados com os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias;
Reconhecendo a importância do trabalho realizado sobre os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias por vários órgãos das Nações Unidas, em particular a Comissão dos Direitos Humanos, a Comissão para o Desenvolvimento Social, bem como a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e a Organização Mundial de Saúde, e outras organizações internacionais;
Reconhecendo, igualmente, os progressos realizados por alguns Estados, nos planos regional ou bilateral, no sentido da proteção dos direitos dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias, bem como a importância e a utilidade dos acordos bilaterais e multilaterais celebrados neste domínio;
Conscientes da importância e da extensão do fenômeno da migração, que envolve milhares de pessoas e afeta um grande número de Estados na comunidade internacional;
Conscientes do efeito das migrações de trabalhadores nos Estados e nas populações interessadas, e desejando estabelecer normas que possam contribuir para a harmonização das condutas dos Estados através da aceitação de princípios fundamentais relativos ao tratamento dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias;
Considerando a situação de vulnerabilidade em que freqüentemente se encontram os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias devido, nomeadamente, ao seu afastamento do Estado de origem e a eventuais dificuldades resultantes da sua presença no Estado de emprego;
Convencidos de que os direitos dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias não têm sido suficientemente reconhecidos em todo o mundo, devendo, por este motivo, beneficiar de uma proteção internacional adequada;
Tomando em consideração o fato de que, em muitos casos, as migrações são a causa de graves problemas para os membros das famílias dos trabalhadores migrantes bem como para os próprios trabalhadores, especialmente por causa da dispersão da família;
Considerando que os problemas humanos decorrentes das migrações são ainda mais graves no caso da migração irregular e convictos, por esse motivo, de que se deve encorajar a adoção de medidas adequadas a fim de prevenir e eliminar os movimentos clandestinos e o tráfico de trabalhadores migrantes, assegurando ao mesmo tempo a proteção dos direitos humanos fundamentais destes trabalhadores;
Considerando que os trabalhadores indocumentados ou em situação irregular são, freqüentemente, empregados em condições de trabalho menos favoráveis que outros trabalhadores e que certos empregadores são, assim, levados a procurar tal mão de obra a fim de beneficiar da concorrência desleal;
Considerando, igualmente, que o emprego de trabalhadores migrantes em situação irregular será desencorajado se os direitos humanos fundamentais de todos os trabalhadores migrantes forem mais amplamente reconhecidos e que, além disso, a concessão de certos direitos adicionais aos trabalhadores migrantes e membros das suas famílias em situação regular encorajará todos os migrantes e empregadores a respeitar e a aplicar as leis e os procedimentos estabelecidos pelos Estados interessados;
Convictos, por esse motivo, da necessidade de realizar a proteção internacional dos direitos de todos os trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias, reafirmando e estabelecendo normas básicas no quadro de uma convenção abrangente suscetível de ser universalmente aplicada;
Acordam no seguinte:

Parte I

Âmbito e definições

Artigo 1º
1. Salvo disposição em contrário constante do seu próprio texto, a presente Convenção aplica-se a todos os trabalhadores migrantes e aos membros das suas famílias sem qualquer distinção, fundada nomeadamente no sexo, raça, cor, língua, religião ou convicção, opinião política ou outra, origem nacional, étnica ou social, nacionalidade, idade, posição econômica, patrimônio, estado civil, nascimento ou outra situação.
2. A presente Convenção aplica-se a todo o processo migratório dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias, o qual compreende a preparação da migração, a partida, o trânsito e a duração total da estada, a atividade 20 remunerada no Estado de emprego, bem como o regresso ao Estado de origem ou ao Estado de residência habitual.

Artigo 2º
Para efeitos da presente Convenção:
1. A expressão "trabalhador migrante" designa a pessoa que vai exercer, exerce ou exerceu uma atividade remunerada num Estado de que não é nacional.
2.
a) A expressão "trabalhador fronteiriço" designa o trabalhador migrante que conserva a sua residência habitual num Estado vizinho a que regressa, em princípio, todos os dias ou, pelo menos, uma vez por semana;
b) A expressão "trabalhador sazonal" designa o trabalhador migrante cuja atividade, pela sua natureza, depende de condições sazonais e só se realiza durante parte do ano;
c) A expressão "marítimo", que abrange os pescadores, designa o trabalhador migrante empregado a bordo de um navio matriculado num Estado de que não é nacional;
d) A expressão "trabalhador numa estrutura marítima" designa o trabalhador migrante empregado numa estrutura marítima que se encontra sob a jurisdição de um Estado de que não é nacional;
e) A expressão "trabalhador itinerante" designa o trabalhador migrante que, tendo a sua residência habitual num Estado, tem de viajar para outros Estados por períodos curtos, devido à natureza da sua ocupação;
f) A expressão "trabalhador vinculado a um projeto" designa o trabalhador migrante admitido num Estado de emprego por tempo definido para trabalhar unicamente num projeto concreto conduzido pelo seu empregador nesse Estado;
g) A expressão "trabalhador com emprego específico" designa o trabalhador migrante:
(i) Que tenha sido enviado pelo seu empregador, por um período limitado e definido, a um Estado de emprego para aí realizar uma tarefa ou função específica; ou
(ii) Que realize, por um período limitado e definido, um trabalho que exige competências profissionais, comerciais, técnicas ou altamente especializadas de outra natureza; ou 21
(iii) Que, a pedido do seu empregador no Estado de emprego, realize, por um período limitado e definido, um trabalho de natureza transitória ou de curta duração; e que deva deixar o Estado de emprego ao expirar o período autorizado de residência, ou mais cedo, se deixa de realizar a tarefa ou função específica ou o trabalho inicial;
h) A expressão "trabalhador independente" designa o trabalhador migrante que exerce uma atividade remunerada não submetida a um contrato de trabalho e que ganha a sua vida através desta atividade, trabalhando normalmente só ou com membros da sua família, assim como o trabalhador considerado independente pela legislação aplicável do Estado de emprego ou por acordos bilaterais ou multilaterais.

Artigo 3º
A presente Convenção não se aplica:
a) Às pessoas enviadas ou empregadas por organizações e organismos internacionais, nem às pessoas enviadas ou empregadas por um Estado fora do seu território para desempenharem funções oficiais, cuja admissão e estatuto são regulados pelo direito internacional geral ou por acordos internacionais ou convenções internacionais específicas;
b) Às pessoas enviadas ou empregadas por um Estado ou por conta desse Estado fora do seu território que participam em programas de desenvolvimento e noutros programas de cooperação, cuja admissão e estatuto são regulados por acordo celebrado com o Estado de emprego e que, nos termos deste acordo, não são consideradas trabalhadores migrantes;
c) Às pessoas que se instalam num Estado diferente do seu Estado de origem na qualidade de investidores;
d) Aos refugiados e apátridas, salvo disposição em contrário da legislação nacional pertinente do Estado Parte interessado ou de instrumentos internacionais em vigor para esse Estado;
e) Aos estudantes e estagiários;
f) Aos marítimos e aos trabalhadores de estruturas marítimas que não tenham sido autorizados a residir ou a exercer uma atividade remunerada no Estado de emprego.

Artigo 4º
Para efeitos da presente Convenção, a expressão "membros da família" designa a pessoa casada com o trabalhador migrante ou que com ele mantém uma 22 relação que, em virtude da legislação aplicável, produz efeitos equivalentes aos do casamento, bem como os filhos a seu cargo e outras pessoas a seu cargo, reconhecidas como familiares pela legislação aplicável ou por acordos bilaterais ou multilaterais aplicáveis entre os Estados interessados.

Artigo 5º
Para efeitos da presente Convenção, os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias:
a) São considerados documentados ou em situação regular se forem autorizados a entrar, permanecer e exercer uma atividade remunerada no Estado de emprego, ao abrigo da legislação desse Estado e das convenções internacionais de que esse Estado seja Parte;
b) São considerados indocumentados ou em situação irregular se não preenchem as condições enunciadas na alínea a) do presente artigo.

Artigo 6º
Para os efeitos da presente Convenção:
a) A expressão "Estado de origem" designa o Estado de que a pessoa interessada é nacional;
b) A expressão "Estado de emprego" designa o Estado onde o trabalhador migrante vai exercer, exerce ou exerceu uma atividade remunerada, consoante o caso;
c) A expressão "Estado de trânsito" designa qualquer Estado por cujo território a pessoa interessada deva transitar a fim de se dirigir para o Estado de emprego ou do Estado de emprego para o Estado de origem ou de residência habitual.

Parte II

Não discriminação em matéria de direitos

Artigo 7º
Os Estados Partes comprometem-se, em conformidade com os instrumentos internacionais relativos aos direitos humanos, a respeitar e a garantir os direitos previstos na presente Convenção a todos os trabalhadores migrantes e membros da sua família que se encontrem no seu território e sujeitos à sua jurisdição, sem distinção alguma, independentemente de qualquer consideração de raça, cor, sexo, língua, religião ou convição, opinião política ou outra, origem nacional, étnica ou social, nacionalidade, idade, posição econômica, patrimônio, estado civil, nascimento ou de qualquer outra situação.

Parte III

Direitos humanos de todos os trabalhadores migrantes
e dos membros das suas famílias

Artigo 8º
1. Os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias podem sair livremente de qualquer Estado, incluindo o seu Estado de origem. Este direito só pode ser objeto de restrições que, sendo previstas na lei, constituam disposições necessárias para proteger a segurança nacional, a ordem pública, a saúde ou moral públicas, ou os direitos e liberdades de outrem, e se mostrem compatíveis com os outros direitos reconhecidos na presente parte da Convenção.
2. Os trabalhadores migrantes e os membros da sua família têm o direito a regressar em qualquer momento ao seu Estado de origem e aí permanecer.

Artigo 9º
O direito à vida dos trabalhadores migrantes e dos membros da sua família é protegido por lei.

Artigo 10º
Nenhum trabalhador migrante ou membro da sua família pode ser submetido a tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

Artigo 11º
1. Nenhum trabalhador migrante ou membro da sua família será mantido em escravatura ou servidão.
2. Nenhum trabalhador migrante ou membro da sua família pode ser constrangido a realizar um trabalho forçado ou obrigatório.
3. O nº 2 do presente artigo não será interpretado no sentido de proibir, nos Estados onde certos crimes podem ser punidos com pena de prisão acompanhada de trabalho forçado, o cumprimento de uma pena de trabalhos forçados imposta por um tribunal competente.
4. Para efeitos do presente artigo, a expressão "trabalho forçado ou obrigatório” não abrange:
a) qualquer trabalho ou serviço, não previsto no nº 3 do presente artigo, exigido normalmente a uma pessoa que, em virtude de uma decisão judicial ordinária, se encontra detida ou tenha sido colocada em liberdade condicional posteriormente;
b) qualquer serviço exigido no caso de crise ou de calamidade que ameacem a vida ou o bem-estar da comunidade;
c) qualquer trabalho ou serviço que forme parte das obrigações cívicas normais, desde que exigível também a cidadãos do Estado interessado.

Artigo 12º
1. Os trabalhadores migrantes e os membros da sua família têm direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito abrange a liberdade de professar ou de adotar uma religião ou crença da sua escolha, bem como a liberdade de manifestar a sua religião ou crença, individual ou coletivamente, em público e em privado, pelo culto, celebração de ritos, práticas e o ensino.
2. Os trabalhadores migrantes e os membros da sua família não serão submetidos a coação que prejudique a sua liberdade de professar e adotar uma religião ou crença da sua escolha.
3. A liberdade de manifestar a sua religião ou crença só pode ser objeto de restrições previstas na lei e que se mostrem necessárias à proteção da segurança nacional, da ordem pública, da saúde ou da moral públicas, e das liberdades e direitos fundamentais de outrem.
4. Os Estados Partes na presente Convenção comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais, quando pelo menos um deles é trabalhador migrante, e, sendo caso disso, dos representantes legais, de assegurar a educação religiosa e moral dos seus filhos de acordo com as suas convicções.

Artigo 13º
1. Os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias têm o direito de exprimir as suas convicções sem interferência.
2. Os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias têm direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de procurar, receber e expandir informações e idéias de toda a espécie, sem consideração de fronteiras, sob a forma oral, escrita, impressa ou artística ou por qualquer outro meio à sua escolha.
3. O exercício do direito previsto no nº 2 do presente artigo implica deveres e responsabilidades especiais. Por esta razão, pode ser objeto de restrições, desde que estejam previstas na lei e se afigurem necessárias:
a) Ao respeito dos direitos e da reputação de outrem;
b) À salvaguarda da segurança nacional dos Estados interessados, da
ordem pública, da saúde ou da moral públicas;
c) A prevenir a incitação à guerra;
d) A prevenir a apologia do ódio nacional, racial e religioso, que constitua uma incitação à discriminação, à hostilidade ou à violência.

Artigo 14º
Nenhum trabalhador migrante ou membro da sua família será sujeito a intromissões arbitrárias ou ilegais na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio, na sua correspondência ou outras comunicações, nem a ofensas ilegais à sua honra e reputação. Os trabalhadores migrantes e membros da sua família têm direito à proteção da lei contra tais intromissões ou ofensas.

Artigo 15º
Nenhum trabalhador migrante ou membro da sua família será arbitrariamente privado dos bens de que seja o único titular ou que possua conjuntamente com outrem. A expropriação total ou parcial dos bens de um trabalhador migrante ou membro da sua família só pode ser efetuada nos termos da legislação vigente no Estado de emprego mediante o pagamento de uma indenização justa e adequada.

Artigo 16º
1. Os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias têm direito à liberdade e à segurança da sua pessoa.
2. Os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias têm direito à proteção efetiva do Estado contra a violência, os maus tratos físicos, as ameaças e a intimidação, por parte de funcionários públicos ou privados, grupos ou instituições.
3. A verificação pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei da identidade dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias deve ser conduzida de acordo com o procedimento estabelecido na lei.
4. Nenhum trabalhador migrante ou membro da sua família será sujeito, individual ou coletivamente, a detenção ou prisão arbitrária; nem será privado da sua liberdade, salvo por motivos e em conformidade com os procedimentos estabelecidos por lei.
5. O trabalhador migrante ou membro da sua família que seja detido deve ser informado, no momento da detenção, se possível numa língua que compreenda, dos motivos desta e prontamente notificado, numa língua que compreenda, das acusações contra si formuladas.
6. O trabalhador migrante ou membro da sua família que seja detido ou preso pela prática de uma infração penal deve ser presente, sem demora, a um juiz ou outra entidade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgado em prazo razoável ou de aguardar julgamento em liberdade. A prisão preventiva da pessoa que tenha de ser julgada não deve ser a regra geral, mas a sua libertação pode ser subordinada a garantias que assegurem a sua comparência na audiência ou em qualquer ato processual e, se for o caso, para execução de sentença.
7. No caso de sujeição de um trabalhador migrante ou membro da sua família a detenção ou prisão preventiva, ou a qualquer outra forma de detenção:
a) As autoridades diplomáticas ou consulares do seu Estado de origem ou de um Estado que represente os interesses desse Estado são informadas sem demora, se o interessado assim o solicitar, da sua detenção ou prisão e dos fundamentos dessa medida;
b) A pessoa interessada tem direito a comunicar com as referidas autoridades. As comunicações dirigidas pelo interessado às referidas autoridades devem ser transmitidas sem demora, e o interessado tem também direito a receber, sem demora, as comunicações enviadas pelas referidas autoridades;
c) A pessoa interessada deve ser informada sem demora deste direito, e dos direitos emergentes de tratados eventualmente celebrados nesta matéria entre os Estados interessados, de trocar correspondência e de reunir-se com representantes das referidas autoridades e de tomar providências com vista à sua representação legal.
8. Os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias que sejam privados da sua liberdade mediante detenção ou prisão têm o direito de interpor recurso perante um tribunal, para que este decida sem demora sobre a legalidade da sua detenção e ordene a sua libertação no caso de aquela ser ilegal. Quando participem nas audiências, devem beneficiar da assistência, se necessário gratuita, de um intérprete, se não compreenderem ou não falarem suficientemente bem a língua utilizada pelo tribunal.
9. Os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias que tiverem sofrido detenção ou prisão preventiva ilegal têm o direito de requerer uma indenização adequada.

Artigo 17º
1. Os trabalhadores migrantes e membros das suas famílias privados da sua liberdade devem ser tratados com humanidade e com respeito da dignidade inerente à pessoa humana e à sua identidade cultural.
2. Os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias sob acusação são separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e submetidos a um regime distinto, adequado à sua condição de pessoas não condenadas. Se forem menores, são separados dos adultos, devendo o seu processo ser decidido com a maior celeridade.
3. Qualquer trabalhador migrante ou membro da sua família que se encontre detido num Estado de trânsito, ou num Estado de emprego, por violação das disposições relativas à migração deve, na medida do possível, ser separado das pessoas detidas ou presas preventivamente.
4. Durante todo o período de prisão em execução de sentença proferida por um tribunal, o tratamento do trabalhador migrante ou membro da sua família terá por finalidade, essencialmente, a sua reinserção e recuperação social. Delinqüentes jovens serão separados dos adultos e submetidos a um regime adequado à sua idade e ao seu estatuto legal.
5. Durante a detenção ou prisão, os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias gozam dos mesmos direitos de que beneficiam os cidadãos nacionais de receber visitas dos seus familiares.
6. No caso de um trabalhador migrante ser privado da sua liberdade, as autoridades competentes do Estado da detenção devem ter em conta os problemas que podem colocar-se aos membros da sua família, em particular os cônjuges e filhos menores.
7. Os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias sujeitos a qualquer forma de detenção ou prisão, em virtude da legislação do Estado de emprego ou do Estado de trânsito, gozam dos mesmos direitos que os cidadãos nacionais desse Estado que se encontrem na mesma situação.
8. Se um trabalhador migrante ou membro da sua família for detido com o fim de verificar se houve infração às disposições relacionadas com a migração não terá de suportar quaisquer encargos daí decorrentes.

Artigo 18º
1. Os trabalhadores migrantes e os membros da sua família têm os mesmos direitos, perante os tribunais, que os nacionais do Estado interessado. Têm direito a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal competente, independente e imparcial, instituído por lei, que decidirá dos seus direitos e obrigações de caráter civil ou das razões de qualquer acusação em matéria penal contra si formulada.
2. O trabalhador migrante ou membro da sua família suspeito ou acusado da prática de um crime presume-se inocente até que a sua culpabilidade tenha sido legalmente estabelecida.
3. O trabalhador migrante ou membro da sua família acusado de ter infringido a lei penal tem, no mínimo, direito às garantias seguintes:
a) A ser informado prontamente, numa língua que compreenda e pormenorizadamente, da natureza e dos motivos das acusações formuladas contra si;
b) A dispor do tempo e dos meios necessários à preparação da sua defesa e a comunicar com o advogado da sua escolha;
c) A ser julgado num prazo razoável;
d) A estar presente no julgamento e a defender-se a si próprio ou por intermédio de um defensor da sua escolha; se não tiver patrocínio jurídico, a ser informado deste direito; e a pedir a designação de um defensor oficioso, sempre que os interesses da justiça exijam a assistência do defensor, sem encargos, se não tiver meios suficientes para os suportar;
e) A interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e a obter a comparência e o interrogatório das testemunhas de defesa em condições de igualdade;
f) A beneficiar da assistência gratuita de um intérprete se não compreender ou falar a língua utilizada pelo tribunal;
g) A não ser obrigado a testemunhar ou a confessar-se culpado.
4. No caso de menores, o processo tomará em conta a sua idade e a necessidade de facilitar a sua reintegração social.
5. Os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias condenados pela prática de um crime têm o direito de recorrer dessa decisão para um tribunal superior, nos termos da lei.
6. Quando uma condenação penal definitiva é ulteriormente anulada ou quando é concedido o indulto, porque um fato novo ou recentemente revelado prova que se produziu um erro judiciário, o trabalhador migrante ou membro da sua família que cumpriu uma pena em virtude dessa condenação será indenizado, em conformidade com a lei, a menos que se prove que a não revelação em tempo útil de fato desconhecido lhe é imputável no todo ou em parte.
7. Nenhum trabalhador migrante ou membro da sua família pode ser perseguido ou punido pela prática de uma infração pela qual já tenha sido absolvido ou condenado, em conformidade com a lei e o processo penal do Estado interessado.

Artigo 19º
1. Nenhum trabalhador migrante ou membro da sua família pode ser sentenciado criminalmente por ação ou omissão que no momento da sua prática não seja considerada criminosa segundo a lei interna ou o direito internacional. Será aplicada retroativamente a lei penal que preveja a imposição de uma pena mais favorável ao argüido.
2. Na determinação da medida da pena, o tribunal atenderá a considerações de natureza humanitária relativas ao estatuto de trabalhador migrante, nomeadamente o direito de residência ou de trabalho reconhecido ao trabalhador migrante ou membro da sua família.

Artigo 20º
1. Nenhum trabalhador migrante será detido pela única razão de não poder cumprir uma obrigação contratual.
2. Nenhum trabalhador migrante ou um membro da sua família pode ser privado da sua autorização de residência ou de trabalho, nem expulso, pela única razão de não ter cumprido uma obrigação decorrente de um contrato de trabalho, salvo se a execução dessa obrigação constituir uma condição de tais autorizações.

Artigo 21º
Ninguém, exceto os funcionários públicos devidamente autorizados por lei para este efeito, tem o direito de apreender, destruir ou tentar destruir documentos de identidade, documentos de autorização de entrada, permanência, residência ou de estabelecimento no território nacional, ou documentos relativos à autorização de trabalho. Se for autorizada a apreensão e perda desses documentos, será emitido um recibo pormenorizado. Em caso algum é permitido destruir o passaporte ou documento equivalente de um trabalhador migrante ou de um membro da sua família.

Artigo 22º
1. Os trabalhadores migrantes e os membros da sua família não podem ser objeto de medidas de expulsão coletiva. Cada caso de expulsão será examinado e decidido individualmente.
2. Os trabalhadores migrantes e os membros da sua família só podem ser expulsos do território de um Estado Parte em cumprimento de uma decisão tomada por uma autoridade competente em conformidade com a lei.
3. A decisão deve ser comunicada aos interessados numa língua que compreendam. A seu pedido, se não for obrigatório, a decisão será comunicada por escrito e, salvo em circunstâncias excepcionais, devidamente fundamentada. Os interessados serão informados deste direito antes de a decisão ser tomada ou, o mais tardar, no momento em que for tomada.
4. Salvo nos casos de uma decisão definitiva emanada de uma autoridade judicial, o interessado tem o direito de fazer valer as razões que militam contra a sua expulsão e de recorrer da decisão perante a autoridade competente, salvo imperativos de segurança nacional. Enquanto o seu recurso é apreciado, tem o direito de procurar obter a suspensão da referida decisão.
5. Se uma decisão de expulsão já executada for subseqüentemente anulada, a pessoa interessada tem direito a obter uma indenização de acordo com a lei, não podendo a decisão anterior ser invocada para impedi-lo de regressar ao Estado em causa.
6. No caso de expulsão, a pessoa interessada deve ter a possibilidade razoável, antes ou depois da partida, de obter o pagamento de todos os salários ou prestações que lhe sejam devidos, e de cumprir eventuais obrigações não executadas.
7. Sem prejuízo da execução de uma decisão de expulsão, o trabalhador migrante ou membro da sua família objeto desta decisão pode solicitar a admissão num Estado diferente do seu Estado de origem.
8. No caso de expulsão, as despesas ocasionadas por esta medida não serão suportadas pelo trabalhador migrante ou membro da sua família. O interessado pode, no entanto, ser obrigado a custear as despesas da viagem.
9. A expulsão do Estado de emprego, em si, não prejudica os direitos adquiridos, em conformidade com a lei desse Estado, pelo trabalhador migrante ou membro da sua família, nomeadamente o direito de receber os salários e outras prestações que lhe sejam devidos.

Artigo 23º
Os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias têm o direito de recorrer à proteção e à assistência das autoridades diplomáticas e consulares do seu Estado de origem ou de um Estado que represente os interesses daquele Estado em caso de violação dos direitos reconhecidos na presente Convenção. Especialmente no caso de expulsão, o interessado será informado deste direito, sem demora, devendo as autoridades do Estado que procede à expulsão facilitar o exercício do mesmo.

Artigo 24º
Os trabalhadores migrantes e os membros da sua família têm direito ao reconhecimento da sua personalidade jurídica, em todos os lugares.

Artigo 25º
1. Os trabalhadores migrantes devem beneficiar de um tratamento não menos favorável que aquele que é concedido aos nacionais do Estado de emprego em matéria de retribuição e:
a) Outras condições de trabalho, como trabalho suplementar, horário de trabalho, descanso semanal, férias remuneradas, segurança, saúde, cessação da relação de trabalho e quaisquer outras condições de trabalho que, de acordo com o direito e a prática nacionais, se incluam na regulamentação das condições de trabalho;
b) Outras condições de emprego, como a idade mínima para admissão ao emprego, as restrições ao trabalho doméstico e outras questões que, de acordo com o direito e a prática nacionais, sejam consideradas condições de emprego.
2. Nenhuma derrogação é admitida ao princípio da igualdade de tratamento referido no nº 1 do presente artigo nos contratos de trabalho privados.
3. Os Estados Partes adotam todas as medidas adequadas a garantir que os trabalhadores migrantes não sejam privados dos direitos derivados da aplicação deste princípio, em razão da irregularidade da sua situação em matéria de permanência ou de emprego. De um modo particular, os empregadores não ficam exonerados do cumprimento de obrigações legais ou contratuais, nem as suas obrigações serão de modo algum limitadas por força de tal irregularidade.

Artigo 26º
1. Os Estados Partes reconhecem a todos os trabalhadores migrantes e aos membros das suas famílias o direito:
a) A participar em reuniões e atividades de sindicatos e outras associações estabelecidos de acordo com a lei para proteger os seus interesses econômicos, sociais, culturais e outros, com sujeição, apenas, às regras da organização interessada.
b) A inscrever-se livremente nos referidos sindicatos ou associações, com sujeição, apenas, às regras da organização interessada.
c) A procurar o auxílio e a assistência dos referidos sindicatos e associações;
2. O exercício de tais direitos só pode ser objeto das restrições previstas na lei e que se mostrem necessárias, numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da ordem pública, ou para proteger os direitos e liberdades de outrem.

Artigo 27º
1. Em matéria de segurança social, os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias beneficiam, no Estado de emprego, de um tratamento igual ao que é concedido aos nacionais desse Estado, sem prejuízo das condições impostas pela legislação nacional e pelos tratados bilaterais e multilaterais aplicáveis. As autoridades competentes do Estado de origem e do Estado de emprego podem, em qualquer momento, tomar as disposições necessárias para determinar as modalidades de aplicação desta norma.
2. Se a legislação aplicável privar de uma prestação os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias, deverá o Estado de emprego ponderar a possibilidade de reembolsar o montante das contribuições efetuadas pelos interessados relativamente a essa prestação, na base do tratamento concedido aos nacionais que se encontrem em circunstâncias idênticas.

Artigo 28º
Os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias têm o direito de receber os cuidados médicos urgentes que sejam necessários para preservar a sua vida ou para evitar danos irreparáveis à sua saúde, em pé de igualdade com os nacionais do Estado em questão. Tais cuidados médicos urgentes não podem ser-lhes recusados por motivo de irregularidade em matéria de permanência ou de emprego.

Artigo 29º
O filho de um trabalhador migrante tem o direito a um nome, ao registro do nascimento e a uma nacionalidade.

Artigo 30º
O filho de um trabalhador migrante tem o direito fundamental de acesso à educação em condições de igualdade de tratamento com os nacionais do Estado interessado. Não pode ser negado ou limitado o acesso a estabelecimentos públicos de ensino pré-escolar ou escolar por motivo de situação irregular em matéria de permanência ou emprego de um dos pais ou com fundamento na permanência irregular da criança no Estado de emprego.

Artigo 31º
1. Os Estados Partes asseguram o respeito da identidade cultural dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias e não os impedem de manter os laços culturais com o seu Estado de origem.
2. Os Estados Partes podem adotar as medidas adequadas para apoiar e encorajar esforços neste domínio.

Artigo 32º
Cessando a sua permanência no Estado de emprego, os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias têm o direito de transferir os seus ganhos e as suas poupanças e, nos termos da legislação aplicável dos Estados interessados, os seus bens e pertences.

Artigo 33º
1. Os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias têm o direito de serem informados pelo Estado de origem, Estado de emprego ou Estado de trânsito, conforme o caso, relativamente:
a) Aos direitos que lhes são reconhecidos pela presente Convenção;
b) Às condições de admissão, direitos e obrigações em virtude do direito e da prática do Estado interessado e outras questões que lhes permitam cumprir as formalidades administrativas ou de outra natureza exigidas por esse Estado.
2. Os Estados Partes adotam todas as medidas que considerem adequadas para divulgar a referida informação ou garantir que seja fornecida pelos empregadores, sindicatos ou outros organismos ou instituições apropriadas. Para este efeito, cooperam com outros Estados interessados, se tal se mostrar necessário.
3. A informação adequada será facultada gratuitamente aos trabalhadores migrantes e aos membros das suas famílias que o solicitem, na medida do possível numa língua que compreendam.

Artigo 34º
Nenhuma das disposições da Parte III da presente Convenção isenta os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias do dever de cumprir as leis e os regulamentos dos Estados de trânsito e do Estado de emprego e de respeitar a identidade cultural dos habitantes desses Estados.

Artigo 35º
Nenhuma das disposições da parte III da presente Convenção deve ser interpretada como implicando a regularização da situação dos trabalhadores migrantes ou dos membros das suas famílias que se encontram indocumentados ou em situação irregular, ou um qualquer direito a ver regularizada a sua situação, nem como afetando as medidas destinadas a assegurar condições satisfatórias e eqüitativas para a migração internacional, previstas na parte VI da presente Convenção.

Parte IV:

Outros direitos dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas
famílias que se encontram documentados ou em situação regular

Artigo 36º
Os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias que se encontram documentados ou em situação regular no Estado de emprego gozam dos direitos enunciados nesta parte da presente Convenção, para além dos direitos previstos na parte III.

Artigo 37º
Antes da sua partida ou, o mais tardar, no momento da sua admissão no Estado de emprego, os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias têm o direito de ser plenamente informados pelo Estado de origem ou pelo Estado de emprego, conforme o caso, de todas as condições exigidas para a sua admissão, especialmente as que respeitam à sua permanência e às atividades remuneradas que podem exercer, bem como dos requisitos que devem satisfazer no Estado de emprego e das autoridade a que devem dirigir-se para solicitar a modificação dessas condições.

Artigo 38º
1. Os Estados de emprego devem diligenciar no sentido de autorizarem os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias a ausentar-se temporariamente, sem que tal afete a sua autorização de permanência ou de trabalho, conforme o caso. Ao fazê-lo, os Estados de emprego têm em conta as obrigações e as necessidades especiais dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias, nomeadamente no seu Estado de origem.
2. Os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias têm o direito de ser plenamente informados das condições em que tais ausências temporárias são autorizadas.

Artigo 39º
1. Os trabalhadores migrantes e os membros das suas fremirias têm o direito de circular livremente no território do Estado de emprego e de aí escolher livremente a sua residência.
2. Os direitos referidos no nº 1 do presente artigo não podem ser sujeitos a restrições, com exceção das previstas na lei e que sejam necessárias para proteger a segurança nacional, a ordem pública, a saúde ou moral públicas, ou os direitos e liberdades de outrem e se mostrem compatíveis com os outros direitos reconhecidos na presente Convenção.

Artigo 40º
1. Os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias têm o direito de constituir associações e sindicatos no Estado de emprego para a promoção e a proteção dos seus interesses econômicos, sociais, culturais e de outra natureza.
2. O exercício deste direito só pode ser objeto de restrições previstas na lei e que se mostrem necessárias, numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da ordem pública, ou para proteger os direitos e liberdades de outrem.

Artigo 41º
1. Os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias têm o direito de participar nos assuntos públicos do seu Estado de origem, de votar e de candidatar-se em eleições organizadas por esse Estado, de acordo com a legislação vigente.
2. Os Estados interessados devem facilitar, se necessário e em conformidade com a sua legislação, o exercício destes direitos.

Artigo 42º
1. Os Estados Partes ponderam a possibilidade de estabelecer procedimentos ou instituições que permitam ter em conta, tanto no Estado de origem quanto no Estado de emprego, as necessidades, aspirações e obrigações específicas dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias e, sendo esse o caso, a possibilidade de os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias terem nessas instituições os seus representantes livremente escolhidos.
2. Os Estados de emprego facilitam, de harmonia com a sua legislação nacional, a consulta ou a participação dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias nas decisões relativas à vida e à administração das comunidades locais.
3. Os trabalhadores migrantes podem gozar de direitos políticos no Estado de emprego se este Estado, no exercício da sua soberania, lhes atribuir esses direitos.

Artigo 43º
1. Os trabalhadores migrantes beneficiam de tratamento igual ao que é concedido aos nacionais do Estado de emprego em matéria de:
a) Acesso a instituições e serviços educativos, sem prejuízo das condições de admissão e outras disposições previstas pelas referidas instituições e serviços;
b) Acesso aos serviços de orientação profissional e de colocação;
c) Acesso às facilidades e instituições de formação e aperfeiçoamento profissional;
d) Acesso à habitação, incluindo os programas de habitação social, e proteção contra a exploração em matéria de arrendamento;
e) Acesso aos serviços sociais e de saúde, desde que se verifiquem os requisitos do direito de beneficiar dos diversos programas;
f) Acesso às cooperativas e às empresas em autogestão, sem implicar uma modificação do seu estatuto de migrantes e sem prejuízo das regras e regulamentos das entidades interessadas;
g) Acesso e participação na vida cultural.
2. Os Estados Partes esforçam-se por criar as condições necessárias para garantir a igualdade efetiva de tratamento dos trabalhadores migrantes de forma a permitir o gozo dos direitos previstos no nº 1 deste artigo, sempre que as condições fixadas pelo Estado de emprego relativas à autorização de permanência satisfaçam as disposições pertinentes.
3. Os Estados de emprego não devem impedir que os empregadores de trabalhadores migrantes lhes disponibilizem habitação ou serviços culturais ou sociais. Sem prejuízo do disposto no artigo 70º da presente Convenção, um Estado de emprego pode subordinar o estabelecimento dos referidos serviços às condições geralmente aplicadas no seu território nesse domínio.

Artigo 44º
1. Reconhecendo que a família, elemento natural e fundamental da sociedade, deve receber a proteção da sociedade e do Estado, os Estados Partes adotam as medidas adequadas a assegurar a proteção da família dos trabalhadores migrantes.
2. Os Estados Partes adotam todas as medidas que julguem adequadas e nas respectiva esferas de competência para facilitar a reunificação dos trabalhadores migrantes com os cônjuges, ou com as pessoas cuja relação com o trabalhador migrante produza efeitos equivalentes ao casamento, segundo a legislação aplicável, bem como com os filhos menores, dependentes, não casados.
3. Os Estados de emprego, por motivos de natureza humanitária, ponderam a possibilidade de conceder tratamento igual, nas condições previstas no nº 2 do presente artigo, aos restantes membros da família dos trabalhadores migrantes.

Artigo 45º
1. Os membros das famílias dos trabalhadores migrantes beneficiam no Estado de emprego, em pé de igualdade com os nacionais desse Estado, de:
a) Acesso a instituições e serviços educativos, sem prejuízo das condições de admissão e outras normas fixadas pelas instituições e serviços em causa;
b) Acesso a instituições e serviços de orientação e formação profissional, desde que se verifiquem os requisitos de participação;
c) Acesso aos serviços sociais e de saúde, desde que se encontrem satisfeitas as condições previstas para o benefício dos diversos programas;
d) Acesso e participação na vida cultural.
2. Os Estados de emprego devem prosseguir uma política, se for caso disso em colaboração com os Estados de origem, que vise facilitar a integração dos filhos dos trabalhadores migrantes no sistema local de escolarização, nomeadamente no que respeita ao ensino da língua local.
3. Os Estados de emprego devem esforçar-se por facilitar aos filhos dos trabalhadores migrantes o ensino da sua língua materna e o acesso à cultura de origem e, neste domínio, os Estados de origem devem colaborar sempre que tal se mostre necessário.
4. Os Estados de emprego podem assegurar sistemas especiais de ensino na língua materna dos filhos dos trabalhadores migrantes, se necessário em colaboração com os Estados de origem.

Artigo 46º
Os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias beneficiam, de harmonia com a legislação aplicável dos Estados interessados, os acordos internacionais pertinentes e as obrigações dos referidos Estados decorrentes da sua participação em uniões aduaneiras, de isenção de direitos e taxas de importação e exportação quanto aos bens de uso pessoal ou doméstico, bem como aos bens de equipamento necessário ao exercício da atividade remunerada que justifica a admissão no Estado de emprego:
a) No momento da partida do Estado de origem ou do Estado da residência habitual;
b) No momento da admissão inicial no Estado de emprego;
c) No momento da partida definitiva do Estado de emprego;
d) No momento do regresso definitivo ao Estado de origem ou ao Estado da residência habitual.

Artigo 47º
1. Os trabalhadores migrantes têm o direito de transferir os seus ganhos e economias, em particular as quantias necessárias ao sustento das suas famílias, do Estado de emprego para o seu Estado de origem ou outro Estado. A transferência será efetuada segundo os procedimentos estabelecidos pela legislação aplicável do Estado interessado e de harmonia com os acordos internacionais aplicáveis.
2. Os Estados interessados adotam as medidas adequadas a facilitar tais transferências.

Artigo 48º
1. Em matéria de rendimentos do trabalho auferidos no Estado de emprego, e sem prejuízo dos acordos sobre dupla tributação aplicáveis, os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias:
a) Não ficam sujeitos a impostos, contribuições ou encargos de qualquer natureza mais elevados ou mais onerosos que os exigidos aos nacionais que se encontrem em situação idêntica;
b) Beneficiam de reduções ou isenções de impostos de qualquer natureza, bem como de desagravamento fiscal, incluindo deduções por encargos de família.
2. Os Estados Partes procuram adotar medidas adequadas a fim de evitar a dupla tributação dos rendimentos e das economias dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias.

Artigo 49º
1. Quando a legislação nacional exija autorizações de residência e de trabalho distintas, o Estado de emprego emite, em benefício dos trabalhadores migrantes, uma autorização de residência de duração pelo menos igual à da autorização de trabalho.
2. Os trabalhadores migrantes que, no Estado de emprego, são autorizados a escolher livremente a sua atividade remunerada não são considerados em situação irregular e não perdem a sua autorização de residência pelo mero fato de ter cessado a sua atividade remunerada antes de terminada a autorização de trabalho ou outra autorização.
3. Para permitir que os trabalhadores migrantes mencionados no nº 2 do presente artigo disponham de tempo suficiente para encontrar outra atividade remunerada, a autorização de residência não deve ser retirada, pelo menos durante o período em que têm direito ao subsídio de desemprego.

Artigo 50º
1. Em caso de falecimento do trabalhador migrante ou de dissolução do casamento, o Estado de emprego considera favoravelmente a possibilidade de conceder aos membros da família desse trabalhador, que residam nesse Estado ao abrigo do princípio do reagrupamento familiar, autorização para permanecerem no seu território, devendo tomar em conta o tempo de residência dos mesmos nesse Estado.
2. Os membros da família a quem não for concedida tal autorização devem dispor, antes da sua partida, de um prazo razoável que lhes permita resolver os seus problemas no Estado de emprego.
3. Nenhuma das disposições dos nºs 1 e 2 do presente artigo deve ser interpretada como prejudicando os direitos à permanência e ao trabalho que, de outro modo, são atribuídos aos referidos membros da família pela legislação do Estado de emprego ou pelos tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis a esse Estado.

Artigo 51º
Os trabalhadores migrantes que, no Estado de emprego, não estão autorizados a escolher livremente a sua atividade remunerada não são considerados em situação irregular, nem perdem a sua autorização de residência, pelo simples fato de a sua atividade remunerada ter cessado antes do termo da sua autorização de trabalho, salvo nos casos em que a autorização de residência dependa expressamente da atividade remunerada específica para o exercício da qual foram admitidos no Estado de emprego. Estes trabalhadores migrantes têm o direito de procurar outro emprego, de participar em programas de interesse público e de freqüentar cursos de formação durante o período restante da sua autorização de trabalho, sem prejuízo das condições e restrições constantes desta autorização.

Artigo 52º
1. Os trabalhadores migrantes têm, no Estado de emprego, o direito de escolher livremente a sua atividade remunerada, subordinado às restrições ou condições a seguir especificadas.
2. Em relação a qualquer trabalhador migrante, o Estado de emprego pode:
a) Restringir o acesso a categorias limitadas de empregos, funções, serviços ou atividades, quando o exija o interesse do Estado e esteja previsto na legislação nacional;
b) Restringir a livre escolha da atividade remunerada em conformidade com a sua legislação relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais adquiridas fora do seu território. Todavia, os Estados Partes interessados devem diligenciar no sentido de assegurar o reconhecimento de tais qualificações.
3. No caso dos trabalhadores migrantes portadores de uma autorização de trabalho por tempo determinado, o Estado de emprego pode igualmente:
a) Subordinar o exercício do direito de livre escolha da atividade remunerada à condição de o trabalhador migrante ter residido legalmente no território desse Estado a fim de aí exercer uma atividade remunerada durante o período previsto na legislação nacional e que não deve ser superior a dois anos;
b) Limitar o acesso do trabalhador migrante a uma atividade remunerada, em aplicação de uma política de concessão de prioridade aos seus nacionais ou às pessoas equiparadas para este efeito em virtude da legislação nacional ou de acordos bilaterais ou multilaterais. Tal limitação deixa de ser aplicável a um trabalhador migrante que tenha residido legalmente no território do Estado de emprego a fim de aí exercer uma atividade durante o período previsto na legislação nacional e que não deve ser superior a cinco anos.
4. Os Estados de emprego determinam as condições em que os trabalhadores migrantes, admitidos no seu território para aí ocuparem um emprego, podem ser autorizados a exercer uma atividade por conta própria. Deve ser tomado em conta o período durante o qual os trabalhadores tenham permanecido legalmente no Estado de emprego.

Artigo 53º
1. Os membros da família de um trabalhador migrante que beneficiem de uma autorização de residência ou de admissão por tempo ilimitado ou automaticamente renovável são autorizados a escolher livremente uma atividade remunerada nas condições aplicáveis ao referido trabalhador migrante, nos termos do disposto no artigo 52º da presente Convenção.
2. No caso dos membros da família de um trabalhador migrante que não sejam autorizados a escolher livremente uma atividade remunerada, os Estados Partes ponderam a possibilidade de lhes conceder autorização para exercer uma atividade remunerada, com prioridade em relação aos outros trabalhadores que solicitem a admissão no Estado de emprego, sem prejuízo dos acordos bilaterais e multilaterais aplicáveis.

Artigo 54º
1. Sem prejuízo das condições estabelecidas na sua autorização de residência ou de trabalho e dos direitos previstos nos artigos 25º e 27º da presente Convenção, os trabalhadores migrantes beneficiam de igualdade de tratamento em relação aos nacionais do Estado de emprego, no que respeita a:
a) Proteção contra o despedimento;
b) Prestações de desemprego;
c) Acesso a programas de interesse público destinados a combater o desemprego;
d) Acesso a emprego alternativo no caso de perda do emprego ou de cessação de outra atividade remunerada, sem prejuízo do disposto no artigo 52º da presente Convenção.
2. No caso de um trabalhador migrante invocar a violação das condições do seu contrato de trabalho pelo seu empregador, terá o direito de submeter o seu caso às autoridades competentes do Estado de emprego, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 18 da presente Convenção.

Artigo 55º
Os trabalhadores migrantes a quem tenha sido concedida autorização para exercerem uma atividade remunerada, sujeita às condições previstas nessa autorização, beneficiam de igualdade de tratamento com os nacionais do Estado de emprego no exercício daquela atividade remunerada.

Artigo 56º
1. Os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias a que se refere esta parte da presente Convenção não podem ser expulsos de um Estado de emprego, exceto por razões definidas na legislação nacional desse Estado, e sem prejuízo das garantias previstas na parte III.
2. A expulsão não será acionada com o objetivo de privar os trabalhadores migrantes ou os membros da sua família dos direitos emergentes da autorização de residência e da autorização de trabalho.
3. Na consideração da expulsão de um trabalhador migrante ou de um membro da sua família, devem ser tomadas em conta razões de natureza humanitária e o tempo de residência da pessoa interessada, até esse momento, no Estado de emprego.

Parte V
Disposições aplicáveis a categorias especiais de trabalhadores migrantes e membros das suas famílias

Artigo 57º
As categorias especiais de trabalhadores migrantes indicadas nesta parte da presente Convenção e os membros das suas famílias, que se encontrem documentados ou em situação regular, gozam dos direitos enunciados na parte III e, sem prejuízo das modificações a seguir indicadas, dos direitos enunciados na parte IV.

Artigo 58º
1. Os trabalhadores fronteiriços, tal como são definidos na alínea a) do nº 2 do artigo 2º da presente Convenção, beneficiam dos direitos previstos na parte IV que lhes sejam aplicáveis por força da sua presença e do seu trabalho no território do Estado de emprego, considerando que não têm a sua residência habitual nesse Estado.
2. Os Estados de emprego consideram favoravelmente a possibilidade de atribuir aos trabalhadores fronteiriços o direito de escolher livremente uma atividade remunerada após o decurso de um determinado período de tempo. A concessão deste direito não afeta o seu estatuto de trabalhadores fronteiriços.

Artigo 59º
1. Os trabalhadores sazonais, tal como são definidos na alínea b) do nº 2 do artigo 2 da presente Convenção, beneficiam dos direitos previstos na parte IV que lhes sejam aplicáveis por força da sua presença e do seu trabalho no território do Estado de emprego e que se mostrem compatíveis com o seu estatuto de trabalhadores sazonais, considerando que só estão presentes nesse Estado durante uma parte do ano.
2. O Estado de emprego deve ponderar, sem prejuízo do disposto no nº 1 do presente artigo, a possibilidade de conceder, aos trabalhadores migrantes que tenham estado empregados no seu território durante um período significativo, a oportunidade de realizarem outras atividades remuneradas e dar-lhes prioridade em relação a outros trabalhadores que pretendam ser admitidos nesse Estado, sem prejuízo dos acordos bilaterais e multilaterais aplicáveis.

Artigo 60º
Os trabalhadores itinerantes, tal como são definidos na alínea e) do nº 2 do artigo 2º da presente Convenção, beneficiam dos direitos previstos na parte IV que possam ser-lhes concedidos por força da sua presença e do seu trabalho no território do Estado de emprego e que se mostrem compatíveis com o seu estatuto de trabalhadores itinerantes nesse Estado.

Artigo 61º
1. Os trabalhadores vinculados a um projeto, tal como são definidos na alínea f) do nº 2 do artigo 2º da presente Convenção, e os membros das suas famílias beneficiam dos direitos previstos na parte IV, com excepção das disposições do artigo 43º, nº 1, alíneas b) e c), do artigo 43º, n 1, alínea d), no que respeita a programas de habitação social, do artigo 45º, nº 1, alínea b), e dos artigos 52º a 55º.
2. Se um trabalhador vinculado a um projeto invocar a violação dos termos do seu contrato de trabalho pelo seu empregador, terá o direito de submeter o seu caso às autoridades competentes do Estado a cuja jurisdição está sujeito esse empregador, nos termos previstos no nº 1 do artigo 18º da presente Convenção.
3. Sem prejuízo dos acordos bilaterais ou multilaterais aplicáveis, os Estados Partes interessados diligenciam no sentido de garantir que os trabalhadores vinculados a projetos se encontrem devidamente protegidos pelos regimes de segurança social dos Estados de origem ou de residência durante todo o tempo de participação no projeto. Os Estados Partes interessados adotam as medidas necessárias para evitar a denegação de direitos ou a duplicação de contribuições neste domínio.
4. Sem prejuízo do disposto no artigo 47º da presente Convenção e dos acordos bilaterais ou multilaterais pertinentes, os Estados Partes interessados autorizam o pagamento das remunerações dos trabalhadores vinculados a um projeto no seu Estado de origem ou de residência habitual.

Artigo 62º
1. Os trabalhadores com um emprego específico, tal como são definidos na alínea g) do nº 2 do artigo 2º da presente Convenção, beneficiam de todos os direitos previstos na parte IV, com exceção do disposto no artigo 43º, nº 1, alíneas b) e c), no artigo 43º, nº 1, alínea d), no que respeita a programas de habitação social, no artigo 52º, e no artigo 54º, nº 1, alínea d).
2. Os membros das famílias dos trabalhadores com um emprego específico beneficiam dos direitos relativos aos membros das famílias dos trabalhadores migrantes enunciados na parte IV da presente Convenção, com exceção do disposto no artigo 53º.

Artigo 63
1. Os trabalhadores independentes, tal como são definidos na alínea h) do nº 2, do artigo 2º da presente Convenção, beneficiam de todos os direitos previstos na parte IV, com exceção dos direitos exclusivamente aplicáveis aos trabalhadores assalariados.
2. Sem prejuízo dos artigos 52º e 79º da presente Convenção, a cessação da atividade econômica dos trabalhadores independentes não implica, por si só, a revogação da autorização que lhes seja concedida, bem como aos membros das suas famílias, para poderem permanecer e exercer uma atividade remunerada no Estado de emprego, salvo se a autorização de residência depender expressamente da atividade remunerada específica para o exercício da qual tenham sido admitidos.

Parte VI

Promoção de condições saudáveis, eqüitativas, dignas e justas em matéria de migração internacional de trabalhadores migrantes e de membros das suas famílias

Artigo 64º
1. Sem prejuízo do disposto no artigo 79º da presente Convenção, os Estados Partes interessados consultam-se e cooperam, se tal se mostrar necessário, a fim de promover condições saudáveis, eqüitativas e dignas no que se refere às migrações internacionais dos trabalhadores e dos membros das suas famílias.
2. A este respeito, devem ser tomadas devidamente em conta não só as necessidades e recursos de mão-de-obra ativa, mas também as necessidades de natureza social, econômica, cultural e outra dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias, bem como as conseqüências das migrações para as comunidades envolvidas.

Artigo 65º
1. Os Estados Partes mantêm serviços apropriados para tratamento das questões relativas à migração internacional dos trabalhadores e dos membros das suas famílias. Compete-lhes, nomeadamente:
a) Formular e executar políticas relativas a essas migrações;
b) Assegurar o intercâmbio de informações, proceder a consultas e cooperar com as autoridades competentes dos outros Estados envolvidos em tais migrações;
c) Fornecer informações adequadas, especialmente aos empregadores, aos trabalhadores e às respectivas organizações, acerca das políticas, legislação e regulamentos relativos às migrações e ao emprego, acerca de acordos no domínio das migrações celebrados com outros Estados e outras questões pertinentes;
d) Fornecer informação e prestar assistência adequada aos trabalhadores migrantes e aos membros das suas famílias no que se refere às autorizações, formalidades e providências necessárias para a partida, viagem, chegada, estada, atividades remuneradas, saída e regresso, bem como às condições de trabalho e de vida no Estado de emprego e, ainda, disposições legais e regulamentares vigentes em matéria aduaneira, cambial, fiscal e outras.
2. Os Estados Partes facilitam, na medida em que tal se mostre necessário, a disponibilização de serviços consulares adequados e outros serviços necessários para satisfazer as necessidades de natureza social, cultural e outra dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias.

Artigo 66º
1. Sem prejuízo do disposto no nº 2 do presente artigo, só são autorizados a efetuar operações de recrutamento de trabalhadores para ocuparem um emprego noutro Estado:
a) Os serviços ou organismos oficiais do Estado em que tais operações se realizem;
b) Os serviços ou organismos oficiais do Estado de emprego na base de um acordo entre os Estados interessados;
c) Os organismos instituídos no âmbito de um acordo bilateral ou multilateral.
2. Sob reserva da autorização, aprovação e fiscalização por parte dos órgãos oficiais dos Estados Partes, instituídos de harmonia com a legislação e a prática dos referidos Estados, podem igualmente ser autorizados a efetuar tais operações gabinetes, potenciais empregadores ou pessoas agindo em seu nome.

Artigo 67º
1. Os Estados Partes interessados cooperam, se tal se mostrar necessário, com vista à adoção de medidas relativas à boa organização do regresso ao Estado de origem dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias, quando decidam regressar, quando expire a sua autorização de residência ou de trabalho, ou quando se encontrem em situação irregular no Estado de emprego.
2. Relativamente aos trabalhadores migrantes e aos membros das suas famílias em situação regular, os Estados Partes interessados cooperam, se tal se mostrar necessário, segundo as modalidades por estes acordadas, com vista a promover as condições econômicas adequadas à sua reinstalação e a facilitar a sua reintegração social e cultural duradoura no Estado de origem.

Artigo 68º
1. Os Estados Partes, incluindo os Estados de trânsito, cooperam a fim de prevenir e eliminar os movimentos e o trabalho ilegais ou clandestinos de trabalhadores migrantes em situação irregular. Na prossecução deste objetivo, os Estados interessados tomam, nos limites da sua competência, as providências a seguir indicadas:
a) Medidas apropriadas contra a difusão de informação enganadora respeitante à emigração e à imigração;
b) Medidas destinadas a detectar e a eliminar os movimentos ilegais ou clandestinos de trabalhadores migrantes e de membros das suas famílias e a impor sanções eficazes às pessoas, grupos ou entidades que organizem, realizem ou participem na organização ou direção de tais movimentos;
c) Medidas destinadas a impor sanções eficazes às pessoas, grupos ou entidades que recorram à violência, à ameaça ou à intimidação contra os trabalhadores migrantes ou os membros das suas famílias que se encontrem em situação irregular.
2. Os Estados de emprego adotam todas as medidas adequadas e eficazes para eliminar o emprego, no seu território, de trabalhadores migrantes em situação irregular, impondo nomeadamente, se for caso disso, sanções aos seus empregadores. Tais medidas não prejudicam os direitos que assistem aos trabalhadores migrantes relativamente ao seu empregador, emergentes da sua situação laboral.

Artigo 69º
1. Os Estados Partes, em cujo território se encontrem trabalhadores migrantes e membros das suas famílias em situação irregular, tomam as medidas adequadas para evitar que essa situação se prolongue.
2. Sempre que os Estados Partes interessados considerem a possibilidade de regularizar a situação dessas pessoas, de harmonia com a legislação nacional e os acordos bilaterais ou multilaterais aplicáveis, devem ter devidamente em conta as circunstâncias da sua entrada, a duração da sua estada no Estado de emprego, bem como outras considerações relevantes, em particular as que se relacionem com a sua situação familiar.

Artigo 70º
Os Estados Partes adotam medidas não menos favoráveis do que as aplicadas aos seus nacionais para garantir que as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias em situação regular sejam conformes às normas de saúde, de segurança e de higiene e aos princípios inerentes à dignidade humana.

Artigo 71º
1. Os Estados Partes facilitam, se necessário, o repatriamento para o Estado de origem dos restos mortais dos trabalhadores migrantes ou dos membros das suas famílias.
2. No que respeita à indenização pelo falecimento de um trabalhador migrante ou de um membro da sua família, os Estados Partes prestam assistência, se tal se mostrar conveniente, às pessoas interessadas com vista a assegurar a pronta resolução desta questão. Tal resolução terá por base a legislação nacional aplicável em conformidade com as disposições da presente Convenção e com os acordos bilaterais ou multilaterais relevantes neste domínio.

Parte VII

Aplicação da Convenção

Artigo 72º
1. a) Com o fim de examinar a aplicação da presente Convenção, é instituído um Comitê para a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias ( a seguir designado "o Comitê");
b) O Comitê é composto de dez peritos no momento da entrada em vigor da presente Convenção e, após a entrada em vigor desta para o quadragésimo primeiro Estado Parte, de catorze peritos de alta autoridade moral, imparcialidade e de reconhecida competência no domínio abrangido pela presente Convenção.
2. a) Os membros do Comitê são eleitos por escrutínio secreto pelos Estados Partes, de entre uma lista de candidatos designados pelos Estados Partes, tendo em consideração a necessidade de assegurar uma repartição geográfica eqüitativa, no que respeita quer aos Estados de origem quer aos Estados de emprego, e uma representação dos principais sistemas jurídicos. Cada Estado Parte pode designar um perito de entre os seus nacionais;
b) Os membros do Comitê são eleitos e exercem as suas funções a título pessoal.
3. A primeira eleição tem lugar nos seis meses seguintes à data da entrada em vigor da presente Convenção e, depois disso, todos os dois anos. Pelo menos quatro meses antes da data de cada eleição, o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas convida, por escrito, os Estados Partes a proporem os seus candidatos num prazo de dois meses. O Secretário-Geral elabora, em seguida, a lista alfabética dos candidatos assim apresentados, indicando por que Estados foram designados, e comunica-a aos Estados Partes na presente Convenção, pelo menos um mês antes da data de cada eleição, acompanhada do curriculum vitae dos interessados.
4. As eleições dos membros do Comitê realizam-se quando das reuniões dos Estados Partes convocadas pelo Secretário-Geral para a sede da Organização das Nações Unidas. Nestas reuniões, em que o quorum é constituído por dois terços dos Estados Partes, são eleitos para o Comitê os candidatos que obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos Estados Partes presentes e votantes.
5. a) Os membros do Comitê são eleitos por um período de quatro anos. O mandato de cinco dos membros eleitos na primeira eleição termina ao fim de dois anos. O presidente da reunião tira à sorte, imediatamente após a primeira eleição, os nomes destes cinco elementos.
b) A eleição dos quatro membros suplementares do Comitê realiza-se de harmonia com o disposto nos nºs 2, 3 e 4 do presente artigo, após a entrada em vigor da Convenção para o quadragésimo primeiro Estado Parte. O mandato de dois dos membros suplementares eleitos nesta ocasião termina ao fim de dois anos. O presidente da reunião dos Estados Partes tira à sorte os nomes destes dois elementos.
c) Os membros do Comitê são reelegíveis em caso de recandidatura.
6. Em caso de morte ou de demissão de um membro do Comitê ou se, por qualquer outra razão, um membro declarar que não pode continuar a exercer funções no seio do Comitê, o Estado Parte que havia proposto a sua candidatura designa um outro perito, de entre os seus nacionais, para preencher a vaga até ao termo do mandato, sujeito à aprovação do Comitê.
7. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas põe à disposição do Comitê o pessoal e as instalações necessárias para o desempenho das suas funções.
8. Os membros do Comitê recebem emolumentos provenientes dos recursos financeiros da Organização das Nações Unidas, segundo as condições e modalidades fixadas pela Assembléia Geral.
9. Os membros do Comitê gozam das facilidades, privilégios e imunidades de que beneficiam os peritos em missão junto da Organização das Nações Unidas, previstos nas seções pertinentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas.

Artigo 73º
1. Os Estados Partes comprometem-se a apresentar ao Comitê, através do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, relatórios sobre as medidas legislativas, judiciais, administrativas e de outra natureza que hajam adotado para dar aplicação às disposições da presente Convenção:
a) No ano subseqüente à data da entrada em vigor da presente Convenção para o Estado Parte interessado;
b) Em seguida, de cinco em cinco anos e sempre que o Comitê o solicitar.
2. Os relatórios apresentados em aplicação do presente artigo devem também indicar os fatores e as dificuldades, se a elas houver lugar, que afetem a aplicação efetiva das disposições da presente Convenção e conter informações sobre as características dos movimentos migratórios respeitantes ao Estado interessado.
3. O Comitê estabelece as diretrizes aplicáveis ao conteúdo dos relatórios.
4. Os Estados Partes asseguram aos seus relatórios uma larga difusão nos seus próprios países.

Artigo 74º
1. O Comitê examina os relatórios apresentados por cada Estado Parte e transmite ao Estado Parte interessado os comentários que julgar apropriados. Este Estado Parte pode submeter ao Comitê observações sobre qualquer comentário feito pelo Comitê ao abrigo do disposto no presente artigo. O Comitê pode solicitar aos Estados Partes informações complementares.
2. Antes da abertura de cada sessão ordinária do Comitê, o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas transmite, atempadamente, ao Diretor-Geral do Secretariado Internacional do Trabalho cópia dos relatórios apresentados pelos Estados Partes interessados e informações úteis à apreciação desses relatórios, de modo a possibilitar ao Secretariado prestar assistência ao Comitê, através da disponibilização de conhecimentos especializados nas matérias abordadas na presente Convenção que se inscrevam no mandato da Organização Internacional do Trabalho. O Comitê deve ter em conta, nas suas deliberações, todos os comentários e documentos que o Secretariado lhe possa facultar.
3. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas pode, de igual modo, ouvido o Comitê, transmitir a outras agências especializadas, bem como a organizações intergovernamentais, cópia de partes destes relatórios que se inscrevam no âmbito dos respectivos mandatos.
4. O Comitê pode convidar as agências especializadas e outros órgãos das Nações Unidas, bem como organizações intergovernamentais e outros organismos interessados, a submeter por escrito, para apreciação pelo Comitê, informações sobre a aplicação da presente Convenção nas áreas relativas aos seus domínios de atividade.
5. O Secretariado Internacional do Trabalho é convidado pelo Comitê a designar os seus representantes a fim de participarem, na qualidade de consultores, nas reuniões do Comitê.
6. O Comitê pode convidar outras agências especializadas e órgãos da Organização das Nações Unidas, bem como organizações intergovernamentais, a fazerem-se representar nas suas reuniões quando for apreciada a aplicação de disposições da presente Convenção que se inscrevam no seu mandato.
7. O Comitê submete um relatório anual à Assembléia Geral das Nações Unidas sobre a aplicação da presente Convenção, contendo as suas observações e recomendações, fundadas, nomeadamente, na apreciação dos relatórios e nas observações apresentadas pelos Estados.
8. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas transmite os relatórios anuais do Comitê aos Estados Partes na presente Convenção, ao Conselho Econômico e Social, à Comissão dos Direitos do Homem da Organização das Nações Unidas, ao Diretor-Geral do Secretariado Internacional do Trabalho e a outras organizações relevantes neste domínio.

Artigo 75º
1. O Comitê adota o seu Regulamento interno.
2. O Comitê elege o seu secretariado por um período de dois anos.
3. O Comitê reúne em regra anualmente.
4. As reuniões do Comitê têm habitualmente lugar na sede da Organização das Nações Unidas.

Artigo 76º
1. Qualquer Estado Parte na presente Convenção pode, em virtude do presente artigo, declarar, em qualquer momento, que reconhece a competência do Comitê para receber e apreciar comunicações de um Estado Parte, invocando o não cumprimento por outro Estado das obrigações decorrentes da presente Convenção. As comunicações apresentadas ao abrigo do disposto neste artigo só podem ser recebidas e apreciadas se forem provenientes de um Estado que tenha feito uma declaração, reconhecendo a competência do Comitê, no que lhe diz respeito. O Comitê não recebe as comunicações apresentadas por um Estado que não tenha feito tal declaração. Às comunicações recebidas nos termos do presente artigo é aplicável o seguinte procedimento:
a) Se um Estado Parte na presente Convenção considerar que outro Estado Parte não cumpre as obrigações impostas pela presente Convenção pode, por comunicação escrita, chamar a atenção desse Estado para tal incumprimento. O Estado Parte pode, também, levar esta questão ao conhecimento do Comitê. Num prazo de três meses a contar da recepção da comunicação, o Estado destinatário dirige, por escrito, ao Estado que fez a comunicação uma explicação ou outras declarações destinadas a esclarecer o assunto e que devem incluir, na máxima medida possível e pertinente, indicação sobre as regras processuais e os meios de recurso já utilizados, pendentes ou disponíveis;
b) Se, no prazo de seis meses a contar da data da recepção da comunicação inicial pelo Estado destinatário, a questão não tiver sido resolvida a contento de ambos os Estados Partes interessados, qualquer um destes tem o direito de a submeter à apreciação do Comitê, dirigindo uma notificação ao Comitê bem como ao outro Estado interessado;
c) O Comitê só examinará a questão depois de verificar que todos as vias de recurso internas disponíveis foram esgotadas, em conformidade com os princípios geralmente reconhecidos do Direito internacional. Tal não se aplicará quando o Comitê entender que os procedimentos de recurso ultrapassam os prazos razoáveis;
d) Sob reserva das disposições da alínea c) do presente número, o Comitê coloca-se à disposição dos Estados Partes interessados a fim de obter a solução amigável do litígio, fundada no respeito das obrigações enunciadas na presente Convenção;
e) O Comitê reúne à porta fechada para examinar as comunicações recebidas nos termos do presente artigo;
f) O Comitê pode pedir aos Estados interessados, referidos na alínea b) do presente número, as informações que julgar pertinentes relativamente a qualquer questão submetida nos termos da alínea b) do presente número;
g) Os Estados Partes interessados, referidos na alínea b) do presente número, têm o direito de fazer-se representar quando da apreciação da questão pelo Comitê e de apresentar alegações orais e/ou escritas;
h) O Comitê apresenta um relatório, no prazo de doze meses a contar da recepção da notificação prevista na alínea b) do presente número, nos seguintes termos:
(i) Se for alcançada uma solução nos termos da alínea d) do presente número, o Comitê limita o seu relatório a uma exposição breve dos fatos e da solução alcançada;
(ii) Se não for alcançada uma solução nos termos da alínea d) do presente número, o Comitê expõe, no seu relatório, os fatos relevantes relativos ao objeto do diferendo entre os Estados Partes interessados. O texto das alegações escritas e o auto das alegações orais apresentadas pelos Estados Partes interessados são anexados ao relatório. O Comitê pode também comunicar apenas aos Estados Partes interessados as opiniões que julgar pertinentes. O relatório é comunicado aos Estados Partes interessados.
2. As disposições do presente artigo entrarão em vigor quando dez Estados Partes na presente Convenção tiverem feito a declaração prevista no nº 1 deste artigo.
A declaração é depositada pelo Estado Parte junto do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, que transmitirá uma cópia aos outros Estados Partes.
A declaração pode ser retirada em qualquer momento por notificação dirigida ao Secretário-Geral. A retirada não prejudica a apreciação de qualquer questão que já tenha sido transmitida nos termos do presente artigo; nenhuma outra comunicação de um Estado Parte será recebida ao abrigo do presente artigo depois que o Secretário-Geral tiver recebido a notificação da retirada da declaração, a menos que o Estado Parte interessado haja formulado uma nova declaração.

Artigo 77º
1. Qualquer Estado Parte na presente Convenção pode, em qualquer momento, declarar, nos termos do presente artigo, que reconhece a competência do Comitê para receber e examinar comunicações apresentadas por pessoas sujeitas à sua jurisdição ou em seu nome, invocando a violação por esse Estado Parte dos seus direitos individuais, estabelecidos pela presente Convenção. O Comitê não recebe nenhuma comunicação relativa a um Estado Parte que não tiver feito essa declaração.
2. O Comitê declara inadmissível uma comunicação apresentada nos termos do presente artigo que seja anônima ou julgada abusiva ou incompatível com as disposições da presente Convenção.
3. O Comitê não examina nenhuma comunicação submetida por uma pessoa nos termos do presente artigo, sem se certificar de que:
a) a mesma questão não foi já submetida a outra instância internacional de inquérito ou de decisão;
b) o interessado esgotou os recursos internos disponíveis; tal não se aplica se, na opinião do Comitê, os procedimentos de recurso ultrapassam os prazos razoáveis ou se é pouco provável que as vias de recurso satisfaçam efetivamente o interessado.
4. Sob reserva das disposições do nº 2 do presente artigo, o Comitê dá conhecimento das comunicações apresentadas nos termos deste artigo ao Estado Parte na presente Convenção que tiver feito uma declaração nos termos do nº 1 e tiver, alegadamente, violado uma disposição da Convenção. No prazo de seis meses, o referido Estado submete por escrito ao Comitê explicações ou declarações clarificando o assunto e indicando, se for caso disso, as medidas que haja tomado para ultrapassar a situação.
5. O Comitê examina as comunicações recebidas nos termos do presente artigo, tendo em conta toda a informação fornecida pelo interessado ou em seu nome e pelo Estado posto em causa.
6. O Comitê reúne à porta fechada quando examina as comunicações recebidas nos termos do presente artigo.
7. O Comitê transmite as suas conclusões ao Estado Parte em causa e ao interessado.
8. As disposições do presente artigo entrarão em vigor quando dez Estados Partes na presente Convenção tiverem feito a declaração prevista no nº 1 do presente artigo. Tal declaração será depositada pelo Estado Parte junto do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, que transmitirá cópia aos outros Estados Partes. A declaração pode ser retirada em qualquer momento por notificação dirigida ao Secretário-Geral. A retirada não obsta à apreciação de uma questão objeto de uma comunicação já apresentada nos termos do presente artigo. Nenhuma comunicação apresentada por um indivíduo, ou em seu nome, nos termos do presente artigo, será recebida depois da recepção pelo Secretário-Geral da notificação da retirada da declaração, a menos que o Estado Parte haja formulado uma nova declaração.

Artigo 78º
As disposições do artigo 76º da presente Convenção aplicam-se sem prejuízo de qualquer processo de resolução de litígios ou de queixas no domínio coberto pela presente Convenção, previsto nos instrumentos constitutivos e convenções da Organização das Nações Unidas e das agências especializadas, e não impedem os Estados Partes de recorrerem a qualquer outro processo de resolução de litígios ao abrigo de acordos internacionais a que se encontrem vinculados.

Parte VIII
Disposições gerais

Artigo 79º
Nenhuma disposição da presente Convenção afeta o direito de cada Estado Parte de estabelecer os critérios de admissão de trabalhadores migrantes e de membros das suas famílias. No que se refere às outras questões relativas ao estatuto jurídico e ao tratamento dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias, os Estados Partes ficam vinculados pelas limitações impostas pela presente Convenção.

Artigo 80º
Nenhuma disposição da presente Convenção deve ser interpretada como afetando as disposições da Carta das Nações Unidas e dos atos constitutivos das agências especializadas que definem as responsabilidades respectivas dos diversos órgãos da Organização das Nações Unidas e das agências especializadas no que respeita às questões abordadas na presente Convenção.

Artigo 81º
1. Nenhuma disposição da presente Convenção afeta as disposições mais favoráveis à realização dos direitos ou ao exercício das liberdades dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias que possam figurar:
a) Na legislação ou na prática de um Estado Parte; ou
b) Em qualquer tratado bilateral ou multilateral em vigor para esse Estado.
2. Nenhuma disposição da presente Convenção deve ser interpretada como implicando para um Estado, grupo ou pessoa, o direito a dedicar-se a uma atividade ou a realizar um ato que afete os direitos ou as liberdades enunciados na presente Convenção.

Artigo 82º
Os direitos dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias previstos na presente Convenção não podem ser objeto de renúncia. Não é permitido exercer qualquer forma de pressão sobre os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias para que renunciem a estes direitos ou se abstenham de os exercer. Não é possível a derrogação por contrato dos direitos reconhecidos na presente Convenção. Os Estados Partes tomam as medidas adequadas para garantir que estes princípios são respeitados.

Artigo 83º
Cada Estado Parte na presente Convenção compromete-se:
a) A garantir que toda a pessoa cujos direitos e liberdades reconhecidos na presente Convenção tenham sido violados disponha de um recurso efetivo, ainda que a violação haja sido cometida por pessoas no exercício de funções oficiais;
b) A garantir que, ao exercer tal recurso, o interessado possa ver a sua queixa apreciada e decidida por uma autoridade judiciária, administrativa ou legislativa competente, ou por qualquer outra autoridade competente prevista no sistema jurídico do Estado, e a desenvolver as possibilidades de recurso judicial;
c) A garantir que as autoridades competentes dêem seguimento ao recurso quando este for considerado fundado.

Artigo 84º
Cada Estado Parte compromete-se a adotar todas as medidas legislativas e outras que se afigurem necessárias à aplicação das disposições da presente Convenção.

Parte IX
Disposições finais

Artigo 85º
O Secretário-Geral das Nações Unidas é designado como depositário da presente Convenção.

Artigo 86º
1. A presente Convenção está aberta à assinatura de todos os Estados. Está sujeita a ratificação.
2. A presente Convenção está aberta à adesão de todos os Estados.
3. Os instrumentos de ratificação ou de adesão serão depositados junto do Secretário-Geral das Nações Unidas.

Artigo 87º
1. A presente Convenção entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao termo de um período de três meses após a data do depósito do vigésimo instrumento de ratificação ou de adesão.
2. Para cada um dos Estados que ratificarem a presente Convenção ou a ela aderirem após a sua entrada em vigor, a Convenção entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte a um período de três meses após a data do depósito, por parte desse Estado, do seu instrumento de ratificação ou de adesão.

Artigo 88º
Um Estado que ratifique a presente Convenção ou a ela adira não pode excluir a aplicação de qualquer uma das suas partes ou, sem prejuízo do artigo 3º, excluir da sua aplicação uma categoria qualquer de trabalhadores migrantes.

Artigo 89º
1. Qualquer Estado Parte pode denunciar a presente Convenção, após o decurso de um período de cinco anos a contar da data da entrada em vigor da Convenção para esse Estado, por via de notificação escrita dirigida ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.
2. A denúncia produz efeito no primeiro dia do mês seguinte ao termo de um período de doze meses após a data da recepção da notificação pelo Secretário-Geral.
3. A denúncia não pode ter como efeito desvincular o Estado Parte das obrigações que para si decorrem da presente Convenção relativamente a ação ou omissão praticada anteriormente à data em que a denúncia produz efeito, nem impede, de modo algum, que uma questão submetida ao Comitê anteriormente à data em que a denúncia produz efeito seja apreciada.
4. Após a data em que a denúncia produz efeito para um Estado Parte, o Comitê não aprecia mais nenhuma questão nova respeitante a esse Estado.

Artigo 90º
1. Após o decurso de um período de cinco anos a contar da data da entrada em vigor da presente Convenção, qualquer Estado pode, em qualquer momento, propor a revisão da Convenção por via de notificação dirigida ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. O Secretário-Geral transmite, em seguida, a proposta de revisão aos Estados Partes, solicitando que lhe seja comunicado se são favoráveis à convocação de uma conferência de Estados Partes para apreciação e votação da proposta. Se, nos quatro meses subseqüentes a essa comunicação, pelo menos um terço dos Estados Partes se declarar a favor da realização da referida conferência, o Secretário-Geral convoca-la-á sob os auspícios da Organização das Nações Unidas. As emendas adotadas pela maioria dos Estados Partes presentes e votantes na conferência são submetidas à Assembléia Geral para aprovação.
2. As emendas entram em vigor quando aprovadas pela Assembléia Geral das Nações Unidas e aceites por uma maioria de dois terços dos Estados Partes, de harmonia com as respectivas normas constitucionais.
3. Quando uma emenda entrar em vigor, terá força vinculativa para os Estados que a hajam aceite, ficando os outros Estados Partes ligados pelas disposições da presente Convenção e por todas as emendas anteriores que tenham aceite.

Artigo 91º
1. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas recebe e comunica a todos os Estados o texto das reservas que forem feitas pelos Estados no momento da assinatura, da ratificação ou da adesão.
2. Não é autorizada nenhuma reserva incompatível com o objeto e com o fim da presente Convenção.
3. As reservas podem ser retiradas em qualquer momento por via de notificação dirigida ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, o qual informará todos os Estados. A notificação produz efeito na data da sua recepção pelo Secretário-Geral.

Artigo 92º
1. Em caso de diferendo entre dois ou mais Estados relativamente à interpretação ou aplicação da presente Convenção, que não for resolvido por negociação, será o mesmo submetido a arbitragem a pedido de um dos Estados interessados. Se, no prazo de seis meses a contar da data do pedido de arbitragem, as Partes não chegarem a acordo sobre a organização da arbitragem, o diferendo pode ser submetido ao Tribunal Internacional de Justiça, em conformidade com o Estatuto do Tribunal, por iniciativa de qualquer das Partes.
2. Qualquer Estado Parte pode, no momento da assinatura ou do depósito do instrumento de ratificação ou de adesão da presente Convenção, declarar que não se considera vinculado pelas disposições do nº 1 do presente artigo. Os outros Estados Partes não ficam vinculados pelas referidas disposições em relação ao Estado Parte que tiver formulado tal declaração.
3. Qualquer Estado Parte que tiver formulado uma declaração nos termos do nº 2 anterior pode, em qualquer momento, retirá-la mediante notificação dirigida ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.

Artigo 93º
1. A presente Convenção, cujos textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo fazem igualmente fé, será depositada junto do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.
2. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas transmitirá cópia autenticada da presente Convenção a todos os Estados.
Em fé do que os plenipotenciários abaixo assinados, devidamente habilitados pelos seus governos respectivos, assinaram a Convenção.

CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR, PUNIR E ERRADICAR A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - "CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ" (1994)*

2008-09-13T19:43:00.000-03:00

CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR, PUNIR E ERRADICAR A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - "CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ" (1994)*

A Assembléia Geral,

Considerando que o reconhecimento e o respeito irrestrito de todos os direitos da mulher são condições indispensáveis para seu desenvolvimento individual e para a criação de uma sociedade mais justa, solidária e pacífica;

Preocupada porque a violência em que vivem muitas mulheres da America, sem distinção de raça, classe, religião, idade ou qualquer outra condição, é uma situação generalizada;

Persuadida de sua responsabilidade histórica de fazer frente a esta situação para procurar soluções positivas;

Convencida da necessidade de dotar o sistema interamericano de um instrumento internacional que contribua para solucionar o problema da violência contra a mulher;

Recordando as conclusões e recomendações da Consulta Interamericana sobre a Mulher e a Violência, celebrada em 1990, e a Declaração sobre a Erradicação da Violência contra a Mulher, nesse mesmo ano, adotada pela Vigésima Quinta Assembléia de Delegadas;

Recordando também a resolução AG/RES.1128(XXI-0/91) "Proteção da Mulher Contra a Violência", aprovada pela Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos;

Levando em consideração o amplo processo de consulta realizado pela Comissão Interamericana de Mulheres desde 1990 para o estudo e a elaboração de um projeto de convenção sobre a mulher e a violência, e

Vistos os resultados da Sexta Assembléia Extraordinária de Delegadas,

Resolve:

Adotar a seguinte

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher - "Convenção de Belém do Pará"

Os Estados Partes da presente Convenção,

Reconhecendo que o respeito irrestrito aos Direitos Humanos foi consagrado na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos Humanos e reafirmado em outros instrumentos internacionais e regionais;

Afirmando que a violência contra a mulher constitui uma violação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e limita total ou parcialmente à mulher o reconhecimento, gozo e exercício de tais direitos e liberdades;

Preocupados porque a violência contra a mulher é uma ofensa à dignidade humana e uma manifestação de relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens;

Recordando a Declaração sobre a Erradicação da Violência contra a Mulher, adotada pela Vigésima Quinta Assembléia de Delegadas da Comissão Interamericana de Mulheres, e afirmando que a violência contra a mulher transcende todos os setores da sociedade, independentemente de sua classe, raça ou grupo étnico, níveis de salário, cultura, nível educacional, idade ou religião, e afeta negativamente suas próprias bases;

Convencidos de que a eliminação da violência contra a mulher é condição indispensável para seu desenvolvimento individual e social e sua plena igualitária participação em todas as esferas da vida e

Convencidos de que a adoção de uma convenção para prevenir, punir e erradicar toda forma de violência contra a mulher, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, constitui uma contribuição positiva para proteger os direitos da mulher e eliminar as situações de violência que possam afetá-las

Convieram o seguinte:

Capítulo I

Definição e âmbito de Aplicação

Artigo 1

Para os efeitos desta Convenção deve-se entender por violência contra a mulher qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado.

Artigo 2

Entender-se-á que violência contra a mulher inclui violência física, sexual e psicológica:

a. que tenha ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou em qualquer outra relação interpessoal, em que o agressor conviva ou haja convivido no mesmo domicílio que a mulher e que compreende, entre outros, estupro, violação, maus-tratos e abuso sexual;

b. que tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por qualquer pessoa e que compreende, entre outros, violação, abuso sexual, tortura, maus tratos de pessoas, tráfico de mulheres, prostituição forçada, seqüestro e assédio sexual no lugar de trabalho, bem como em instituições educacionais, estabelecimentos de saúde ou qualquer outro lugar, e

c. que seja perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra.

Capítulo II

Direitos Protegidos

Artigo 3

Toda mulher tem direito a uma vida livre de violência, tanto no âmbito público como no privado.

Artigo 4

Toda mulher tem direito ao reconhecimento, gozo, exercício e proteção de todos os direitos humanos e às liberdades consagradas pelos instrumentos regionais e internacionais sobre direitos humanos. Estes direitos compreendem, entre outros:

a. o direito a que se respeite sua vida;

b. o direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral;

c. o direito à liberdade e à segurança pessoais;

d. o direito a não ser submetida a torturas;

e. o direito a que se respeite a dignidade inerente a sua pessoa e que se proteja sua família;

f. o direito à igualdade de proteção perante a lei e da lei;

g. o direito a um recurso simples e rápido diante dos tribunais competentes, que a ampare contra atos que violem seus direitos;

h. o direito à liberdade de associação;

i. o direito à liberdade de professar a religião e as próprias crenças, de acordo com a lei;

j. o direito de ter igualdade de acesso às funções públicas de seu país e a participar nos assuntos públicos, incluindo a tomada de decisões.

Artigo 5

Toda mulher poderá exercer livre e plenamente seus direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais e contará com a total proteção desses direitos consagrados nos instrumentos regionais e internacionais sobre direitos humanos. Os Estados Partes reconhecem que a violência contra a mulher impede e anula o exercício desses direitos.

Artigo 6

O direito de toda mulher a uma vida livre de violência inclui, entre outros:

a. o direito da mulher de ser livre de toda forma de discriminação, e

b. o direito da mulher ser valorizada e educada livre de padrões estereotipados de comportamento e práticas sociais e culturais baseadas em conceitos de inferioridade ou subordinação.

Capítulo III

DEVERES DOS ESTADOS

Artigo 7

Os Estados Partes condenam todas as formas de violência contra a mulher e concordam em adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, políticas orientadas a prevenir, punir e erradicar a dita violência e empenhar-se em:

a. abster-se de qualquer ação ou prática de violência contra a mulher e velar para que as autoridades, seus funcionários, pessoal e agentes e instituições públicas se comportem conforme esta obrigação;

b. atuar com a devida diligência para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher;

c. incluir em sua legislação interna normas penais, civis e administrativas, assim como as de outra natureza que sejam necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher e adotar as medidas administrativas apropriadas que venham ao caso;

d. adotar medidas jurídicas que exijam do agressor abster-se de fustigar, perseguir, intimidar, ameaçar, machucar ou pôr em perigo a vida da mulher de qualquer forma que atente contra sua integridade ou prejudique sua propriedade;

e. tomar todas as medidas apropriadas, incluindo medidas de tipo legislativo, para modificar ou abolir leis e regulamentos vigentes, ou para modificar práticas jurídicas ou consuetudinárias que respaldem a persistência ou a tolerância da violência contra a mulher;

f. estabelecer procedimentos jurídicos justos e eficazes para a mulher que tenha sido submetida a violência, que incluam, entre outros, medidas de proteção, um julgamento oportuno e o acesso efetivo a tais procedimentos;

g. estabelecer os mecanismos judiciais e administrativos necessários para assegurar que a mulher objeto de violência tenha acesso efetivo a ressarcimento, reparação do dano ou outros meios de compensação justos e eficazes; e

h. adotar as disposições legislativas ou de outra índole que sejam necessárias para efetivar esta Convenção.

Artigo 8

Os Estados Partes concordam em adotar, em forma progressiva, medidas específicas, inclusive programas para:

a. fomentar o conhecimento e a observância do direito da mulher a uma vida livre de violência e o direito da mulher a que se respeitem e protejam seus direitos humanos;

b. modificar os padrões sócio-culturais de conduta de homens e mulheres, incluindo a construção de programas de educação formais e não-formais apropriados a todo nível do processo educativo, para contrabalançar preconceitos e costumes e todo outro tipo de práticas que se baseiem na premissa da inferioridade ou superioridade de qualquer dos gêneros ou nos papéis estereotipados para o homem e a mulher que legitimam ou exacerbam a violência contra a mulher;

c. fomentar a educação e capacitação do pessoal na administração da justiça, policial e demais funcionários encarregados da aplicação da lei, assim como do pessoal encarregado das políticas de prevenção, sanção e eliminação da violência contra a mulher;

d. aplicar os serviços especializados apropriados para o atendimento necessário à mulher objeto de violência, por meio de entidades dos setores público e privado, inclusive abrigos, serviços de orientação para toda a família, quando for o caso, e cuidado e custódia dos menores afetados;

e. fomentar e apoiar programas de educação governamentais e do setor privado destinados a conscientizar o público sobre os problemas relacionados com a violência contra a mulher, os recursos jurídicos e a reparação correspondente;

f. oferecer à mulher objeto de violência acesso a programas eficazes de reabilitação e capacitação que lhe permitam participar plenamente na vida pública, privada e social;

g. estimular os meios de comunicação a elaborar diretrizes adequadas de difusão que contribuam para a erradicação da violência contra a mulher em todas suas formas e a realçar o respeito à dignidade da mulher;

h. garantir a investigação e recompilação de estatísticas e demais informações pertinentes sobre as causas, conseqüências e freqüência da violência contra a mulher, com o objetivo de avaliar a eficácia das medidas para prevenir, punir e eliminar a violência contra a mulher e de formular e aplicar as mudanças que sejam necessárias; e

i. promover a cooperação internacional para o intercâmbio de idéias e experiências e a execução de programas destinados a proteger a mulher objeto de violência.

Artigo 9

Para a adoção das medidas a que se refere este capítulo, os Estados Partes terão especialmente em conta a situação de vulnerabilidade à violência que a mulher possa sofrer em conseqüência, entre outras, de sua raça ou de sua condição étnica, de migrante, refugiada ou desterrada. No mesmo sentido se considerará a mulher submetida à violência quando estiver grávida, for excepcional, menor de idade, anciã, ou estiver em situação sócio-econômica desfavorável ou afetada por situações de conflitos armados ou de privação de sua liberdade.

Capítulo IV

Mecanismos Interamericanos de Proteção

Artigo 10

Com o propósito de proteger o direito da mulher a uma vida livre de violência, nos informes nacionais à Comissão Interamericana de Mulheres, os Estados Partes deverão incluir informação sobre as medidas adotadas para prevenir e erradicar a violência contra a mulher, para assistir a mulher afetada pela violência, assim como sobre as dificuldades que observem na aplicação das mesmas e dos fatores que contribuam à violência contra a mulher.

Artigo 11

Os Estados Partes nesta Convenção e a Comissão Interamericana de Mulheres poderão requerer à Corte Interamericana de Direitos Humanos opinião consultiva sobre a interpretação desta Convenção.

Artigo 12

Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados membros da Organização, pode apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos petições que contenham denúncias ou queixas de violação do artigo 7 da presente Convenção pelo Estado Parte, e a Comissão considera-las-á de acordo com as normas e os requisitos de procedimento para a apresentação e consideração de petições estipuladas na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e no Estatuto e Regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

Capítulo V

Disposições Gerais

Artigo 13

Nada do disposto na presente Convenção poderá ser interpretado como restrição ou limitação à legislação interna dos Estados Partes que preveja iguais ou maiores proteções e garantias aos direitos da mulher e salvaguardas adequadas para prevenir e erradicar a violência contra a mulher.

Artigo 14

Nada do disposto na presente Convenção poderá ser interpretado como restrição ou limitação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos ou a outras convenções internacionais sobre a matéria que prevejam iguais ou maiores proteções relacionadas com este tema.

Artigo 15

A presente Convenção está aberta à assinatura de todos os Estados membros da Organização dos Estados Americanos.

Artigo 16

A presente Convenção está sujeita a ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados na Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos.

Artigo 17

A presente Convenção fica aberta à adesão de qualquer outro Estado. Os instrumentos de adesão serão depositados na Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos.

Artigo 18

Os Estados poderão formular reservas à presente Convenção no momento de aprová-la, assiná-la, ratificá-la ou aderir a ela, sempre que:

a. não sejam incompatíveis com o objetivo e o propósito da Convenção;

b. não sejam de caráter geral e versem sobre uma ou mais disposições específicas.

Artigo 19

Qualquer Estado Parte pode submeter à Assembléia Geral, por meio da Comissão Interamericana de Mulheres, uma proposta de emenda a esta Convenção.

As emendas entrarão em vigor para os Estados ratificantes das mesmas na data em que dois terços dos Estados Partes tenham depositado o respectivo instrumento de ratificação. Quanto ao resto dos Estados Partes, entrarão em vigor na data em que depositem seus respectivos instrumentos de ratificação.

Artigo 20

Os Estados Partes que tenham duas ou mais unidades territoriais em que funcionem distintos sistemas jurídicos relacionados com questões tratadas na presente Convenção poderão declarar, no momento da assinatura, ratificação ou adesão, que a Convenção aplicar-se-á a todas as unidades territoriais ou somente a uma ou mais.

Tais declarações poderão ser modificadas em qualquer momento mediante declarações ulteriores, que especificarão expressamente a ou as unidades territoriais às quais será aplicada a presente Convenção. Tais declarações ulteriores serão transmitidas à Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos e entrarão em vigor trinta dias após seu recebimento.

Artigo 21

A presente Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data que tenha sido depositado o segundo instrumento de ratificação. Para cada Estado que ratifique ou adira à Convenção, depois de ter sido depositado o segundo instrumento de ratificação, entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data em que tal Estado tenha depositado seu instrumento de ratificação ou adesão.

Artigo 22

O Secretário Geral informará a todos os Estados membros da Organização dos Estados Americanos da entrada em vigor da Convenção.

Artigo 23

O Secretário Geral da Organização dos Estados Americanos apresentará um informe anual aos Estados membros da Organização sobre a situação desta Convenção, inclusive sobre as assinaturas, depósitos de instrumentos de ratificação, adesão ou declarações, assim como as reservas porventura apresentadas pelos Estados Partes e, neste caso, o informe sobre as mesmas.

Artigo 24

A presente Convenção vigorará indefinidamente, mas qualquer dos Estados Partes poderá denunciá-la mediante o depósito de um instrumento com esse fim na Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos. Um ano depois da data do depósito de instrumento de denúncia, a Convenção cessará em seus efeitos para o Estado denunciante, continuando a subsistir para os demais Estados Partes.

Artigo 25

O instrumento original da presente Convenção, cujos textos em espanhol, francês, inglês e português são igualmente autênticos, será depositado na Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos, que enviará cópia autenticada de seu texto para seu registro e publicação à Secretaria das Nações Unidas, de conformidade com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas.

___________

* Adotada pela Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos em 06 de junho de 1994 - ratificada pelo Brasil em 27.11.1995

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/belem.htm

ACORDO QUE REGULA AS ATIVIDADES DOS ESTADOS NA LUA E EM OUTROS CORPOS CELESTES

2008-09-13T14:06:00.002-03:00

Adotado pela Assembléia Geral da ONU:5 de dezembro de 1979 (Resolução nº 34/68)
Aberto à assinatura: 18 de dezembro de 1979, Nova Iorque.

Entrada em vigor: 11 de julho de 1984.

* Não ratificado pelo Brasil.

Os Estados-Partes neste Acordo:
— assinalando os êxitos alcançados pelos Estados na exploração e uso da Lua e demais
corpos celestes;
— reconhecendo que a Lua, sendo satélite natural da Terra, desempenha papel importante
na exploração do espaço cósmico;
— determinados firmemente a contribuir, na base da igualdade, para o desenvolvimento
subseqüente de cooperação entre os Estados na exploração e uso da Lua e demais
corpos celestes;
— desejando não permitir a transformação da Lua em zona de conflitos internacionais;
— considerando os benefícios que podem advir do aproveitamento dos recursos naturais
da Lua e demais corpos celestes;
— recordando o Tratado sobre os Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na
Exploração e Uso do Espaço Cósmico, inclusive a Lua e demais Corpos Celestes; o
Acordo sobre o Salvamento e a Devolução de Astronautas e a Restituição de Objetos
Lançados ao Espaço Cósmico; a Convenção sobre a Responsabilidade Internacional
por Danos Causados por Objetos Espaciais e a Convenção sobre o Registro de
Objetos Lançados ao Espaço Cósmico;
— considerando a necessidade de concretizar e desenvolver os dispositivos destes
documentos internacionais para aplicação na Lua e nos outros corpos celestes, tendo
em vista o progresso subseqüente da exploração e uso do espaço cósmico, convieram
no seguinte:

ARTIGO 1º
1. As cláusulas deste Acordo relativas à Lua se aplicarão também aos outros Corpos
Celestes do Sistema Solar, excluída a Terra e com exceção daqueles casos em que
entram em vigor normas jurídicas concretas referentes a qualquer destes corpos celestes.
2. Para fins deste Acordo, as referências à Lua incluirão as órbitas em torno da Lua e outras trajetórias de vôo ou em torno dela.
3. Este Acordo não se aplicará aos materiais de fora da Terra que tenham atingido a
superfície da Terra por meios naturais.
ARTIGO 2º
Todas as atividades na Lua, inclusive sua exploração e uso, devem ser realizadas em
conformidade com o Direito Internacional, em particular com a Declaração sobre os
Princípios do Direito Internacional referente às Relações de Amizade e à Cooperação entre os Estados, em conformidade com a Carta da Organização das Nações Unidas (Resolução 2.625 (XXV) da Assembléia Geral da ONU), adotada em 24 de outubro de 1970, no interesse da manutenção da paz e da segurança internacionais e do fomento à cooperação internacional e à compreensão mútua, com a devida consideração aos interesses de todos os outros Estados-Partes.
ARTIGO 3º
1. A Lua deve ser utilizada por todos os Estados-Partes exclusivamente para fins pacíficos.
2. Na Lua, estão proibidos o uso ou ameaça de uso da força e qualquer outra ação hostil ou mesmo ameaça. Está proibida também a utilização da Lua para realizar qualquer ação semelhante ou fazer qualquer ameaça com relação à Terra, à Lua, às naves espaciais, à tripulação das naves espaciais e aos objetos cósmicos artificiais.
3. Os Estados-Partes estão obrigados a não colocar em órbita da Lua ou em qualquer
trajetória de vôo para a Lua ou em torno dela objetos que levem a bordo armas nucleares ou qualquer outro tipo de armas de destruição em massa, bem como a não instalar nem utilizar tais armas na superfície da Lua ou em seu subsolo.
4. Estão proibidos na Lua o estabelecimento de bases, instalações e fortificações militares, a realização de experiências ou qualquer tipo de armas e a execução de manobras militares. Não se proíbe a utilização de pessoal militar para fins de pesquisa científica ou para qualquer outro fim pacífico. Também não se proíbe a utilização de qualquer equipamento ou instalação necessária à exploração e uso pacífico da Lua.
ARTIGO 4º
1. A exploração e o uso da Lua são patrimônios de toda a humanidade e devem ser
realizados em benefício e no interesse de todos os países, independente do nível de
seu desenvolvimento econômico ou científico. Especial atenção, neste sentido, deve ser dada aos interesses das gerações presentes e futuras, bem como à necessidade de
contribuir para a elevação do nível de vida e a melhoria das condições de progresso e
desenvolvimento econômico e social, em conformidade com a Carta da Organização
das Nações Unidas.
2. Os Estados-Partes, em todas as suas atividades relacionadas com a exploração e uso
da Lua, devem conduzir-se segundo o princípio da cooperação e ajuda mútua. A
cooperação internacional, em conformidade com este Acordo, deve ser a mais ampla
possível e pode realizar-se em base multilateral e bilateral ou através de organizações internacionais intergovernamentais.
ARTIGO 5º
1. Os Estados-Partes devem notificar, da forma mais prática e ampla possível, o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, bem como o grande público e a comunidade científica internacional sobre suas atividades relacionadas com a exploração e uso da Lua. Com referência a cada expedição à Lua, eles devem informar, assim que for possível após seu lançamento, o momento, os objetivos, os locais de realização, os parâmetros da órbita e duração da experiência, e, depois de sua conclusão, dados sobre os resultados alcançados. Quando a expedição se prolongar por mais de sessenta dias, as informações sobre seu andamento, inclusive qualquer resultado científico, devem ser prestadas periodicamente, a cada trinta dias. Com relação às expedições que se prolonguem por mais de seis meses, é necessário comunicar a seguir, apenas dados complementares substancialmente importantes.
2. Quando um Estado-Parte toma conhecimento de que outro Estado-Parte planeja a
realização simultânea de atividade na mesma região ou na mesma órbita em torno da
Lua, na mesma trajetória para a Lua ou em torno dela, ele deve informar imediatamente
o outro Estado do momento e dos planos de realização de suas próprias atividades.
3. Ao realizarem suas atividades em conformidade com este Acordo, os Estados-Partes
devem notificar imediatamente o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas,
bem como o grande público e a comunidade científica internacional sobre qualquer
fenômeno que eles identificarem no espaço cósmico, inclusive na Lua, capaz de constituir ameaça à vida ou à saúde humana, e também sobre sinais de qualquer espécie de vida orgânica.
ARTIGO 6º
1. Na Lua, proclama-se a liberdade de pesquisas científicas, efetuadas por todos os Estados-Partes, sem qualquer discriminação, na base da igualdade e em conformidade com o Direito Internacional.
2. Ao efetuarem pesquisas científicas em conformidade com as cláusulas deste Acordo,
os Estados-Partes têm o direito de recolher na Lua amostras de elementos minerais e
outros e retirá-las de lá. Estas amostras ficam à disposição dos Estados-Partes que
promoveram a sua coleta e podem ser utilizadas por eles para fins científicos. Os
Estados-Partes devem levar em consideração a possibilidade de colocar parte de tais
amostras à disposição de outros Estados-Partes interessados e da comunidade científica
internacional para a realização de pesquisas científicas. Ao realizarem pesquisas
científicas, os Estados-Partes podem, também, utilizar outros materiais da Lua para
manter a capacidade vital de suas expedições, na quantidade necessária a esse fim.
3. Os Estados-Partes consideram desejável a realização na medida mais ampla e prática
possível, de intercâmbio de cientistas e outras pessoas entre as expedições à Lua ou
às instalações lá erguidas.
ARTIGO 7º
1. Ao realizarem a exploração e o uso da Lua, os Estados-Partes devem adotar medidas
para evitar a destruição que modificações indesejáveis lá introduzidas possam provocar ao equilíbrio constituído em seu meio ambiente, assim como a sua contaminação nociva causada por materiais estranhos a este meio ambiente ou por qualquer outra razão. Os Estados-Partes devem adotar, também, medidas para evitar modificações indesejáveis no meio ambiente da Terra provocadas por materiais trazidos de fora da Terra ou por qualquer outra razão.
2. Os Estados-Partes devem notificar ao Secretário-Geral da Organização das Nações
Unidas as medidas adotadas por eles em conformidade com o § 1º deste Artigo, bem
como informá-lo previamente, na medida mais ampla possível, sobre todos os casos de
instalação de materiais radioativos na Lua e sobre os objetos desta instalação.
3. Os Estados-Partes devem enviar aos outros Estados-Partes e ao Secretário-Geral da
Organização das Nações Unidas informações sobre as regiões da Lua que apresentem
especial interesse científico, a fim de que, sem prejuízo dos direitos dos outros Estados-Partes, se possa examinar a questão de declarar tais regiões reservas cientificas internacionais, em relação às quais se devam adotar de comum acordo medidas defensivas especiais, em consulta com os organismos competentes da Organização das Nações Unidas.
ARTIGO 8º
1. Os Estados-Partes podem realizar suas atividades na exploração e no uso da Lua em
qualquer lugar de sua superfície ou subsolo, respeitando as disposições deste Acordo
2. Para tais fins, os Estados-Partes podem, em particular:
a) Pousar seus objetos espaciais na Lua e decolá-los de lá;
b) Estabelecer seu pessoal, aparelhos espaciais, instalações, equipamentos, estações
e construções em qualquer lugar da superfície da Lua ou de seu subsolo.
O pessoal, os aparelhos espaciais, as instalações, os equipamentos, as estações e as
construções podem movimentar-se livremente ou ser deslocados na superfície da Lua
ou em seu subsolo.
3. As ações dos Estados-Partes, em conformidade com os §§ 1º e 2º deste Artigo, não
devem criar obstáculos às atividades que outros Estados-Partes realizam na Lua. Quando surgir tal obstáculo, os Estados-Partes interessados devem promover consultas, em conformidade com os §§ 2º e 3º do Artigo 15 deste Acordo.
ARTIGO 9º
1. Os Estados-Partes podem estabelecer na Lua estações habitáveis e não habitáveis. O
Estado-Parte que estabelecer uma estação deve utilizar apenas a área indispensável
para atender às necessidades da estação e informar imediatamente o Secretário-Geral
da Organização das Nações Unidas sobre a localização e os objetivos desta estação.
A seguir, com intervalos de um ano, o referido Estado deve comunicar, também, ao
Secretário-Geral se esta estação continua ou não sendo utilizada e se seus objetivos
foram ou não alterados.
2. As estações devem ser estabelecidas de modo a não dificultar o livre acesso do
pessoal, aparelhos e instalações dos outros Estados-Partes, que realizam atividades
na Lua, a todas as regiões da Lua, em conformidade com as cláusulas deste Acordo e
do Artigo 1º do Tratado sobre os Princípios Reguladores das Atividades dos Estados
na Exploração e Uso do Espaço Cósmico, inclusive a Lua e demais Corpos Celestes.
ARTIGO 10
1. Os Estados-Partes devem adotar todas as medidas possíveis para proteger a vida e a
saúde das pessoas que se encontrem na Lua. Para esse fim, deverão considerar qualquer
pessoa que se encontre na Lua como astronauta, no sentido do Artigo 5º do Tratado
sobre os Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração e Uso do
Espaço Cósmico, inclusive a Lua e demais Corpos Celestes, e também como membro
da tripulação de uma nave espacial, no sentido do Acordo sobre o Salvamento e a
Devolução dos Astronautas e a Restituição dos Objetos Lançados ao Espaço Cósmico.
2. Os Estados-Partes devem conceder às vítimas de catástrofes que se encontrem na
Lua o direito de abrigo em suas estações, construções, aparelhos e outras instalações.
ARTIGO 11
1. A Lua e seus recursos naturais são patrimônios comuns da humanidade, como expressam as cláusulas do presente Acordo e, em particular, o § 5º deste Artigo.
2. A Lua não pode ser objeto de apropriação nacional por proclamação e soberania, por uso ou ocupação, nem por qualquer outro meio.
3. A superfície ou o subsolo da Lua, bem como partes da superfície ou subsolo e os seus recursos naturais, não podem ser propriedades de qualquer Estado, organização
internacional intergovernamental ou não-governamental, organização nacional ou
entidade não-governamental, ou qualquer pessoa física. O estabelecimento na superfície ou no subsolo da Lua de pessoal, aparelhos espaciais, instalações, equipamentos, estações e construções, inclusive obras vinculadas indissoluvelmente à sua superfície ou subsolo, não cria o direito de propriedade sobre sua superfície ou subsolo e suas partes. Este dispositivo não deve prejudicar o regime internacional referido no § 5º deste Artigo.
4. Os Estados-Partes têm o direito à exploração e ao uso da Lua, sem qualquer
discriminação, em condições de igualdade e em conformidade com o Direito Internacional e as cláusulas deste Acordo.
5. Os Estados-Partes obrigam-se, pelo presente Acordo, a estabelecer um regime
internacional, inclusive procedimentos adequados, para regulamentar a exploração dos
recursos naturais da Lua, quando ficar evidente que esta exploração se tornará
possível dentro em breve. Esta disposição deve ser cumprida em conformidade com o
Artigo 18 deste Acordo.
6. Tendo em vista contribuir para o estabelecimento do regime internacional referido no § 5º deste Artigo, os Estados-Partes devem informar o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, o grande público e a comunidade científica internacional, da forma mais ampla e prática possível, sobre todos os recursos naturais que eles descubram na Lua.
7. Os objetivos fundamentais do regime internacional que deve ser estabelecido incluem:
a) aproveitamento ordenado e seguro dos recursos naturais da Lua;
b) regulamentação racional destes recursos;
c) ampliação das possibilidades de utilização destes recursos; e
d) justa distribuição entre todos os Estados-Partes dos benefícios auferidos destes
recursos, com especial consideração para os interesses e necessidades dos países
em desenvolvimento e também para os esforços daqueles Estados que, direta ou
indiretamente, ajudaram na exploração da Lua.
8. Todas as atividades relacionadas com os recursos naturais da Lua devem ser realizadas de modo a corresponderem aos objetivos indicados no § 7º deste Artigo e aos dispositivos do § 2º do Artigo 6º do presente Acordo.
ARTIGO 12
1. Os Estados-Partes mantêm jurisdição e controle sobre seu pessoal, aparelhos espaciais, instalações, equipamentos, estações e construções na Lua. O direito de propriedade sobre os aparelhos espaciais, instalações, equipamentos, estações e construções mantém-se inalterável durante a permanência na Lua.
2. Com relação aos aparelhos, construções e instalações, ou suas partes constituintes, encontrados fora do lugar indicado de sua localização, devem ser aplicadas as cláusulas do Artigo 5º do Acordo sobre o Salvamento e a Restituição de Astronautas e de Objetos Lançados ao Espaço Cósmico.
3. Em casos excepcionais quando a vida humana estiver ameaçada, os Estados-Partes
podem utilizar as instalações, os aparelhos, as construções, os equipamentos e as
reservas dos outros Estados-Partes na Lua. Informações sobre esta utilização devem
ser enviadas imediatamente ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas
ou ao Estado-Parte interessado.
ARTIGO 13
O Estado-Parte, ao tomar conhecimento da ocorrência de um desastre com o pouso
forçado ou involuntário de um objeto espacial não lançado por ele ou da queda de partes constituintes deste objeto espacial, deve notificá-lo imediatamente ao Estado-Parte que lançou o referido objeto e ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.
ARTIGO 14
1. Os Estados-Partes deste Acordo têm a responsabilidade internacional sobre as atividades
nacionais realizadas na Lua, independente de serem elas realizadas por órgãos
governamentais ou por pessoas jurídicas não-governamentais, e sobre a garantia de
que as atividades nacionais sejam conduzidas em conformidade com as disposições
contidas no presente Acordo. Os Estados-Partes devem garantir que as pessoas jurídicas não-governamentais, subordinadas à jurisdição de cada um deles, realizem atividades na Lua somente sob controle e vigilância permanente do respectivo Estado-Parte.
2. Os Estados-Partes reconhecem que, com a intensificação das atividades na Lua, pode
surgir a necessidade de acordos detalhados sobre a responsabilidade por danos causados na Lua, complementando as disposições do Tratado sobre os Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração e Uso do Espaço Cósmico, inclusive a Lua e demais Corpos Celestes, e da Convenção sobre a Responsabilidade Internacional por Danos Causados por Objetos Espaciais. Todos estes acordo devem ser elaborados em conformidade com o procedimento estabelecido no Artigo 18 do presente Acordo.
ARTIGO 15
1. Cada Estado-Parte pode comprovar se as atividades dos outros Estados-Partes na
exploração e uso da Lua realizam-se em conformidade com as disposições deste
Acordo. Para esse fim, todos os aparelhos espaciais, instalações, equipamentos, estações e construções na Lua devem estar abertos aos outros Estados-Partes. Estes Estados devem comunicar a projetada visita com razoável antecipação, a fim de permitir a realização das consultas pertinentes e a adoção das medidas de máxima precaução para garantir a segurança e evitar dificuldades no funcionamento normal das instalações sujeitas à visita. Em conformidade com este Artigo, qualquer Estado-Parte pode agir por conta própria, ou com a ajuda plena ou parcial de qualquer outro Estado-Parte, ou através dos procedimentos internacionais adequados nos quadros da Organização das Nações Unidas e segundo a sua Carta.
2. O Estado-Parte que tenha razões para supor que outro Estado-Parte não cumpre as
obrigações que lhe cabem por este Acordo, ou que outro Estado-Parte viola os direitos
pertencentes ao primeiro Estado-Parte segundo este Acordo, pode solicitar a realização de consultas a este Estado-Parte. O Estado-Parte, ao qual foi dirigida a solicitação, deve imediatamente dar início a tais consultas. Qualquer outro Estado-Parte que assim o exigir pode participar destas consultas. Cada Estado-Parte que participar destas consultas deve buscar a solução mutuamente aceitável de qualquer litígio e levar em consideração os direitos e interesses de todos os Estados-Partes. As informações sobre os resultados destas consultas devem ser enviadas ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, que as transmitirá a todos os Estados-Partes interessados.
3. Se as consultas não conduzirem à solução mutuamente aceitável, com a devida
consideração aos direitos e interesses de todos os Estados-Partes, as partes interessadas devem adotar todas as medidas para solucionar o litígio por outros meios pacíficos, à sua escolha e segundo as circunstâncias e a natureza do litígio. Surgindo dificuldades com relação ao início das consultas, ou se as consultas não permitirem chegar à solução mutuamente aceitável, qualquer Estado-Parte, com o objetivo de solucionar o litígio, pode solicitar a assistência do Secretário-Geral, sem pedir o consentimento da outra parte no litígio. O Estado-Parte que não mantém relações diplomáticas com o outro Estado-Parte interessado deve participar de tais consultas, a seu critério, diretamente ou representado por outro Estado-Parte, ou ainda através do Secretário-Geral na qualidade de intermediário.
ARTIGO 16
Neste Acordo, excetuados os Artigos 17 e 21, as referências feitas aos Estados devem
ser consideradas como aplicáveis a qualquer organização internacional intergovernamental que realize atividades espaciais, se esta organização declarar que aceita os direitos e obrigações previstos no presente Acordo e se a maioria dos Estados-Membros desta organização for Estados-Partes do presente Acordo e do Tratado sobre os Princípios Reguladores das Atividades Espaciais dos Estados na Exploração e Uso do Espaço
Cósmico, inclusive a Lua e demais Corpos Celestes. Os Estados-Membros de tal
organização e Partes do presente Acordo devem adotar todas as medidas necessárias
para garantir que esta organização faça uma declaração atendendo às disposição deste
Artigo.
ARTIGO 17
Qualquer Estado-Parte deste Acordo pode propor emendas. As emendas entram em
vigor, para cada Estado-Parte deste Acordo que as aceite, após sua aprovação pela
maioria dos Estados-Partes deste Acordo, e, a seguir, para os demais Estados-Partes
deste Acordo, na data de sua aprovação por cada um deles.
ARTIGO 18
Dez anos após a entrada em vigor deste Acordo, a questão sobre sua revisão deverá ser
incluída na ordem do dia provisória da Assembléia Geral da Organização das Nações
Unidas, para se estudar, com base na experiência de aplicação deste Acordo, se ele
necessita de revisão. Não obstante, a qualquer momento, após cinco anos de vigência
deste Acordo, o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, na condição de
Depositário, deve convocar, por exigência de um terço dos Estados-Partes deste Acordo
e sem o consentimento da maioria dos Estados-Partes, uma conferência para discutir
também a questão de como pôr em prática as disposições do § 5º do Artigo 11, na base
do princípio indicado no § 1º daquele Artigo, considerando, em particular, os avanços
tecnológicos pertinentes.
ARTIGO 19
1. Este Acordo está aberto à assinatura de todos os Estados na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque.
2. Este Acordo está sujeito à ratificação dos Estados signatários. Qualquer Estado que não tenha assinado este Acordo antes de sua entrada em vigor, em conformidade com
o § 3º deste Artigo, pode aderir ao mesmo a qualquer momento. Os instrumentos de
ratificação e os de adesão devem ser depositados junto ao Secretário-Geral da
Organização das Nações Unidas.
3. Este Acordo entra em vigor no trigésimo dia após o depósito de cinco instrumentos de ratificação.
4. Para cada Estado que depositou seu instrumento de ratificação ou de adesão depois
da entrada em vigor do presente Acordo, este entra em vigor no trigésimo dia após o
depósito do respectivo instrumento.
5. O Secretário-Geral deve informar sem demora todos os Estados signatários deste
Acordo, e os que ao mesmo tenham aderido, da data de cada assinatura, da data do
depósito de cada instrumento de ratificação ou de adesão, da data da entrada em vigor
deste Acordo, bem como de outras observações.
ARTIGO 20
Qualquer Estado-Parte deste Acordo, um ano após a sua entrada em vigor, pode
comunicar sua intenção de deixar de ser Parte por meio de notificação escrita enviada ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. A notificação surte efeito um ano após a data de seu recebimento.
ARTIGO 21
Este Acordo, cujos textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo são igualmente autênticos, deve ser depositado junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, que enviará cópias autenticadas deste a todos os Estados signatários e aos que ao mesmo tenham aderido.
EM FÉ do que, os abaixo assinados, devidamente credenciados por seus respectivos
governos para esse fim, assinaram este Acordo, aberto para assinatura em Nova Iorque.

fonte: http://www.aeb.gov.br/area/PDF/AcordoLua.pdf

A Carta Magna do Espaço Cósmico

2008-09-13T13:58:00.001-03:00

José Monserrat Filho *

Neste ano da graça de 2007, quando se comemoram os 50 anos do início da Era Espacial, graças ao lançamento do Sputnik I pela ex-União Soviética em 4 de outubro de 1957, festejam-se também os 40 anos do principal acordo que regula internacionalmente as atividades espaciais: o Tratado do Espaço de 1967. Suas virtudes são notáveis, mas, passado tanto tempo, urge atualizá-lo.

Seu nome real é bem maior: "Tratado sobre Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração e Uso do Espaço Cósmico, inclusive a Lua e demais Corpos Celestes". "Princípios" são normas básicas, orientam todas as demais. O acordo regula as "atividades dos Estados", consideradas fundamentais, pois são os Estados que respondem ante à comunidade mundial pelas atividades espaciais nacionais – públicas e privadas – e, para isso, devem não só autorizar tais atividades como exercer "vigilância continua" sobre elas. "Exploração" não significa "exploração comercial", como se poderia supor, mas "exploração científica", "pesquisa", "estudo". "Uso" indica utilização prática. E "espaço cósmico" ou "espaço exterior" não inclui apenas o váculo ou vazio sideral, por onde passam os vôos espaciais e as órbitas da Terra e dos outros corpos celestes, mas também os próprios corpos celestes de todo tipo: satélites naurais como a Lua, planetas como Marte e todos os demais do sistema solar, além dos cometas, asteróides e qualquer outro corpo celeste que possa surgir.

Assim, o Tratado do Espaço, com substancioso preâmbulo e 17 artigos, é tão abrangente quanto o âmbito em que atua. E constitui a principal referência legal para avaliar e julgar as atividades espaciais, sobretudo aquelas ainda não reguladas de forma específica.

Foi elaborado em plena Guerra Fria pelo Subcomitê Jurídico do Comitê das Nações Unidas (ONU) para o Uso Pacífico do Espaço (COPUOS), durante três anos, em trabalho de difícil harmonização conduzido pelo eminente jurista polonês Manfred Lachs, posteriormente juiz e presidente da Corte Internacional de Justiça. Aprovado pela Assembléia Geral da ONU, em 19 de dezembro de 1966, abriu-se à assinatura dos países, em 27 de janeiro de 1967, simultaneamente em Washington, Moscou e Londres. O Brasil firmou-o três dias depois, em 30 de janeiro. Como não basta a assinatura dos governos para um tratado entrar em vigor, é preciso ratificá-lo (ser aprovado pelos respectivos parlamentos), o Tratado do Espaço entrou em vigor em 10 de outubro daquele mesmo ano, após ter sido ratificado por cinco países. O Brasil não se apressou a ratificá-lo. Só o fez em 5 de março de 1969.

Vivia-se encarniçada corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética, além da corrida para ver quem chegaria primeiro à Lua. Havia também a guerra do Vietnã, desencadeada pelo governo norte-americano e outros pontos "quentes" no mundo. O clima geral era de tensão. A maioria dos países e a opinião pública mundial se opunham ao conflito na Ásia e queriam a retirada das tropas de ocupação. O Tratado do Espaço, ao contrário, vinha atender aos anseios de paz e cooperação. Seu Artigo 1º, definido como "Cláusula do Bem Comum", reza que "a exploração e o uso do espaço cósmico, inclusive da Lua e demais corpos celestes, deverão ter em mira o bem e interesse de todos os países, qualquer que seja o estágio de seu desenvolvimento econômico e científico, e são incumbência de toda a humanidade". Esta é a regra de ouro das artividades espaciais, a pedra angular de todo o Direito Espacial.

O Brasil entrou com dois aportes históricos para melhorar ainda mais o tratado: 1) colocar o critério do bem comum, que de início constava apenas da introdução do Tratado, no seu Artigo 1º, dando-lhe um peso jurídico que da outra forma ele não teria; e 2) acrescentar a expressão "qualquer que seja o estágio de seu desenvolvimento econômico e científico", para deixar o mais claro possível que as atividades espaciais devem beneficar a todos os países, ricos e pobres, adiantados e atrasados, ou seja, independentemente do seu nível de prosperidade e de avanço científico.

Os princípios básicos adotados no Tratado do Espaço falam por si:

1) As atividades espaciais devem ser realizadas tendo em vista o bem e no interesse de todos os países (Art. 1º/1);

2) "O espaço cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes, poderá ser explorado e utilizado livremente por todos os Estados sem qualquer discriminação, em condições de igualdade..." (Art. 1º/2);

3) O espaço e os corpos celestes são inapropriáveis: não podem ser "objeto de apropriação nacional por proclamação de soberania, por uso ou ocupação, nem por qualquer outro meio" (Art. 2º);

4) As atividades espaciais devem efetuar-se segundo o Direito Internacional, inclusive a Carta das Nações Unidas, "com a finalidade de manter a paz e a segurança internacional e de favorecer a cooperação e a compreensão internacionais" (Art. 3º);

5) É proibido pôr em órbita objetos portadores de armas de destruição em massa, ou seja, nucleares, químicas e biológicas (Art. 4º/1);

6) Todos os países "utilizarão o espaço, inclusive a Lua e demais corpos celestes, exclusivamente para fins pacíficos. Estarão proibidos nos corpos celestes o estabelecimento de bases, instalações ou fortificações militares, os ensaios de armas de qualquer tipo e a execução de manobras militares" (Art. 4º/2);

7) Os astronautas são "enviados da humanidade no espaço cósmico" e a eles será prestada "toda a assistência possível em caso de acidente, perigo ou aterrissagem forçada sobre o território de um outro Estado-Parte do Tratado ou em alto-mar" (Art. 5º);

8) Os países "têm a responsabilidade internacional pelas atividades nacionais realizadas no espaço cósmico, inclusive na Lua e demais corpos celestes, quer sejam elas exercidas por organismos governamentais ou por entidades não-governamentais, e de velar para que as atividades nacionais sejam efetuadas de acordo com as disposições anunciadas no presente Tratado" (Art. 6º);

9) O país que lança um objeto ao espaço ou permite que ele seja lançado de seu território ou de suas instalações será responsável pelos danos causados a outro país ou a suas pessoas naturais pelo objeto lançado ou por seus elementos constitutivos, sobre a Terra, no espaço cósmico ou no espaço aéreo, bem como nos corpos celestes (Art. 7º);

10) Realizar atividades espaciais levando em conta os interesses correpondentes dos demais países (Art. 9º);

11) Evitar atividades espaciais que causem contaminação e modificações nocivas ao meio ambiente da Terra (Art. 9º);

12) Promover consultas antes de realizar atividades espaciais capazes de prejudicar as atividades de outros países (Art. 9º).

O Tratado do Espaço foi ratificado por 98 e firmado por 27 dos 192 países membros da ONU. Quando um país assina um tratado, está reconhecendo a sua importância, mas ainda não está se comprometendo a cumprí-lo. Só a ratificação torna o tratado obrigatório para um país. Mas o Tratado do Espaço parece ter conquistado um status especial. Como nenhum país jamais lhe fez qualquer restrição, ele já teria assumido o caráter de costume consagrado por e para toda a comunidade mundial. Seria universalmente aceito como obrigação para todos os países, inclusive aqueles que não o ratificaram, nem o assinaram.

Não por acaso, o Tratado do Espaço é a matriz dos demais instrumentos sobre o espaço e as atividades espaciais, quais sejam: Acordo sobre o Salvamento de Astronautas e Restituição de Astronautas e de Objetos Lançados ao Espaço Cósmico, de 1968; Convenção sobre Responsabilidade Internacional por Danos Causados por Objetos Espaciais, de 1972; Convenção Relativa ao Registro de Objetos Lançados no Espaço Cósmico, de 1976; e Acordo que Regula as Atividades dos Estados na Lua e em Outros Corpos Celestes, de 1979. Também se alicerçam no Tratado do Espaço as seguintes resoluções da Assembléia Geral das Nações Unidas: Princípios Reguladores do Uso pelos Estados de Satélites Artificiais da Terra para Transmissão Direta Internacional de Televisão, de 1982; Princípios Relativos ao Sensoriamento Remoto da Terra desde o Espaço, de 1986; Princípios Relativos ao Uso de Fontes de Energia Nuclear no Espaço Exterior, de 1992; Declaração sobre a Cooperação Internacional na Exploração e Uso do Espaço Exterior em Benefício e no Interesse de todos os Estados, Levando em Especial Consideração as Necessidades dos Países em Desenvolvimento, de 1996; e Aplicação do conceito de "Estado lançador", de 2004.

Contudo, por mais que se exalte a importância do Tratado do Espaço, é impossível ignorar que ele precisa ser atualizado – até com urgência em certos casos –, para impedir qualquer perda de sua autoridade e ampliar sua força e eficiência sobre as atividades espaciais, cada vez mais intensas e complexas.

Em 1967, ao nascer o Tratado do Espaço, o então presidente dos Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, afirmou: "Se não foi possível, até agora, livrar o planeta Terra dos instrumentos de guerra, pelo menos devemos tentar impedir o alastramento desse vírus no espaço". Mal sabia Johnson que este seria hoje, 40 anos depois, uma das mais graves lacunas do Tratado do Espaço: ele proíbe a instalação em órbita de armas de destruição, mas não outros tipos de armas, como as anti-satélite. O resultado é a nova corrida armamentista no espaço, que ora se esboça entre, pelo menos, Estados Unidos, Rússia e China. Ao não vetar todo tipo de arma espacial, o Tratado do Espaço acaba se tornando um bom pretexto para a pesquisa e o desenvolvimento de novos artefatos destinados a destruir satélites. A experiência realizada pela China em 11 de janeiro deste ano, alvejando por míssil um velho satélite de meteorologia do país, deixa claro que, enquando não houver um acordo a respeito, o espaço continuará passível de se converter em campo de batalha.

Na pauta da Conferência da ONU sobre Desarmamento, em Genebra, há um projeto russo-chinês de tratado que visa eliminar o uso de armas no espaço, mas a proposta está bloqueada pelos Estados Unidos.

Outra solução seria propor uma emenda ao Art. 4º do Tratado do Espaço, inclusindo em sua redação o compromisso dos países de não colocarem em órbita qualquer tipo de armas, sejam de destruição em massa ou não, nem usarem-nas, de qualquer forma, no espaço, no espaço em direção à Terra, ou na Terra em direção ao espaço. Por seu Art. 15, todo país que ratificou o Tratado pode propor emendas a ele, e as amendas entram em vigor para cada país após a aprovação da maioria dos países-partes. Provavelmente, a maioria dos 98 países que ratificaram o Tratado votaria a favor da tal emenda. Mas a vitória por maioria de votos poderia não resolver o problema: a emenda com certeza não teria o apoio dos Estados Unidos, e, sem esse apoio essencial, seria difícil à nova regra vetar efetivamente o uso de qualquer arma no espaço. Nesta área, como em outras, o mundo está obrigado a encontrar uma saída com a participação dos Estados Unidos – pelo menos enquanto perdurar a atual correlação de forças na arena internacional. Daí que o futuro do Tratado do Espaço, quanto a haver ou não haver guerra no espaço, depende de uma forte mudança na política da maior potência atual. Ao resto do mundo cabe discutir o tema cada vez mais e pressionar para que essa mudança se dê o quanto antes.

Se e quando for possível alterar esse quadro estratégico mais sensível, outras iniciativas para modernizar o Tratado do Espaço poderão emergir, ser debatidas democraticamente e merecer aprovação com mais facilidade.

Neste sentido, nunca é demais recordar as primeiras palavras de seu preâmbulo. Lá se afirma que os Estados-Partes do Tratado inspiram-se "nas vastas perspectivas que a descoberta do espaço cósmico pelo homem oferece à humanidade" e reconhecem "o interesse que apresenta para toda a humanidade o programa da exploração e uso do espaço cósmico para fins pacíficos".

O espírito do Tratado do Espaço, fundado na idéia de humanidade, está necessariamente comprometido com a época da globalização virtuosa, em que todos os países e povos, sem exceção, têm razões de sobra, boas e más, para se sentirem passageiros de uma imensa nave espacial, o Planeta Terra, com todos os direitos e obrigações que isso implica. O desafio hoje é fazer com que a letra do tratado busque atender mais plenamente às demandas decisivas do nosso tempo, como legítima "incumbência de toda a humanidade".

A tarefa está anos-luz distante de ser fácil e simples. Mas, afinal, somos ou não somos a única espécie inteligente conhecida até agora no Universo, capaz de descobrir os caminhos mais justos e produtivos, de discernir eticamente e de traçar o seu próprio destino?

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* Vice-Presidente da SBDA, membro da Diretoria do Instituto Internacional de Direito Espacial, membro da Academia Internacional de Astronáutica e do Comitê de Direito Espacial da International Law Association (ILA), autor de "Direito e Política na Era Espacial – Podemos ser mais justos no espaço do que na Terra?" (Editora Vieira&Lent, 2007) E-mail: monserrat@allternex.com.br

fonte: http://www.sbda.org.br/artigos/Anterior/37.htm

Resolução da ONU sobre o conceito de Estado lançador

2008-09-13T13:54:00.001-03:00

José Monserrat Filho
Vice-presidente da SBDA
membro da diretoria do Instituto International de Direito Espacial
membro do Comitê Espacial da International Law Association (ILA).
E-mail: monserrat@alternex.com.br

As atividades espaciais ganharam mais uma referência jurídica internacional: a resolução 59/115, aprovada pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 10 de dezembro de 2004, sobre "Aplicação do conceito de ‘Estado lançador’".

Agora são seis as resoluções da Assembléia Geral sobre questões espaciais, preparadas pelo Subcomitê Jurídico do Comitê das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço Exterior (COPUOS).

Reúno aqui informações básicas sobre a nova resolução, seu lugar no Direito Espacial, suas origens, seus principais traços e propósitos. A idéia é divulgá-la e torná-la conhecida o mais possível.

Quanto à sua análise e avaliação, fica como desafio a quem queira se aventurar no estudo do amplo tema do Estado lançador, hoje central na regulamentação das atividades espaciais.

Incluo aqui o texto integral da resolução na versão oficial em inglês, distribuída pelo Escritório da ONU para Assuntos Espaciais, e a versão em português, de minha exclusiva responsabilidade.

O lugar no Direito Espacial

A resolução sobre o conceito de "Estado lançador" vem se somar ao conjunto de cinco importantes documentos já existentes:

1) Declaração dos Princípios Jurídicos Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração e Uso do Espaço Cósmico, de 1963;

2) Princípios Reguladores do Uso pelos Estados de Satélites Artificiais da Terra para Transmissão Direta Internacional de Televisão, de 1982;

3) Princípios sobre o Sensoriamento Remoto da Terra a partir do Espaço Exterior, de 1986;

4) Princípios relativos ao Uso de Fontes de Energia Nuclear no Espaço Exterior, de 1992; e

5) Declaração sobre a Cooperação International na Exploração e Uso do Espaço Exterior em Benefício e no Interesse de Todos os Estados, levando em Especial Consideração as Necessidades dos Países em Desenvolvimento, de 1996.

Estas resoluções, junto com os cinco tratados espaciais também elaborados pelo COPUOS e aprovados pela Assembléia Geral da ONU, formam o que chamamos o Corpus Iures Spatialis, ou seja, o corpo de instrumentos jurídicos internacionais destinados a regulamentar as atividades espaciais e a estabelecer o regime jurídico do espaço exterior e dos corpos celestes.

Os cinco tratados espaciais em vigor para os Estados que os ratificaram são:

1) Tratado sobre Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração e Uso do Espaço Cósmico, inclusive a Lua e Demais Corpos Celestes, de 1967;

2) Acordo sobre o Salvamento de Astronautas e Restituição de Astronautas e de Objetos Lançados ao Espaço Cósmico, de 1968;

3) Convenção sobre Responsabilidade Internacional por Danos Causados por Objetos Espaciais, de 1972;

4) Convenção Relativa ao Registro de Objetos Lançados ao Espaço Cósmico, de 1975; e

5) Acordo que Regula as Atividades dos Estados na Lua e em Outros Corpos Celestes, de 1979.

Note-se que há 26 anos – desde aprovação do Acordo da Lua pela Assembléia Geral da ONU por unanimidade, em 1979 – nenhum outro tratado espacial foi proposto no COPUOS. Neste quarto de século, as atividades espaciais se intensificaram, diversificaram e se tornaram mais complexas e abrangentes. Hoje, são absolutamente indispensáveis à vida cotidiana e ao desenvolvimento de todos os países.

Para não se ter uma visão estreita e errônea das fontes do Direito Espacial, cabe lembrar uma série de tratados, que, embora de forma parcial, também contribuem para ordenar as atividades espaciais e construir o regime jurídico do espaço exterior.

Eis os principais deles:

1) Tratado de Proscrição das Experiências com Armas Nucleares na Atmosfera, no Espaço Cósmico e sob a Água, de 1963;

2) Tratado Anti Mísseis Balísticos (ABM), de 1972;

3) Constituição e Convenção da União Internacional de Telecomunicações (UIT), de 1992;

4) Convenção Internacional sobre Distribuição de Sinais Portadores de Programas e Transmitidas por Satélite, de 1974;

5) Acordo sobre a Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite (Intelsat), com anexos, e Acordo Operativo sobre a Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite, de 1971;

6) Acordo sobre a criação do Sistema Internacional e da Organização de Telecomunicações Cósmicas "Intersputnik", de 1971;

7) Convenção sobre a Criação da Agência Espacial Européia (ESA), de 1975;

8) Acordo da Organização Árabe de Comunicações por Satélite (Arabsat), de 1976;

9) Acordo Multilateral de Cooperação entre Governos para a Exploração e Utilização do Espaço Cósmico para Fins Pacíficos (InterCosmos), de 1976;

10) Convenção sobre a Constituição da Organização Internacional de Telecomunicações Móveis por Satélite, de 1976;

11) Convenção Constitutiva da Organização Européia de Telecomnicações por Satélite (Eutelsat), de 1982;

12) Convenção Constitutiva da Organização Européia de Satélites de Meteorologia (Eumetsat), de 1983.

Valor jurídico da resolução

Os tratados e as resoluções da Assembléia Geral da ONU, é evidente, não têm o mesmo peso legal. Os tratados são obrigatórios para os países que os ratificaram. As resoluções são apenas recomendações, não vinculam, não obrigam os Estados, nem mesmo os que votaram a seu favor na Assembléia Geral da ONU.

Há quem veja poder vinculante em certas resoluções da Assembléia Geral da ONU. Seria o caso da resolução que proclama os Princípios sobre Sensoriamento Remoto. Segundo opiniões respeitáveis, ela teria se convertido em costume internacional e, portanto, em norma obrigatória, graças à sua ampla aceitação e aplicação na prática. Essa avaliação, no entanto, ainda suscita polêmicas e certa resistência.

Nada disso, porém, se aplica à resolução sobre Estado lançador. Conforme seus próprios termos, ela não passa de uma recomendação, importante, sim, mas claramente limitada em suas implicações legais.

Origens

O projeto de resolução sobre "Aplicação do conceito de ‘Estado Lançador’" foi elaborado com base no relatório do Grupo de Trabalho designado pelo Subcomitê Jurídico do COPUOS para estudar o assunto durante três anos, de 2000 a 2002. E mereceu aprovação na 43ª sessão deste subcomitê, realizada de 29 de março a 8 de abril de 2004.

O conceito de Estado lançador liga-se a três pontos importantes:

I) Controle das atividades espaciais;

II) Responsabilidade por danos; e

III) Registro dos objetos espaciais.

A figura do Estado lançador surge junto com o primeiro lançamento ao espaço exterior que marca o início da Era Espacial. Quem lançou, em outubro de 1957, o primeiro satélite artificial da Terra por meio de um foguete foi o primeiro Estado lançador, no caso a ex-URSS.

Durante muitos anos, todos os lançamentos espaciais foram realizados por Estados. Com a comercialização e privatização das atividades espaciais, apareceram as empresas privadas lançadoras, que hoje realizam um número crescente de lançamentos.

A definição de Estado lançador é, antes de mais nada e acima de tudo, uma questão internacional, porque interessa a todos os Estados, sejam ou não lançadores, bem como a toda a comunidade internacional, incluindo-se aí as organizações internacionais governamentais e não-governamentais, as empresas nacionais e multinacionais, além de todos os habitantes da Terra.

As fontes do Direito Espacial Internacional que tratam do conceito de Estado lançador são:

I) Tratado sobre Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração e Uso do Espaço Cósmico, Inclusive a Lua e Demais Corpos Celestes, de 1967, mais conhecido como o "Tratado do Espaço";

II) Convenção sobre Responsabilidade Internacional por Danos Causados por Objetos Espaciais, de 1972, mais conhecido como a "Convenção de Responsabilidade por Danos";

III) Convenção Relativa ao Registro de Objetos Lançados ao Espaço Cósmico, de 1975, mais conhecida como "Convenção de Registro".

O Artigo VI do Tratado do Espaço determina que cabe ao Estado autorizar as atividades espaciais de entidades privadas e manter vigilância contínua sobre estas atividades. Ou seja, as atividades espaciais privadas devem ser autorizadas e controladas pelo respectivo Estado lançador.

Este Artigo VI é que menciona o componente Estado ou Estado pertinente (appropriate State), que autoriza as atividades espaciais nacionais e as mantém sob sua supervisão.

Por que é preciso definir o conceito de Estado lançador? Porque é necessário identificar o Estado responsável pelas atividades espaciais e por eventuais danos causados por objetos lançados ao espaço.

A clara responsabilidade do Estado lançador certamente também o leva a trabalhar da melhor maneira possível para não cometer erros e assim evitar acidentes.

A definição vigente de Estado lançador está no Tratado do Espaço de 1967, na Convenção sobre Responsabilidade Internacional por Danos Causados por Objetos Espaciais, de 1972, e na Convenção Relativa ao Registro de Objetos Lançados ao Espaço Cósmico, de 1975.

A Convenção sobre Responsabilidade é um desenvolvimento do Artigo VII do Tratado do Espaço de 1967, que estabelece: O Estado que proceda ou mande proceder ao lançamento de um objeto ao espaço e o Estado, cujo território ou instalações serviram ao lançamento de um objeto ao espaço, respondem internacionalmente pelos danos causados a outro Estado ou a suas pessoas naturais pelo referido objeto ou por seus elementos constitutivos, sobre a Terra, no espaço cósmico ou no espaço aéreo, inclusive na Lua e demais corpos celestes.

Daí que, pelo Artigo 1º da Convenção sobre Responsabilidade, o termo Estado lançador significa:

i) um Estado que lança ou promove o lançamento de um objeto espacial;

ii) um Estado de cujo território ou de cujas instalações é lançado um objeto espacial.

Assim, não há lançamento sem, pelo menos, um Estado lançador responsável. Mesmo quando o lançamento é realizado por um empresa privada, a responsabilidade internacional sempre recairá sobre o Estado lançador à cuja jurisdição essa empresa privada está subordinada.

Hoje, os lançamentos espaciais são, cada vez mais, operações comerciais com a participação de diferentes Estados, empresas estatais, empresas privadas e empresas mistas. Muitas vezes, há mais de um Estado lançador e, portanto, mais de um Estado responsável pelo lançamento.

O interesse do Brasil

O Brasil tem, necessariamente, especial interesse no tema. É um Estado lançador por várias razões:

- lançou dois satélites de coleta de dados (SCD-1 e SCD-2);

- promoveu o lançamento de cinco satélites de telecomunicações, a série Brasilsat, da Embratel, hoje pertencente a um grupo privado mexicano;

- responde, junto com a China, pela construção e lançamento dos satélites de recursos terrestres CBERS-1 e o CBERS-2, colocados em órbita por foguetes Longa Marcha, da China;

- tem construído e lançado grande número de sondas espaciais; e

- desenvolve um veículo lançador de satélites, o VLS-1, que, em 2007, deve realizar sua quarta tentativa de lançamento;

- planeja introduzir o Centro de Lançamento de Alcântara no mercado mundial de lançamentos comerciais, o que o tornará responsável por cada um dos lançamentos ali realizados;

- firmou acordo com a Ucrânia para a realização de lançamentos comerciais a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, usando foguetes ucranianos Cyclone-4.

Como surgiu a questão?

Um jurista alemão, Kai-Uwe Schrogl, esteve entre os primeiros a discutir o tema no Subcomitê Jurídico do COPUOS.

Ele chefia a área de Estratégias de Negócios e Relações Exteriores (Business Strategies and External Relations) do Centro Aeroespacial Alemão (German Aerospace Center) e presidiu o Grupo de Trabalho designado pelo Subcomitê Jurídico do COPUOS para examinar o conceito de "Estado Lançador".

Kai-Uwe Schrogl participou do 51º Congresso Internacional de Astronáutica, realizado no Rio de Janeiro de 2 a 6 de outubro 2000, e, em 11 de outubro, visitou a sede da SBDA, onde conversou demoradamente com membros do Núcleo de Estudos de Direito Espacial sobre os problemas relativos à definição de "Estado lançador", que também vinham sendo analisados em sucessivas reuniões do Núcleo.

Depois, respondendo por escrito a perguntas sobre a matéria, ele fez algumas observações e revelações – publicadas nº 81 da revista da SBDA – que merecem ser aqui reproduzidas, para que se tenha uma noção mais completa sobre como o tema emergiu.

Eis o que ele nos escreveu, então:

"O conceito jurídico de Estado lançador fazia parte da proposta européia para aperfeiçoar a Convenção de Registro. A iniciativa, de 1998, foi discutida de modo bastante controverso no Subcomitê Jurídico do COPUOS. As delegações não conseguiram entrar em acordo sobre um pacote de propostas concretas para alterar a Convenção de Registro, mas concordaram, pelo menos, com a opinião de que o conceito jurídico de Estado lançador deveria ser analisado à luz das evoluções recentes. Foi então que o Subcomitê Jurídico decidiu criar um Grupo de Trabalho dedicado a esse tema por um período de três anos, iniciado em 2000."

"Havia uma razão muito concreta para trazer à tona o assunto. Era a criação da empresa privada Sea Launch, anunciando o lançamento de satélites a partir de uma plataforma ancorada em alto mar, no Oceano Pacífico – fora, portanto, das águas territoriais de qualquer país. À época, surgiu também a preocupação de que poderia ser muito difícil identificar o Estado lançador, portador da responsabilidade estatal (responsability) e da responsabilidade civil (liability) pela nova empresa (venture). Isso se devia ao grande número de parceiros internacionais integrantes do projeto, liderado por empresas dos EUA e da Rússia, e também ao fato de que sua sede fora registrada nas Ilhas Cayman. Hoje, a preocupação já não existe, porque não só os EUA mas também o Reino Unido licenciaram a empresa, tornando-se, eles próprios, seus Estados lançadores. Um problema latente continua existindo: na era das atividades espaciais privadas, seremos capazes de identificar o Estado lançador responsável por um acidente efetivo ou, na pior das hipóteses, poderá não haver Estado lançador de modo algum e os prejuízos, neste caso, não serem reparados?"

"A legislação nacional que trata do licenciamento (autorização) das atividades espaciais é o vínculo entre as obrigações internacionais dos Estados partes dos tratados espaciais, e de suas organizações privadas. Através do licenciamento, o Estado dá a conhecer seu status como Estado lançador responsável, o que, em geral, é uma boa notícia para a comunidade internacional, potencialmente ameaçada por acidentes. Como o problema da interpretação do conceito jurídico de Estado lançador surgiu com as atividades espaciais privadas, o estabelecimento de sistemas nacionais de licenciamento poderia ser visto como um meio bastante eficiente de resolver muitos dos problemas emergentes."

"Com o tema do conceito jurídico de Estado lançador, estamos, pela primeira vez no Subcomitê Jurídico, tocando na questão mais ampla das atividades espaciais comerciais e privadas."

A essência da resolução sobre Estado lançador

A meu juízo, são três os seus pontos centrais:

- Ela recomenda que, em lançamentos conjuntos, os Estados lançadores assinem acordos entre si sobre a responsabilidade de cada um no caso, como permite a Convenção sobre Responsabilidade;

- Recomenda que os Estados lançadores apresentem relatórios sobre suas práticas a respeito da transferência da propriedade de objetos espaciais ainda em órbita, uma questão que tende a crescer.

- Recomenda que os Estados procurem harmonizar entre si essas suas práticas mais adequadas para melhor compatibilizar a legislação espacial nacional com as normas internacionais.

A resolução – e isso foi reiterado um sem-número de vezes durante todo o processo de sua discussão e aprovação, bem como em sua própria introdução – não pode ser vista como interpretação e, muito menos, como mudança das normas das Convenções a que ela se refere.

Não obstante, ela tem, pelo menos, a virtude de enfatizar alguns dos principais dispositivos que estão a exigir profunda revisão, para ganharem o vigor da atualidade e poderem atender às complicadas demandas deste início do século XXI.

| Associação Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial |

http://www.sbda.org.br/artigos/Anterior/25.htm

Quem manda no espaço?

2008-09-13T13:53:00.000-03:00

Quem manda no espaço?

José Monserrat Filho *

Cada país responde internacionalmente pelas atividades espaciais de suas entidades públicas e privadas - reza o Artigo 6º do Tratado do Espaço, de 1967, a lei maior deste setor de atividades.

Para tanto, cada país deve 'velar para que as atividades das entidades não-governamentais (ou seja, empresas privadas) no espaço cósmico, inclusive na Lua e demais corpos celestes sejam efetuadas de acordo com as disposições anunciadas no presente Tratado'.

Assim, cada país está obrigado, ante a comunidade internacional, a autorizar ou não as atividades espaciais de suas empresas privadas e, em caso positivo, a manter sobre elas contínua vigilância.

As empresas privadas com negócios espaciais, portanto, não são juridicamente autônomas ou independentes. Elas sempre dependem da autorização e da avaliação do país ao qual estão subordinadas.

Se uma empresa privada se conduzir de modo ilícito em relação a outros países, seu país de origem tem não apenas o direito como também a obrigação de desautorizar suas atividades espaciais.

Essa ação pressupõe, necessariamente, que os países e seus governos sejam independentes diante de suas empresas privadas.

Há países com independência bastante para garantir avaliações e decisões amplamente objetivas e isentas de seus governos sobre a conduta das empresas.

Mas existem também países em que há fortes e justificadas dúvidas quanto a isso, em vista da nítida promiscuidade entre governo e empresas privadas, o que gera preocupações, polêmicas e, não raro, processos na Justiça.

Nunca é demais lembrar que, por um lado, os países e seus governos, pelo menos constitucionalmente, representam e defendem o bem público, isto é, o interesse da sociedade como um todo; e que, por outro lado, as empresas, pela própria lógica de seus fins lucrativos, estão organicamente dedicadas a atender, ao máximo possível, seus interesses privados, nem sempre compatíveis com os interesses públicos.

Não se trata de tornar único e absoluto o poder público - seja estatal ou social -, nem de anular ou reprimir a empresa (e a iniciativa) privada.

Trata-se de colocar cada um em seu devido lugar, com os respectivos direitos e deveres perfeitamente definidos numa ordem hierárquica, que, no entanto, deve dar clara e inquestionável prioridade ao interesse público.

A este nada pode se sobrepor, por expressar o interesse supremo da sociedade - de proteção à vida, à segurança e ao desenvolvimento de toda a cidadania, sem qualquer discriminação.

Acontece que, nos EUA, para ir direto ao exemplo mais eloqüente, é difícil, senão impossível - em vista daquilo que o ex-presidente Dwight Eisenhower batizou de complexo industrial-militar, que inclui a área espacial, e também outros setores - delimitar os campos de ação do poder público e das empresas privadas, mega-corporações que atuam ao mesmo tempo em vários segmentos estratégicos para o país.

'É impossível dizer onde o Governo termina e a Lockheed começa', declarou Danielle Brian, membro do 'Project on Government Oversight', ONG sem fins lucrativos, com sede em Washington, empenhada em fiscalizar os contratos públicos.

Danielle Brian concluiu de forma contundente: 'A raposa não só trabalha e guarda o galinheiro, mas também mora lá dentro'.A Lockheed Martin é considerada a maior empresa privada do setor de defesa nos EUA.

Para o 'The New York Times', ela 'não governa os EUA, mas ajuda a administrar uma parte espantosamente grande do País', pois 'construiu um formidável império de tecnologia da informação que hoje se estende do Pentágono aos correios'. O jornal acrescenta que ela exerce 'profunda influência' sobre as decisões do Congresso e da Casa Branca: 'Homens que trabalham na ou pela empresa agora ocupam posições como secretário [ministro] da Marinha, secretário dos Transportes, diretor do complexo nacional de armas nucleares e diretor da agência nacional de satélites de espionagem. A lista inclui Stephen J. Hadley, assessor de Segurança Nacional do presidente George W. Bush.'

O 'The New York Times' conta ainda que o conselho supervisor da Lockheed inclui E. C. Aldridge Jr., encarregado de compras do Pentágono, responsável pela aprovação de projetos bilionários.

O peso determinante das empresas privadas na alta administração dos EUA é confirmado por John Kenneth Galbraith, que tem participação ativa na vida política e econômica dos EUA há mais de 70 anos, foi professor de Economia da Universidade Harvard, diretor do Banco Central norte-americano e editor da revista 'Fortune'. Em seu recente e explosivo livro 'A economia das fraudes inocentes: verdades para o nosso tempo', ele diz que 'uma parte grande, vital e cada vez maior do que é chamado de setor público está, para todos os efeitos práticos, no setor privado'. Sobre os administradores das empresas, Galbraith afirma: 'Neste momento, eles estão em íntima ligação com o presidente (Bush), o vice-presidente (Dick Chenney) e o Secretário de Defesa (Donald Rumsfeld). Executivos importantes também ocupam posições de destaque no governo federal; um deles veio da falida e corrupta ENRON para dirigir o exército'.

Galbraith reconhece: 'As empresas são um fato essencial na moderna vida econômica. Precisamos delas. No entanto, elas devem se conformar em aceitar as normas e as restrições públicas necessárias.' Mas o famoso economista também está convencido de que um 'antigo poder privado'... 'controla o projeto de armas, o desenvolvimento de mísseis de defesa e o orçamento militar' - orçamento que hoje beira meio trilhão de dólares, e não há sinais de seja reduzido. Daí que, acentua ele, entre os 'jornalistas inteligentes e corajosos', 'poucos duvidam da influência do poder da empresa sobre o Pentágono, que, no entanto, ainda é rotulado como uma instituição do setor público'. Sua conclusão é de que 'na guerra ou na paz, o setor privado se transformou no setor público'.

Neste contexto, na maior potência do mundo atual, Estado, Governo e empresas privadas se misturam, se completam e se confundem. Seus interesses cruciais são praticamente idênticos. Sua interdependência é imensa. Quando, por exemplo, Lorraine M. Martin, vice-presidente da Divisão de Sistemas Conjuntos de Comando, Controle e Comunicações da Lockheed, afirma que 'queremos saber o que está acontecendo a qualquer momento, em qualquer lugar do Planeta', ela fala como executiva da empresa ou como membro credenciado do governo? Na realidade, ela desempenha as duas funções.

Formalmente, é verdade, o Estado não deixa de ser Estado, o governo não deixa de ser governo e as empresas privadas não deixam de ser empresas privadas.

Mas, se aceitarmos reduzir a análise dos fatos a seus aspectos formais, de ficção jurídica, pouco entenderemos do que efetivamente está em jogo.

A conversão do setor privado em setor público significa, na prática, que o poder público passou a atuar, acima de tudo, a serviço do poder privado, com todos os prejuízos e danos que isso possa acarretar à sociedade como um todo.

Isso propõe questões novas e desafiadoras na aplicação do princípio fundamental da responsabilidade dos Estados pelas atividades espaciais de suas entidades perante os outros países. Com que critérios um Estado profundamente privatizado exerce sua responsabilidade internacional em temas capazes de afetar os interesses públicos dos demais países e de toda a comunidade internacional? Que nível de credibilidade, confiança e segurança este país pode inspirar aos outros? Como assegurar, em tais condições, que a exploração e o uso do espaço sejam realizados, como quer o Artigo 3º do Tratado do Espaço, de modo a favorecer a cooperação e a compreensão internacionais?

Para concluir, mais duas perguntas-chave: com a privatização das atividades espaciais, hoje comandada pelos EUA, não estaria a comunidade internacional de Estados, calcada no princípio do interesse público, transferindo o controle destas atividades às empresas e seus interesses privados? Se assim for, que implicações isso terá sobre a evolução da conquista espacial?

* Jornalista e jurista, editor do 'Jornal da Ciência', vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial, membro da diretoria do Instituto Internacional de Direito Espacial, membro do Comitê de Direito Espacial da International Law Association (ILA). E-mail: monserrat@alternex.com.br.

fonte: http://www.sbda.org.br/artigos/Anterior/25.htm

TRATADO SOBRE PRINCÍPIOS REGULADORES DAS ATIVIDADES DOS ESTADOS NA EXPLORAÇÃO E USO DO ESPAÇO CÓSMICO, INCLUSIVE A LUA E DEMAIS CORPOS CELESTES

2008-09-13T12:53:00.001-03:00

Aberto à assinatura, em 27 de janeiro de 1967, em Londres, Moscou e Washington. Assinado pelo Brasil em Moscou em 30 de janeiro de 1967 e em Londres e Washington em 2 de fevereiro de 1967. Aprovado pelo Decreto Legislativo nº 41, de 10 de outubro de 1968. Depósito dos instrumentos brasileiros de ratificação, em 5 de março de 1969 junto aos Governos dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da União Soviética. Promulgado pelo Decreto nº 64.362, de 17 de abril de 1969. Publicado no DOU de 22 de abril de 1969.
Os Estados-Partes do presente Tratado: — inspirando-se nas vastas perspectivas que a descoberta do espaço cósmico pelo homem oferece à humanidade; — reconhecendo o interesse que apresenta para toda a humanidade o programa da exploração e uso do espaço cósmico para fins pacíficos; — julgando que a exploração e o uso do espaço cósmico deveriam efetuar-se para o bem de todos os povos, qualquer que seja o estágio de seu desenvolvimento econômico e científico; — desejosos de contribuir para o desenvolvimento de uma ampla cooperação internacional no que concerne aos aspectos científicos e jurídicos da exploração e uso do espaço cósmico para fins pacíficos; — julgando que esta cooperação contribuirá para desenvolver a compreensão mútua e para consolidar as relações de amizade entre os Estados e os povos; — recordando a resolução de 1962 (XVIII), intitulada «Declaração dos princípios jurídicos reguladores das atividades dos Estados na exploração e uso do espaço cósmico», adotada por unanimidade pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 13 de dezembro de 1963; — recordando a resolução de 1884 (XVIII), que insiste junto aos Estados de se absterem de colocar em órbita quaisquer objetos portadores de armas nucleares ou de qualquer outro tipo de arma de destruição em massa e de instalar tais armas em corpos celestes, resolução que a Assembléia Geral das Nações Unidas adotou, por unanimidade, a 17 de outubro de 1963; — considerando que a resolução 110 (II) da Assembléia Geral das Nações Unidas, datada de 3 de novembro de 1947, condena a propaganda destinada a ou suscetível de provocar ou encorajar qualquer ameaça à paz, ruptura da paz ou qualquer ato de agressão, e considerando que a referida resolução é aplicável ao espaço cósmico; — convencidos de que o Tratado sobre os princípios que regem as atividades dos Estados na exploração e uso do espaço cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes, contribuirá para a realização dos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, convieram no seguinte:
ARTIGO 1º. A exploração e o uso do espaço cósmico, inclusive da Lua e demais corpos celestes, só deverão ter em mira o bem e interesse de todos os países, qualquer que seja o estágio de seu desenvolvimento econômico e científico, e são incumbência de toda a humanidade. O espaço cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes, poderá ser explorado e utilizado livremente por todos os Estados sem qualquer discriminação, em condições de igualdade e em conformidade com o direito internacional, devendo haver liberdade de acesso a todas as regiões dos corpos celestes. O espaço cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes, estará aberto às pesquisas científicas, devendo os Estados facilitar e encorajar a cooperação internacional naquelas pesquisas.
ARTIGO 2º. O espaço cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes, não poderá ser objeto de apropriação nacional por proclamação de soberania, por uso ou ocupação, nem por qualquer outro meio.
ARTIGO 3º. As atividades dos Estados-Partes deste Tratado, relativas à exploração e ao uso do espaço cósmico, inclusive da Lua e demais corpos celestes, deverão efetuar-se em conformidade com o direito internacional, inclusive a Carta das Nações Unidas, com a finalidade de manter a paz e a segurança internacional e de favorecer a cooperação e a compreensão internacionais.
ARTIGO 4º. Os Estados-Partes do Tratado se comprometem a não colocar em órbita qualquer objeto portador de armas nucleares ou de qualquer outro tipo de armas de destruição em massa, a não instalar tais armas sobre os corpos celestes e a não colocar tais armas, de nenhuma maneira, no espaço cósmico. Todos os Estados-Partes do Tratado utilizarão a Lua e os demais corpos celestes exclusivamente para fins pacíficos. Estarão proibidos nos corpos celestes o estabelecimento de bases, instalações ou fortificações militares, os ensaios de armas de qualquer tipo e a execução de manobras militares. Não se proíbe a utilização de pessoal militar para fins de pesquisas científicas ou para qualquer outro fim pacífico. Não se proíbe, do mesmo modo, a utilização de qualquer equipamento ou instalação necessária à exploração pacífica da Lua e demais corpos celestes.
ARTIGO 5º. Os Estados-Partes do Tratado considerarão os astronautas como enviados da humanidade no espaço cósmico e lhes prestarão toda a assistência possível em caso de acidente, perigo ou aterrissagem forçada sobre o território de um outro Estado-Parte do Tratado ou em alto-mar. Em caso de tal aterrissagem, o retorno dos astronautas ao Estado de matrícula do seu veículo espacial deverá ser efetuado prontamente e com toda a segurança. Sempre que desenvolverem atividades no espaço cósmico e nos corpos celestes, os astronautas de um Estado-Parte do Tratado prestarão toda a assistência possível aos astronautas dos outros Estados-Partes do Tratado. Os Estados-Partes do Tratado levarão imediatamente ao conhecimento dos outros Estados-Partes do Tratado ou do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas qualquer fenômeno por estes descoberto no espaço cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes, que possa representar perigo para a vida ou a saúde dos astronautas.
ARTIGO 6º. Os Estados-Partes do Tratado têm a responsabilidade internacional das atividades nacionais realizadas no espaço cósmico, inclusive na Lua e demais corpos celestes, quer sejam elas exercidas por organismos governamentais ou por entidades não-governamentais, e de velar para que as atividades nacionais sejam efetuadas de acordo com as disposições anunciadas no presente Tratado. As atividades das entidades não-governamentais no espaço cósmico, inclusive na Lua e demais corpos celestes, devem ser objeto de uma autorização e de uma vigilância contínua pelo componente Estado-Parte do Tratado. Em caso de atividades realizadas por uma organização internacional no espaço cósmico, inclusive na Lua e demais corpos celestes, a responsabilidade no que se refere às disposições do presente Tratado caberá a esta organização internacional e aos Estados-Partes do Tratado que fazem parte da referida organização.
ARTIGO 7º. Todo Estado-Parte do Tratado que proceda ou mande proceder ao lançamento de um objeto ao espaço cósmico, inclusive à Lua e demais corpos celestes, e qualquer Estado-Parte, cujo território ou instalações servirem ao lançamento de um objeto, será responsável do ponto de vista internacional pelos danos causados a outro Estado-Parte do Tratado ou a suas pessoas naturais pelo referido objeto ou por seus elementos constitutivos, sobre a Terra, no espaço cósmico ou no espaço aéreo, inclusive na Lua e demais corpos celestes.
ARTIGO 8º. O Estado-Parte do Tratado em cujo registro figure o objeto lançado ao espaço cósmico conservará sob sua jurisdição e controle o referido objeto e todo o pessoal do mesmo objeto, enquanto se encontrarem no espaço cósmico ou em um corpo celeste. Os direitos de propriedade sobre os objetos lançados no espaço cósmico, inclusive os objetos levados ou construídos num corpo celeste, assim como seus elementos constitutivos, permanecerão inalteráveis enquanto estes objetos ou elementos se encontrarem no espaço cósmico ou em um corpo celeste e durante seu retorno à Terra. Tais objetos ou elementos constitutivos de objetos encontrados além dos limites do Estado-Parte do Tratado em cujo registro estão inscritos deverão ser restituídos a este Estado, devendo este fornecer, sob solicitação os dados de identificação antes da restituição.
ARTIGO 9º. No que concerne à exploração e ao uso do espaço cósmico, inclusive da Lua e demais corpos celestes, os Estados-Partes do Tratado deverão fundamentar-se sobre os princípios da cooperação e de assistência mútua e exercerão as suas atividades no espaço cósmico, inclusive na Lua e demais corpos celestes, levando devidamente em conta os interesses correspondentes dos demais Estados-Partes do Tratado. Os Estados-Partes do Tratado farão o estudo do espaço cósmico, inclusive da Lua e demais corpos celestes, e procederão à exploração de maneira a evitar os efeitos prejudiciais de sua contaminação, assim como as modificações nocivas no meio ambiente da Terra, resultantes da introdução de substâncias extraterrestres, e, quando necessário, tomarão as medidas apropriadas para este fim. Se um Estado-Parte do Tratado tem razões para crer que uma atividade ou experiência realizada por ele mesmo ou por seus nacionais no espaço cósmico, inclusive na Lua e demais corpos celestes, criaria um obstáculo capaz de prejudicar as atividades dos demais Estados-Partes do Tratado em matéria de exploração e utilização pacífica do espaço cósmico, inclusive da Lua e demais corpos celestes, deverá fazer as consultas internacionais adequadas antes de empreender a referida atividade ou experiência.
ARTIGO 10. A fim de favorecer a cooperação internacional em matéria de exploração e uso do espaço cósmico, inclusive da Lua e demais corpos celestes, em conformidade com os fins do presente Tratado, os Estados-Partes do Tratado examinarão em condições de igualdade as solicitações dos demais Estados-Partes do Tratado no sentido de contarem com facilidades de observação do vôo dos objetos espaciais lançados por esses Estados. A natureza de tais facilidades de observação e as condições em que poderiam ser concedidas serão determinadas de comum acordo pelos Estados interessados.
ARTIGO 11. A fim de favorecer a cooperação internacional em matéria de exploração e uso do espaço cósmico, os Estados-Partes do Tratado que desenvolvam atividades no espaço cósmico, inclusive na Lua e demais corpos celestes, convieram, na medida em que isto seja possível e realizável, em informar ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, assim como ao público e à comunidade científica internacional, sobre a natureza da conduta dessas atividades, o lugar onde serão exercidas e seus resultados. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas deverá estar em condições de assegurar, assim que as tenha recebido, a difusão efetiva dessas informações.
ARTIGO 12. Todas as estações, instalações, material e veículos espaciais que se encontrarem na Lua ou nos demais corpos celestes serão acessíveis, nas condições de reciprocidade aos representantes dos demais Estados-Partes do Tratado. Estes representantes notificarão, com antecedência, qualquer visita projetada, de maneira que as consultas desejadas possam realizar-se e que se possa tomar o máximo de precaução para garantir a segurança e evitar perturbações no funcionamento normal da instalação a ser visitada.
ARTIGO 13. As disposições do presente Tratado aplicar-se-ão às atividades exercidas pelos Estados-Partes do Tratado na exploração e uso do espaço cósmico, inclusive da Lua e demais corpos celestes, quer estas atividades sejam exercidas por um Estado-Parte do Tratado por si só, quer juntamente com outros Estados, principalmente no quadro das organizações intergovernamentais internacionais. Todas as questões práticas que possam surgir em virtude das atividades exercidas por organizações intergovernamentais internacionais em matéria de exploração e uso do espaço cósmico, inclusive da Lua e demais corpos celestes, serão resolvidas pelos Estados-Partes do Tratado, seja com a organização competente, seja com um ou vários dos Estados-Membros da referida organização que sejam parte do Tratado.
ARTIGO 14. 1. O presente Tratado ficará aberto à assinatura de todos os Estados. Qualquer Estado que não tenha assinado o presente Tratado antes de sua entrada em vigor, em conformidade com o § 3º do presente artigo, poderá a ele aderir a qualquer momento. 2. O presente Tratado ficará sujeito à ratificação dos Estados signatários. Os instrumentos de ratificação e os instrumentos de adesão ficarão depositados junto aos governos do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, dos Estados Unidos da América e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que estão, no presente Tratado, designados como governos depositários. 3. O presente Tratado entrará em vigor após o depósito dos instrumentos de ratificação de cinco governos, inclusive daqueles designados depositários nos termos do presente Tratado. 4. Para os Estados cujos instrumentos de ratificação ou adesão forem depositados após a entrada em vigor do presente Tratado, este entrará em vigor na data do depósito de seus instrumentos de ratificação ou adesão. 5. Os governos depositários informarão sem demora todos os Estados signatários do presente Tratado e os que a ele tenham aderido da data de cada assinatura, do depósito de cada instrumento de ratificação ou de adesão ao presente Tratado, da data de sua entrada em vigor, assim como qualquer outra observação. 6. O presente Tratado será registrado pelos governos depositários, em conformidade com o Artigo 102 da Carta das Nações Unidas.
ARTIGO 15. Qualquer Estado-Parte do presente Tratado poderá propor emendas. As emendas entrarão em vigor para cada Estado-Parte do Tratado que as aceite, após a aprovação da maioria dos Estados-Partes do Tratado, na data em que tiver sido recebida.
ARTIGO 16. Qualquer Estado-Parte do presente Tratado poderá, um ano após a entrada em vigor do Tratado, comunicar sua intenção de deixar de ser Parte por meio de notificação escrita enviada aos governos depositários. Esta notificação surtirá efeito um ano após a data em que for recebida.
ARTIGO 17. O presente Tratado, cujos textos em inglês, espanhol, francês e chinês fazem igualmente fé, será depositado nos arquivos dos governos depositários. Cópias devidamente autenticadas do presente Tratado serão remetidas pelos governos depositários aos governos dos Estados que houverem assinado o Tratado ou que a ele houverem aderido. Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente habilitados para esse fim, assinaram este Tratado. Feito em três exemplares em Londres, Moscou e Washington, aos vinte e sete dias de janeiro de mil novecentos e sessenta e sete.

Sem prazo - Proteção à dignidade da pessoa não prescreve, afirma Fux

2008-08-23T20:53:00.001-03:00

por Priscyla Costa

A proteção à dignidade da pessoa não prescreve. O entendimento é do ministro Luiz Fux, da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. O ministro mandou a Justiça Federal do Rio de Janeiro analisar um processo que trata de pedido de indenização por danos morais. A ação foi ajuizada por Hélio da Silva, preso e torturado durante a ditadura militar.

Hélio da Silva entrou com a ação de indenização contra a União. Ele pede reparação de R$ 630 mil por danos materiais, R$ 151 mil por danos morais e pensão mensal vitalícia de R$ 1,5 mil. Alega que por causa das torturas sofridas, tem síndrome do pânico e paranóia de perseguição. As doenças o obrigam a se submeter a tratamento médico até hoje, de acordo com os autos.

A primeira instância negou o pedido. Considerou que o direito a indenização prescreveu. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a sentença. Segundo os desembargadores, “a pretensão de ressarcimento de danos materiais e morais advindos dos atos de exceção perpetrados durante o período do Regime Militar é atingida pela prescrição após o decurso de 5 anos contados da promulgação da Constituição de 1988”.

O caso chegou ao STJ. A defesa de Hélio Silva afirmou que em casos em que se pede defesa dos direitos fundamentais, não cabe a prescrição de cinco anos, como prevê a Constituição. O ministro Luiz Fux acolheu o argumento. “A tortura e morte são os mais expressivos atentados à dignidade da pessoa humana, valor erigido como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil”, ressaltou.

“Não há falar em prescrição da pretensão de se implementar um dos pilares da República, máxime porque a Constituição não estipulou lapso prescricional ao direito de agir, correspondente ao direito inalienável à dignidade. Outrossim, a Lei 9.140/95, que criou as ações correspondentes às violações à dignidade humana, perpetradas em período de supressão das liberdades públicas, previu a ação condenatória no artigo 14, sem estipular-lhe prazo prescricional, por isso que a lex specialis convive com a lex generalis, sendo incabível qualquer aplicação analógica do Código Civil ou do Decreto 20.910/95 no afã de superar a reparação de atentados aos direitos fundamentais da pessoa humana, como sói ser a dignidade retratada no respeito à integridade física do ser humano”, concluiu.

A 5ª Turma determinou que a Justiça Federal do Rio volte a analisar o processo.

Leia a decisão

RECURSO ESPECIAL Nº 816.209 - RJ (2006/0022932-1)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator): Trata-se de recurso especial interposto por HÉLIO DA SILVA, com fulcro no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Carta Maior, no intuito de ver reformado acórdão prolatado pelo E. Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, sob o fundamento de o mesmo ter malferido os arts. 8.º, § 3.º, do ADCT, da Constituição Federal de 1988; 14, da Lei n.º 9.140/95; a lei n.º 10.559/2002; bem como o art. 462 do Código de Processo Civil. Apontou, ainda, a existência de dissídio pretoriano acerca da questão posta nos autos.

Noticiam os autos que o ora recorrente, em 14/11/2000, ajuizou ação ordinária em desfavor da UNIÃO, ora recorrida, objetivando o pagamento de indenização a título de danos materiais, no valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), e a título de danos morais, no valor de R$ 151.000,00, cento e cinqüenta mil reais, com o acréscimo de juros e correção monetária, bem como o pagamento de pensão vitalícia (parcelas vencidas e vincendas), no valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com efeitos financeiros a contar da entrada em vigor da Lei n.º 9.140/95).

Em sua exordial, o ora recorrente em síntese aduziu que, por ocasião de sua atuação política em defesa das Instituições Militares e contra o "Golpe Militar", de 31 de março de 1964, foi preso por agentes militares do 1.º Exército, em 29 de março de 1972, tendo sido torturado e, posteriormente, condenado pela Segunda Auditoria da Marinha à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias, sendo libertado somente em 05/02/1980, por força da Lei de Anistia. Afirmou assim que, em conseqüência das torturas a que fora submetida, tornou-se portador de síndrome do pânico e "paranóia de perseguição", que o obrigaram a submeter-se a tratamentos médicos até os dias atuais. Alegou, ainda, que à época do ocorrido exercia a profissão de motorista, tendo sido demitido em 14 de março de 1972 por perseguição política.

O juízo federal de primeiro grau, reconhecendo a ocorrência, in casu, da prescrição qüinqüenal (Decreto n.º 20.910/32, art. 1.º), julgou extinto o processo com julgamento de mérito, condenando o autor da demanda ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Na ocasião, entendeu o i. Magistrado que o direito pleiteado pelo autor surgiu com o advento da Constituição Federal de 1988, que concedeu anistia a todos aqueles que participaram de atividades políticas no período de 18 de setembro de 1946 até a data da sua promulgação e, que, portanto, a prescrição qüinqüenal, prevista no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, teria se efetivado em 05/10/1993.

Inconformado o autor da demanda, ora recorrente, interpôs recurso de apelação. Em suas razões aduziu ser imprescritível seu direito à indenização, previsto no art. 37, §6.º, da Constituição. Sustentou que, ainda que fosse aplicável o entendimento inserto na r. Sentença atacada, o termo inicial da contagem do aludido prazo prescricional haveria de ser a data do ato de anistia (07/10/1998) e não a data da promulgação da Carta Maior. Aduziu, finalmente, que com a edição da Lei n.º 10.599/02, que regulamentou o art. 8.º do ADCT, o Estado reconheceu seu direito, devendo, neste caso, ser afastada a prescrição consoante o disposto pelo art. 172, inciso V, do revogado Código Civil (art. 202, inciso VI, do Código Civil vigente).

A Sétima Turma Especializada do E. Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, por unanimidade de votos dos seus integrantes, negou provimento ao apelo interposto, em aresto que restou assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. REGIME MILITAR. ATOS DE EXCEÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO.

1 - A pretensão de ressarcimento de danos materiais e morais advindos dos atos de exceção perpetrados durante o período do Regime Militar é atingida pela prescrição após o decurso de 5 anos contados da promulgação da Constituição de 1988.

2 - O advento da Lei n.º 10.599/02 não enseja um reconhecimento, por parte do Governo, do direito do autor, visto que este se deu com a própria promulgação da Constituição, sendo a citada lei editada apenas para regulamentar o art. 8.º do ADCT.

3 - Recurso improvido."

Em face do v. acórdão prolatado, o então apelante opôs embargos de declaração, por meio dos quais noticiou a Corte a quo a superveniência de fato novo, que a seu ver seria suficiente para refutar a tese da prescrição de sua pretensão, qual seja, a publicação no D.O.U. de 28/05/2004 do deferimento de seu pedido de anistia formulado em requerimento dirigido à Comissão de Anistia instituída junto ao Ministério da Justiça.

Após ter seus embargos desprovidos pela Corte de origem, o autor da demanda, ainda irresignado com o teor do aresto prolatado, interpôs o recurso especial que ora se apresenta, apontando a existência de ofensa aos arts. 8.º, § 3.º, do ADCT, da Constituição Federal de 1988; 14, da Lei n.º 9.140/95; a lei n.º 10.559/2002; bem como o art. 462 do Código de Processo Civil. Aduziu, ainda, em sua irresignação, a existência de dissídio pretoriano viabilizador do apelo nobre pela alínea "c" do permissivo constitucional, colacionando como paradigmas arestos desta Corte Superior e de outros tribunais, que esposam o entendimento de que "em casos em que se postula a defesa de direitos fundamentais, indenização por danos morais decorrentes de atos de tortura por motivo político ou de qualquer outra espécie, não há que prevalecer a imposição qüinqüenal prescritiva" (REsp n.º 379.414/PR, Rel. Min. José Delgado).

Em suas razões recursais aduz o recorrente, in verbis:

"(...) Em suas razões de decidir, o acórdão regional de fls. 119/124, assim fundamentou, in verbis: 'Concedida, porém, anistia aos perseguidos políticos pelo art. 8.º do ADCT, cumpria ao interessado requerer ao Estado, administrativamente ou judicialmente, a constituição de sua situação jurídica, no prazo de cinco anos da promulgação da Constituição, ou seja, até o dia 05/10/93'.

Ora, é explícita a violação ao § 3.º, do art. 8.º, do ADCT, da Constituição Federal, quando o r. acórdão recorrido atribui prazo para o requerimento do Recorrente com relação aos danos morais decorrentes das humilhações e torturas sofridas durante o período em que esteve preso nas dependências do Estado. Na verdade, a violação consiste em determinar prazo que o Legislador não previu.

Cumpre esclarecer ainda que, se não bastasse essa determinação temporal exigida no r. acórdão recorrido, este desconsiderou a Lei n.º 9.140/95, no seu art. 14, bem como a Lei n.º 10.599/02 que regulamentou o art. 8.º do ADCT.

(...)."

A União apresentou suas contra-razões ao apelo nobre (fls. 162/171), pugnando, preliminarmente, pela inadmissão do mesmo face à ausência de prequestionamento dos dispositivos apontados pelo recorrente como malferidos. No mérito, expendeu considerações a favor da tese esposado pelo aresto ora hostilizada, afirmando que a pretensão do autor, ora recorrente, encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição qüinqüenal, consoante o disposto no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32. Neste ínterim, colacionou precedentes de outros tribunais que não guardam qualquer similitude com a questão versada nos autos (fls. 167/169).

Na origem, em exame prévio de admissibilidade, o presente recurso especial recebeu crivo positivo, ascendendo assim à esta Corte Superior.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 816.209 - RJ (2006/0022932-1)

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REGIME MILITAR. PERSEGUIÇÃO, PRISÃO E TORTURA POR MOTIVOS POLÍTICOS. IMPRESCRITIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.º DO DECRETO N.º 20.910/32.

1. Recurso especial que versa acerca da delicada questão da prescritibilidade das ações tendentes a reparar a violação aos direitos humanos ou direitos fundamentais da pessoa humana, como sói ser a proteção da sua dignidade lesada pela tortura e prisão por delito de opinião durante o Regime Militar de exceção.

2. A indenização pretendida tem amparo constitucional no art. 8.º, § 3.º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

3. Deveras, a tortura e morte são os mais expressivos atentados à dignidade da pessoa humana, valor erigido como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.

4. Sob esse ângulo, dispõe a Constituição Federal:

"Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...) III - a dignidade da pessoa humana;"

"Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes;

(...)III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;"

5. Destarte, o egrégio STF assentou que:

"...o delito de tortura - por comportar formas múltiplas de execução - caracteriza- se pela inflição de tormentos e suplícios que exasperam, na dimensão física, moral ou psíquica em que se projetam os seus efeitos, o sofrimento da vítima por atos de desnecessária, abusiva e inaceitável crueldade. - A norma inscrita no art. 233 da Lei nº 8.069/90, ao definir o crime de tortura contra a criança e o adolescente, ajusta-se, com extrema fidelidade, ao princípio constitucional da tipicidade dos delitos (CF, art. 5º, XXXIX). A TORTURA COMO PRÁTICA INACEITÁVEL DE OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA. A simples referência normativa à tortura, constante da descrição típica consubstanciada no art. 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente, exterioriza um universo conceitual impregnado de noções com que o senso comum e o sentimento de decência das pessoas identificam as condutas aviltantes que traduzem, na concreção de sua prática, o gesto ominoso de ofensa à dignidade da pessoa humana. A tortura constitui a negação arbitrária dos direitos humanos, pois reflete - enquanto prática ilegítima, imoral e abusiva - um inaceitável ensaio de atuação estatal tendente a asfixiar e, até mesmo, a suprimir a dignidade, a autonomia e a liberdade com que o indivíduo foi dotado, de maneira indisponível, pelo ordenamento positivo." (HC 70.389/SP, Rel. p. Acórdão Min. Celso de Mello, DJ 10/08/2001)

6. À luz das cláusulas pétreas constitucionais, é juridicamente sustentável assentar que a proteção da dignidade da pessoa humana perdura enquanto subsiste a República Federativa, posto seu fundamento.

7. Consectariamente, não há falar em prescrição da pretensão de se implementar um dos pilares da República, máxime porque a Constituição não estipulou lapso prescricional ao direito de agir, correspondente ao direito inalienável à dignidade.

8. Outrossim, a Lei n.º 9.140/95, que criou as ações correspondentes às violações à dignidade humana, perpetradas em período de supressão das liberdades públicas, previu a ação condenatória no art. 14, sem estipular-lhe prazo prescricional, por isso que a lex specialis convive com a lex generalis, sendo incabível qualquer aplicação analógica do Código Civil ou do Decreto n.º 20.910/95 no afã de superar a reparação de atentados aos direitos fundamentais da pessoa humana, como sói ser a dignidade retratada no respeito à integridade física do ser humano.

9. Adjuntem-se à lei interna, as inúmeras convenções internacionais firmadas pelo Brasil, a começar pela Declaração Universal da ONU, e demais convenções específicas sobre a tortura, tais como a Convenção contra a Tortura adotada pela Assembléia Geral da ONU, a Conveção Interamericana contra a Tortura, concluída em Cartagena, e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).

10. A dignidade humana violentada, in casu, pode ter decorrido, consoante noticiado pelo autor da demanda em sua exordial, de perseguição política que lhe fora imposta, prisão e submissão a atos de tortura durante o Regime Militar de exceção, sendo possível revelarem-se os referidos atos como flagrantes atentados ao mais elementar dos direitos humanos, que segundo os tratadistas, são inatos, universais, absolutos, inalienáveis e imprescritíveis.

11. A exigibillidade a qualquer tempo dos consectários às violações dos direitos humanos decorre do princípio de que o reconhecimento da dignidade humana é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz, razão por que a Declaração Universal inaugura seu regramento superior estabelecendo no art. 1.º que "todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos".

12. Deflui da Constituição federal que a dignidade da pessoa humana é premissa inarredável de qualquer sistema de direito que afirme a existência, no seu corpo de normas, dos denominados direitos fundamentais e os efetive em nome da promessa da inafastabilidade da jurisdição, marcando a relação umbilical entre os direitos humanos e o direito processual.

13. O egrégio STJ, em oportunidades ímpares de criação jurisprudencial, vaticinou:

"ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE POLÍTICA. PRISÃO E TORTURA. INDENIZAÇÃO. LEI Nº 9.140/1995. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REABERTURA DE PRAZO.

1. Ação de danos morais em virtude de prisão e tortura por motivos políticos, tendo a r. sentença extinguido o processo, sem julgamento do mérito, pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. O decisório recorrido entendeu não caracterizada a prescrição.

2. Em casos em que se postula a defesa de direitos fundamentais, indenização por danos morais decorrentes de atos de tortura por motivo político ou de qualquer outra espécie, não há que prevalecer a imposição qüinqüenal prescritiva.

3. O dano noticiado, caso seja provado, atinge o mais consagrado direito da cidadania: o de respeito pelo Estado à vida e de respeito à dignidade humana. O delito de tortura é hediondo. A imprescritibilidade deve ser a regra quando se busca indenização por danos morais conseqüentes da sua prática.

4. A imposição do Decreto nº 20.910/1932 é para situações de normalidade e quando não há violação a direitos fundamentais protegidos pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e pela Constituição Federal.

5. O art. 14, da Lei nº 9.140/1995, reabriu os prazos prescricionais no que tange às indenizações postuladas por pessoas que, embora não desaparecidas, sustentem ter participado ou ter sido acusadas de participação em atividades políticas no período de 02 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979 e, em conseqüência, tenham sido detidas por agentes políticos.

6. Inocorrência da consumação da prescrição, em face dos ditames da Lei nº 9.140/1995. Este dispositivo legal visa a reparar danos causados pelo Estado a pessoas em época de exceção democrática. Há de se consagrar, portanto, a compreensão de que o direito tem no homem a sua preocupação maior, pelo que não permite interpretação restritiva em situação de atos de tortura que atingem diretamente a integridade moral, física e dignidade do ser humano.

7. Recurso não provido. Baixa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau." (REsp n.º 379.414/PR, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJU de 17/02/2003)

14. Recurso especial provido, para afastar do caso em espécie a aplicação da norma inserta no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, para que se dê regular prosseguimento ao feito indenizatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator): Prequestionada ainda que implicitamente a questão federal versada pelos dispositivos legais apontados pelo recorrente como violados e restando devidamente preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal.

Prima facie, tenho por oportuno frisar que a pretensão indenizatória do ora recorrente tem amparo constitucional no art. 8.º, § 3.º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Cinge-se a presente controvérsia à delicada questão da prescritibilidade das ações tendentes a reparar a violação aos direitos humanos ou direitos fundamentais da pessoa humana, como sói ser a proteção da sua dignidade lesada pela tortura e prisão por delito de opinião, pelo que impõe-se resolver se aplicável ao caso em espécie o prazo prescricional qüinqüenal, de que trata o art. 1.º, do Decreto n.º 20.910/32.

Neste particular, tenho que a solução há de ser negativa, o que revela assistir razão ao ora recorrente e ser merecedor de reparos o v. aresto hostilizado.

Assim faz-se oportuna a lição do professor Almir de Oliveira, que em sua obra sobre os direitos humanos, ao analisar a dignidade da pessoa humana ao ângulo dos direitos humanos, sua proteção judicial e sua prescritibilidade, vaticina:

"...a Declaração Universal dos Direitos Humanos proclama que 'o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo' (Preâmbulo), e afirma no art. 1º que 'todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos'.

(...)

Cumpre, pois avançar para além das explicações puramente naturalistas, que situam esses atributos na corporalidade do homem, se se quiser construir uma sociedade que, considerando 'o homem acima do animal', veja nele um ser que transcende de sua animalidade para os planos superiores do espírito para ser pessoa. Só assim compreenderemos o sentido de sua dignidade, que, sendo-lhe inerente, é inalienável, inviolável.

A dignidade da pessoa humana é um dado transcendente e suporte indispensável de qualquer organização social que afirme a existência de Direitos Humanos fundamentais e se disponha a torná-los efetivos e assegurados pela sociedade e pelo Estado, como um bem impostergável.

A pessoa humana é o pressuposto dos direitos humanos. Dir-se-á, com acerto, que o é de todo o Direito. Ela é o antecedente necessário, do qual os direitos humanos são o conseqüente. Estes existem em razão dela e têm o seu fundamento na sua natureza. São-lhe inerentes. Nascem com ela e para ela. Não foi sem razão que Protágoras, no século V, a.C, sentenciou que 'o homem é a medida de todas as coisas', as quais a ele devem subordinar-se no sentido de sua realização. Não se entenda isso como expressão de individualismo, mas, de verdadeiro humanismo, que vê o homem como expressão de um universo de seres da mesma espécie, de onde se tira o princípio - todos nascem livre e iguais em dignidade e direitos, inscrito na Declaração Universal de Direitos Humanos. Sem o reconhecimento dos direitos fundamentais da pessoa humana, esta ficará degradada e enfraquecida, à mercê dos caprichos do que Luíz Recaséns Siches denomina transpersonalismo, para o qual'no homem se encarnam valores somente enquanto ele é parte do Estado ou é veículo dos produtos objetivados da cultura, isto é, que o homem individual, como tal, carece de uma dignidade própria e que só é posto em questão valorativamente quando sirva de modo efetivo a fins transpessoais do Estado (glória, poder, conquista, etc.) ou das obras objetivas da cultura'. A isso se opõem os direitos humanos.

Embora deva ter em boa conta o interesse coletivo e o do Estado, o Direito deve ter como objetivo principal a pessoa humana. É que, se esta não estiver na base da formação do Direito, a sociedade estará irremediavelmente sujeita a ser tratada como um rebanho de indivíduos padronizados pelo Estado plenipotente, contra o qual, fora do qual e acima do qual nada se admitirá, na fórmula concisa de Mussolini, ao definir o fascismo.

A ordem social há que ser construída com base na pessoa humana, que é a primeira realidade com que depara o Direito. Primeira realidade social, ela é a primeira realidade jurídica, pois sem ela não ocorrerá nenhum fato nem ato algum de interesse jurídico. Não vai nisto uma concepção individualista do Direito, a cujo sentido social devemos estar atentos, pois a sociedade é também uma realidade indiscutível, na qual se operam os fatos e atos jurídicos. Como ensina Miguel Reale: 'Há uma tensão constante entre os valores do indivíduo e os valores da sociedade, donde a necessidade permanente de composição entre esses grupos de fatores, de maneira que venha a ser reconhecido o que toca ao indivíduo em uma ordenação progressivamente capaz de harmonizar as duas forças'.

Para os direitos humanos em particular, não se deve relegar a plano secundário a pessoa humana, primeira destinatária do Direito e de cuja preservação este se ocupa, no que lhe cabe. Sem que se tenha em conta a pessoa, a expressão - sentido social do Direito não tem nenhuma significação. Porque, como ensina Legaz y Lacambra, 'o Direito é a vida humana, que é a vida da pessoa, e com isto atingimos o dado jurídico fundamental, a realidade jurídica fundamental, que é a pessoa humana convivente.

(...)

Há, por isto, um direito absolutamente fundamental para o homem, base de todos os demais: o direito de ser reconhecido como pessoa humana.

(...)

Alicerçados, pois, numa conceituação do homem como pessoa, teremos como direitos humanos fundamentais aqueles que, inerentes a ela, não lhe podem ser negados, mas, ao contrário, lhe devem ser reconhecidos pelas outras pessoas em particular, pela sociedade em geral e pelo Estado, que lhes devem acatamento, respeito e proteção.

(...)

Constitui princípio jurídico fundamental que a todo direito corresponde uma ação que o assegure. Realizar este princípio é a tarefa do Direito Processual nos seus desdobramentos civil e comercial, penal, trabalhista e administrativo, cada um na sua esfera de aplicação específica, sempre que haja necessidade de realizar-se uma pretensão, prevenir ou repelir uma violação de direito. Para assegurar a efetividade dos Direitos Humanos, a Constituição brasileira oferece os seguintes institutos de Direito Processual, contidos no art. 5º, dentro do Título II - Dos Direitos e Garantias Individuais: o habeas corpus, contra a ameaça ou o uso da violência impeditivas do direito à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso do poder; o manado de segurança, para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando a violação do direito se der por autoridade pública ou por pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público; o mandado de injunção, para compelir o Estado a produzir norma regulamentadora que viabilize o exercício dos direitos e liberdades fundamentais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; o habeas data, para assegurar à pessoa o conhecimento de informações que, a seu respeito, constem de registros ou banco de dados de entidades governamentais, ou de caráter público, bem assim para a modificação desses dados; a ação civil pública, para a proteção do meio ambiente e de outros direitos difusos e coletivos. Além disso, a Constituição dispõe, pelo mesmo art. 5º, XXXV, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão de direito ou ameaça a direito. A disposição constitucional, aqui referida, harmoniza-se com o disposto no art. VIII da Declaração Universal de Direitos Humanos, segundo o qual 'toda pessoa tem direito a um recurso efetivo, ante os tribunais competentes, que a ampare contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei'. Os arts. X e XI da mesma Declaração completam o sentido do VIII. Como se vê, temos, inscrito na Constituição brasileira, o direito ao uso de instrumentos processuais para a defesa de direitos que a mesma Constituição e as leis do País asseguram à pessoa humana, instrumentos esses representados pelos institutos de Direito Processual, aqui mencionados, que compõem o quadro dos direitos e garantias fundamentais do homem. Tem-se, por esta mostra, a relação entre os Direitos Humanos e o Direito Processual, este asegurando o exercício daqueles.

(...)

Quem muito bem explicou as características dos Direitos Humanos foi o jurista chileno Hübner Gallo. No seu entender, esses direitos caracterizam-se como:

- inatos, ou congênitos,

- universais,

- absolutos,

- necessários,

- inalienáveis,

- invioláveis,

- imprescritíveis.

Porque o homem nasce com eles, como atributos inerentes a todo ser humano, diferentemente do que ocorre com outros direitos - que são adquiridos no decorrer da existência, mediante outorga do Estado, ou ajustes interpessoais, ou prática de atos autorizados por lei, são eles inatos.

Porque se estendem a todos os seres humanos, em todo tempo e lugar, sem discriminação qualquer e em razão da unidade essencial da natureza do homem, seja qual for sua condição histórica ou geográfica, sua raça, seu sexo, sua idade, ou situação concreta na sociedade, são eles universais.

Porque seu acatamento e respeito se impõem a toda pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, bem como à sociedade inteira, são eles absolutos.

Porque não derivam de uma eventualidade, mas exprimem um imperativo da própria natureza da pessoa humana, são eles necessários.

Porque pertencem de modo indissolúvel à essência mesma do homem, sem que possa dele separar-se, não podem ser transferidos a outrem, a qualquer título, diferentemente do que acontece com os direitos que podem ser objeto de transação jurídica, são inalienáveis.

Porque ninguém, nem mesmo a autoridade legalmente constituída, pode legitimamente atentar contra eles, sem prejuízo das justas limitações a que estejam sujeitos em favor do bem comum, são invioláveis.

Porque não estão sujeitos a nenhum prazo legal para serem exercidos por que são inalienáveis e necessários e são exigíveis a qualquer tempo, são imprescritíveis." (OLIVEIRA, Almir de. "Curso de Direitos Humanos". Rio de Janeiro: Forense, 2000, pp. 11/14, 58/59 e 97/98.)

Corroborando a tese da imprescritibilidade, sobressaem as doutrinas de Carlos da Rocha Guimarães e Alexandre de Moraes, respectivamente:

"(...) Além dos direitos cujas ações são sujeitas a prescrição e dos direitos que, por não chegarem a se constituir (decadência), não chegam a ter a possibilidade de serem exercidos por meio de uma ação, existe uma classe de direitos aos quais parte da doutrina atribui direitos de ação chamados de imprescritíveis.

Amorim Filho critica, acertadamente, essa adjetivação, quando abrangente de todas ações, pelo fato de que acaba por se aplicar também àquelas que se mostrem impotentes não por estarem prescritas, mas pela caducidade dos direitos que lhes dariam suporte (direitos potestativos).

Propõe, conseqüentemente, que se denominem tais ações de perpétuas, pois, segundo a tese que defende, e que aceitamos, a imprescritibilidade se referia somente a ações decorrentes de direitos a uma prestação ou direitos lesados, quando existem também ações decorrentes de direitos potestativos, não objeto de prescrição da ação, mas de decadência do direito, que seriam também incluídas em tal denominação, o que mostra a sua imprecisão.

Desde que se queira colocar a tônica da nomenclatura nas ações, a denominação proposta por Amorim Filho é, sem dúvida, mais técnica.

No entanto, não nos parece de rigor englobar, em uma única denominação (perpétua), ações insuscetíveis de prescrição e ações que constituam meio específico para o exercício de um direito a criar direito (direito potestativo).

Com efeito, no primeiro caso, já existe, como tivemos ocasião de salientar, um direito constituído, munido de conseqüente dirieto de ação que não prescreveria, ao passo que, no segundo caso, a ação não tem propriamente a característica de um direito (se é que alguma vez o tenha), mas de um meio de manifestação da vontade para constituir, desconstituir ou modificar um direito.

Em conseqüência, parece-nos que, a exemplo do que acontece na teoria das sentenças, e também na teoria da distinção entre prescrição e decadência, melhor será denominar as ações de acordo com a natureza dos direitos a que acedem.

Sob esse ponto de vista, as ações imprescritíveis corresponderiam a direitos constituídos de eficácia perpétua.

Reservar-se-ia a denominação da ações perpétuas para aquelas que constituíssem meios de manifestação da vontade para criar direito.

Como quer que seja, como o fundo da questão é examinar se existem direitos que gozariam do privilégio de serem munidos de eficácia perpétua, não passíveis, em conseqüência, de terem o seu direito de ação sujeito a prescrição ou de terem a manifestação de vontade, meio de seu exercício, sujeita a decadência, e, portanto, a impedimento do ingresso válido em juízo, cabe examinar em separado, com toda clareza, os dois casos, pois, na realidade, não se situam no mesmo plano dogmático.

(...)

Se, como vimos, tem cabimento continua a denominar de imprescritíveis os direitos de ação que não prescrevem, é porque são eles o meio de atuar a eficácia de direitos constituídos (direitos a uma prestação, direito de agir contra uma lesão).

Em conseqüência, tais ações só são imprescritíveis, repita-se, porque constituem o meio formal de atuação de direitos constituídos perpétuos.

Embora a expressão direitos constituídos perpétuos seja pleonástica, dado que, como vimos acima, os direitos, em geral, não perecem, a não ser quando perece o seu objeto (v. art. 77 do Cód. Civil), vale o objetivo final como um reforço do que queremos dizer.

Como regra, pois, os direito são perpétuos, permanentes, extinguindo-se somente uma das variantes da sua eficácia, isto é, o direito de ação, quando assim previsto em lei.

Em conseqüência, formalmente, direitos perpétuos são aqueles cujo correspondente direito de ação é imprescritível.

No entanto, por que motivo algumas ações seriam prescritíveis e outras não?

Como a prescrição tem a função de limitar a eficácia dos direitos, em decorrência da não atuação dessa eficácia pelo titular do direito (não uso do direito de ação), é evidente que, ontologicamente, fazer-se depender a permanência da eficácia , por tempo ilimitado, da não previsão de um prazo de prescrição da ação, que protege esse direito, é declaração tautológica, pois à não existência de prescrição corresponde, por definição, um direito previamente considerado como devendo ser perpétuo.

Temos, pois, de indagar, para sair desse círculo lógico, por que razão alguns direitos têm sua eficácia limitada no tempo, ao passo que outros seriam perpétuos, ou melhor, teriam eficácia permanente?

Como já tivemos ocasião de observar acima, os direitos, em princípio, têm eficácia ilimitada no tempo, não perecem, o que levaria, em princípio, a parecer incompreensível a existência da prescrição.

No entanto, o que é fato é que ela existe no direito positivo.

Para quebrar o círculo lógico, é evidente que temos de fazer o salto ontológico, isto é, buscar o fundamento pelo qual certos direitos perderiam parte de sua eficácia e outros não.

Para tanto, faz-se necessário repensar o conceito de direito.

Como bem salientou Kelsen, ao direito pessoal (subjetivo) corresponde um 'dever ser', uma norma individual.

Se o direito subjetivo e a correspondente obrigação têm a mesma natureza da norma (ser um dever ser), um exame da natureza desta pode levar-nos a uma melhor compreensão da natureza daqueles.

(...)

Direitos indisponíveis. Direitos fundamentais.

A razão da tal distinção é óbvia: há direitos que, embora investidos no indivíduo pela ordem jurídica, não podem ser considerados como meros direitos individuais.

Tais direitos são isso, mais são mais do que isso: são também parte integrante da estrutura básica do sistema jurídico como expressão do sistema social.

Nesse sentido, são direitos fundamentais, dado que, constituindo elemento da trama do fundamento do sistema jurídico considerado, não podem deixar de existir sem que seja atingido, ao mesmo tempo, um dos fundamentos do sistema.

Em conseqüência, ao serem atribuídos esses direitos ao indivíduo, é-lhes também atribuído um dever de preservar-lhe o objeto, sendo, nesse sentido, indisponíveis.

Tais direitos não podem ser negociados, são perpétuos, permanentes, não perdendo jamais, em princípio, a sua eficácia.

Se a perdem, é porque a própria ordem jurídica assim estabelece, em certos casos, por considerar que a quebra desse direito se justifica para proteger situações consideradas mais fundamentais.

Não se trata, pois, de direitos naturais, mas, cabe repetir, de direitos fundamentais de determinada ordem jurídica (direito positivo), pois o direito positivo é direito cujo fundamento é justamente ser positum (Kelsen); assim, põe-se, fundamenta-se pela sua própria existência, como a posita urbs (Virgílio), isto é, a cidade fundamenta." (GUIMARÃES, Carlos da Rocha. "Prescrição e Decadência. Rio de Janeiro: Forense, 1984, pp. 169/174)

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"(...) A previsão desses direitos coloca-se em elevada posição hermenêutica em relação aos demais direitos previstos no ordenamento jurídico, apresentando diversas características: imprescritibilidade, inalienabilidade, irrenunciabilidade, inviolabilidade, universalidade, efetividade, interdependência e complementariedade:

- imprescritibilidade: os direitos humanos fundamentais não se perdem pelo decurso do prazo;

- inalienabilidade: os direitos humanos fundamentais não podem ser objeto de renúncia. Dessa característica surgem discussões importantes na doutrina e posteriormente analisadas, como a renúncia ao direito à vida e a eutanásia, o suicídio e o aborto;

- inviolabilidade: impossibilidade de desrespeito por determinações infraconstitucionais ou por atos das autoridades públicas, sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal;

- universalidade: a abrangência desses direitos engloba todos os indivíduos, independente de sua nacionalidade, sexo, raça, credo ou convicção político-filosófica;

- efetividade: a atuação do Poder Público deve ser no sentido de garantir a efetivação dos direitos e garantias previstos, com mecanismos coercitivos para tanto, uma vez que a Constituição Federal não se satisfaz com o simples reconhecimento abstrato;

- interdependência: as várias previsões constitucionais, apesar de autônomas, possuem diversas intersecções para atingirem suas finalidades. Assim, por exemplo, a liberdade de locomoção está intimamente ligada à garantia do habeas corpus, bem como previsão de prisão somente por flagrante delito ou por ordem da autoridade judicial competente;

- complementariedade: os direitos humanos fundamentais não devem ser interpretados isoladamente, mas sim de forma conjunta com a finalidade de alcance dos objetivos previstos pelo legislador constituinte.

(...)

Assim, a classificação adotada pelo legislador constituinte estabeleceu espécies ao gênero direitos e garantias fundamentais:

- direitos individuais e coletivos - correspondem aos direitos diretamente ligados ao conceito de pessoa humana e de sua própria personalidade, como, por exemplo: vida, dignidade, honra, liberdade.

(...)

Pimenta Bueno, analisando a Constituição do Império, apresentava-nos uma divisão tripartida dos direitos fundamentais em relação às pessoas: direitos naturais ou individuais, direitos civis e direitos políticos, para concluir afirmando que:

'os primeiros são filhos da natureza, pertencem ao homem porque é homem, porque é um ente racional e moral, são propriedades suas e não criaturas da lei positiva, são atributos, dádivas do Criador.'" (MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2002, p. 41/45)

Não bastasse a doutrina hodierna a infirmar a tese do aresto recorrido, socorrem-nos a jurisprudência de nossos tribunais superiores. Nesse sentido julgados do Supremo Tribunal Federal, verbis:

"TORTURA CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE - EXISTÊNCIA JURÍDICA DESSE CRIME NO DIREITO PENAL POSITIVO BRASILEIRO - NECESSIDADE DE SUA REPRESSÃO - CONVENÇÕES INTERNACIONAIS SUBSCRITAS PELO BRASIL - PREVISÃO TÍPICA CONSTANTE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI Nº 8.069/90, ART. 233) - CONFIRMAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DESSA NORMA DE TIPIFICAÇÃO PENAL - DELITO IMPUTADO A POLICIAIS MILITARES - INFRAÇÃO PENAL QUE NÃO SE QUALIFICA COMO CRIME MILITAR - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO-MEMBRO - PEDIDO DEFERIDO EM PARTE. PREVISÃO LEGAL DO CRIME DE TORTURA CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE - OBSERVÂNCIA DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA TIPICIDADE.

(...) o delito de tortura - por comportar formas múltiplas de execução - caracteriza- se pela inflição de tormentos e suplícios que exasperam, na dimensão física, moral ou psíquica em que se projetam os seus efeitos, o sofrimento da vítima por atos de desnecessária, abusiva e inaceitável crueldade. - A norma inscrita no art. 233 da Lei nº 8.069/90, ao definir o crime de tortura contra a criança e o adolescente, ajusta-se, com extrema fidelidade, ao princípio constitucional da tipicidade dos delitos (CF, art. 5º, XXXIX). A TORTURA COMO PRÁTICA INACEITÁVEL DE OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA. A simples referência normativa à tortura, constante da descrição típica consubstanciada no art. 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente, exterioriza um universo conceitual impregnado de noções com que o senso comum e o sentimento de decência das pessoas identificam as condutas aviltantes que traduzem, na concreção de sua prática, o gesto ominoso de ofensa à dignidade da pessoa humana. A tortura constitui a negação arbitrária dos direitos humanos, pois reflete - enquanto prática ilegítima, imoral e abusiva - um inaceitável ensaio de atuação estatal tendente a asfixiar e, até mesmo, a suprimir a dignidade, a autonomia e a liberdade com que o indivíduo foi dotado, de maneira indisponível, pelo ordenamento positivo. NECESSIDADE DE REPRESSÃO À TORTURA - CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. - O Brasil, ao tipificar o crime de tortura contra crianças ou adolescentes, revelou-se fiel aos compromissos que assumiu na ordem internacional, especialmente àqueles decorrentes da Convenção de Nova York sobre os Direitos da Criança (1990), da Convenção contra a Tortura adotada pela Assembléia Geral da ONU (1984), da Convenção Interamericana contra a Tortura concluída em Cartagena (1985) e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), formulada no âmbito da OEA (1969)." (HC n.º 70.389/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sydney Sanches, Rel. p. Acórdão Min. Celso de Mello, DJU de 23/06/1994)

"PROVA - REALIZAÇÃO - DEFESA - EXERCÍCIO.

O direito de defesa confunde-se com a noção de devido processo legal, além de, preservado, atender aos reclamos decorrentes do fundamento da República Federativa do Brasil que é a dignidade da pessoa humana - artigos 1º e 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Ambígua a situação, tal direito há de ser viabilizado à exaustão (Coqueijo Costa), óptica robustecida quando em jogo o exercício da liberdade de ir e vir." (HC n.º 80.031/RS, Segunda Turma., Rel. Min. Maurício Corrêa, Rel. p. Acórdão, Min. Marco Aurélio, DJU de 16/05/2000)

No mesmo sentido confiram-se, à guisa de exemplo, julgados desta Corte, assim ementados:

"ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE POLÍTICA DURANTE A DITADURA MILITAR. PRISÃO E TORTURA. INDENIZAÇÃO. LEI Nº 9.140/1995. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REABERTURA DE PRAZO.

I - 'Em casos em que se postula a defesa de direitos fundamentais, indenização por danos morais decorrentes de atos de tortura por motivo político ou de qualquer outra espécie, não há que prevalecer a imposição qüinqüenal prescritiva.' (REsp nº 379.414/PR, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de 17/02/2003, p. 225)

II - O artigo 14 da Lei nº 9.140/95 não restringiu seu alcance aos desaparecidos políticos, pelo contrário, ele abrangeu todas as ações indenizatórias decorrentes de atos arbitrários do regime militar, incluindo-se aí os que sofreram constrições à sua locomoção e torturas durante a ditadura militar. Em assim fazendo, reabriram-se os prazos prescricionais quanto às indenizações pleiteadas pelas pessoas ilegalmente presas e torturadas durante o período.

III - Recurso especial improvido." (REsp n.º 529.804/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJU de 24/05/2004)

"RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO, TORTURA E MORTE DO PAI E MARIDO DAS RECORRIDAS. REGIME MILITAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEI N. 9.140/95. RECONHECIMENTO OFICIAL DO FALECIMENTO, PELA COMISSÃO ESPECIAL DE DESAPARECIDOS POLÍTICOS, EM 1996. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.

A Lei n. 9.140, de 04.12.95, reabriu o prazo para investigação, e conseqüente reconhecimento de mortes decorrentes de perseguição política no período de 2 de setembro de 1961 a 05 de outubro de 1998, para possibilitar tanto os registros de óbito dessas pessoas como as indenizações para reparar os danos causados pelo Estado às pessoas perseguidas, ou ao seu cônjuge, companheiro ou companheira, descendentes, ascendentes ou colaterais até o quarto grau.

Na hipótese em exame, o reconhecimento, pela Comissão Especial dos Desaparecidos Políticos, do falecimento, em 1973, de Jarbas Pereira Marques, pai e esposo das recorridas, deu-se com a publicação do Extrato da Ata da Terceira Sessão Ordinária realizada em 08 de fevereiro de 1996 (fl. 250), dies a quo para a contagem do prazo prescricional.

Com efeito, o prazo de prescrição somente tem início quando há o reconhecimento, por parte do Estado, da morte da pessoa perseguida na época do regime de exceção constitucional, momento em que seus familiares terão tomado ciência definitiva e oficial de seu falecimento por culpa do Estado.

Dessarte, ante a ausência de qualquer reconhecimento oficial pelo Estado do falecimento de Jarbas Pereira Marques até o ano de 1996, a prescrição deve ser afastada, uma vez que o ajuizamento da ação deu-se em 02 de fevereiro de 1993.

Ainda que assim não fosse, em se tratando de lesão à integridade física, deve-se entender que esse direito é imprescritível, pois não há confundi-lo com seus efeitos patrimoniais reflexos e dependentes.

"O dano noticiado, caso seja provado, atinge o mais consagrado direito da cidadania: o de respeito pelo Estado à vida e de respeito à dignidade humana. O delito de tortura é hediondo. A imprescritibilidade deve ser a regra quando se busca indenização por danos morais conseqüentes da sua prática" (REsp n. 379.414/PR, Rel. Min. José Delgado, in DJ de 17.02.2003).

Recurso especial não conhecido." (REsp n.º 449.000/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU de 03/06/2003)

"ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE POLÍTICA. PRISÃO E TORTURA. INDENIZAÇÃO. LEI Nº 9.140/1995. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REABERTURA DE PRAZO.

1. Ação de danos morais em virtude de prisão e tortura por motivos políticos, tendo a r. sentença extinguido o processo, sem julgamento do mérito, pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. O decisório recorrido entendeu não caracterizada a prescrição.

2. Em casos em que se postula a defesa de direitos fundamentais, indenização por danos morais decorrentes de atos de tortura por motivo político ou de qualquer outra espécie, não há que prevalecer a imposição qüinqüenal prescritiva.

3. O dano noticiado, caso seja provado, atinge o mais consagrado direito da cidadania: o de respeito pelo Estado à vida e de respeito à dignidade humana. O delito de tortura é hediondo. A imprescritibilidade deve ser a regra quando se busca indenização por danos morais conseqüentes da sua prática.

4. A imposição do Decreto nº 20.910/1932 é para situações de normalidade e quando não há violação a direitos fundamentais protegidos pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e pela Constituição Federal.

5. O art. 14, da Lei nº 9.140/1995, reabriu os prazos prescricionais no que tange às indenizações postuladas por pessoas que, embora não desaparecidas, sustentem ter participado ou ter sido acusadas de participação em atividades políticas no período de 02 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979 e, em conseqüência, tenham sido detidas por agentes políticos.

6. Inocorrência da consumação da prescrição, em face dos ditames da Lei nº 9.140/1995. Este dispositivo legal visa a reparar danos causados pelo Estado a pessoas em época de exceção democrática. Há de se consagrar, portanto, a compreensão de que o direito tem no homem a sua preocupação maior, pelo que não permite interpretação restritiva em situação de atos de tortura que atingem diretamente a integridade moral, física e dignidade do ser humano.

7. Recurso não provido. Baixa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau." (REsp n.º 379.414/PR, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJU de 17/02/2003)

Em suma, forçoso convir que a tortura é o mais expressivo atentado à dignidade da pessoa humana, valor erigido como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.

Sob esse ângulo, dispõe a Constituição Federal:

"Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...) III - a dignidade da pessoa humana;"

"Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes;

(...) III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;"

À luz das cláusulas pétreas constitucionais, é juridicamente sustentável assentar que a proteção da dignidade da pessoa humana perdura enquanto subsiste a República Federativa, posto seu fundamento.

Consectariamente, não há falar em prescrição de ação que visa implementar um dos pilares da República, máxime porque a Constituição não estipulou lapso prescricional ao direito de agir correspondente ao direito inalienável à dignidade.

Outrossim, a Lei 9.140/95, que criou as ações correspondentes às violações à dignidade humana perpetradas em período de supressão das liberdades públicas, previu a ação condenatória no art. 14, sem estipular-lhe prazo prescricional, por isso que a lex specialis convive com a lex generalis, sendo incabível qualquer aplicação analógica do Código Civil ou do Decreto n.º 20.910/32 no afã de superar a reparação de atentados aos direitos fundamentais da pessoa humana, como sói ser a dignidade retratada no respeito à integridade física do ser humano.

Adjuntem-se à lei interna, as inúmeras convenções internacionais firmadas pelo Brasil, a começar pela Declaração Universal da ONU, e demais convenções específicas sobre a tortura, tais como a Convenção contra a Tortura adotada pela Assembléia Geral da ONU, a Conveção Interamericana contra a Tortura, concluída em Cartagena, e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).

A dignidade humana violentada, in casu, pode ter decorrido, consoante noticiado pelo autor da demanda em sua exordial, de perseguição política que lhe fora imposta, prisão e submissão a atos de tortura durante o Regime Militar de exceção, sendo possível revelarem-se os referidos atos como flagrantes atentados ao mais elementar dos direitos humanos, que segundo os tratadistas, são inatos, universais, absolutos, inalienáveis e imprescritíveis.

A exigibillidade a qualquer tempo dos consectários às violações dos direitos humanos decorre do princípio de que o reconhecimento da dignidade humana é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz, razão por que a Declaração Universal inaugura seu regramento superior estabelecendo no art. 1.º que "todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos".

Deflui da Constituição federal que a dignidade da pessoa humana é premissa inarredável de qualquer sistema de direito que afirme a existência, no seu corpo de normas, dos denominados direitos fundamentais e os efetive em nome da promessa da inafastabilidade da jurisdição, marcando a relação umbilical entre os direitos humanos e o direito processual.

Ex positis, DOU PROVIMENTO ao presente recurso especial, para afastar do caso em espécie a aplicação da norma inserta no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que dê prosseguimento ao feito.

É como voto.

Revista Consultor Jurídico, 22 de abril de 2007